La seguridad es hoy uno de los temas de mayor preocupación para las personas que habitan en Chile. Según Cadem, el 78% tiene mucha o bastante preocupación de ser víctima de un delito. De hecho, palabras como "seguridad" o "seguro" estuvieron entre los conceptos más mencionados en las campañas televisivas de 4 de las 5 listas en el marco de las elecciones para el Consejo Constitucional, según Decide Chile. En el marco de políticas y acciones que busquen mejorar esta materia, como el Plan Calles Sin Violencia, es vital recalcar la importancia de las intervenciones comunitarias para que las medidas que se adopten sean efectivas y permitan crear una sociedad segura, en un sentido amplio.
La inseguridad y la violencia tienen multiplicidad de efectos negativos para la calidad de vida de las personas. Una de sus consecuencias es el abandono del espacio público: la violencia implica peligro y temor al usar las calles y áreas verdes de la ciudad, lo cual fomenta el encierro en espacios privados. Sin embargo, esta consecuencia pasa, a su vez, a ser causa. Tal como establecen el arquitecto Alfredo Rodríguez y la economista Lucy Winchester, la percepción de inseguridad y el abandono del espacio público, en términos tanto físicos como sociales, se convierten en un proceso circular y acumulativo. El encierro disminuye el contacto con otros/as, genera pérdida del sentimiento de pertenencia con el barrio y con la ciudad, y debilita los mecanismos comunitarios para enfrentar la violencia.
La gravedad de este círculo vicioso entre inseguridad y encierro tiene otro elemento preocupante: la afectación desigual en ciudades, como Santiago, con altos índices de inequidad. Así, una parte de las personas que habitan la ciudad tiene acceso a espacios privados que entregan mayor seguridad, además de espacios públicos de calidad con elementos tanto físicos (luminaria, visibilidad, mantención, etc.) como sociales (programación de actividades, por ejemplo) que permiten apaciguar el proceso acumulativo de inseguridad y abandono del espacio público. Sin embargo, estas opciones no existen en comunas con poca o nula inversión en mantención y activación del espacio público y sin áreas verdes de calidad. Esto contribuye a aumentar la desigualdad y a mermar la cohesión social a nivel de ciudad.
Tal como mencionaba Alejandra Rasse, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, en el Foro de Alianzas para el Hábitat organizado por la Universidad Alberto Hurtado, surge entre la población la pregunta "¿somos parte de la misma ciudad?".
Todo ello marca la importancia de asegurar el acceso y el uso de espacios públicos de calidad como herramienta clave tanto para fomentar la seguridad, como para promover la cohesión social y una mayor igualdad. Los espacios públicos, si son adecuados a nivel físico y social, generan lugares de encuentro, de inclusión social, de construcción de ciudadanía e identidad local, de organización y participación comunitarias; promoviendo mecanismos colectivos de protección frente a la inseguridad, así como oportunidades para la interacción y el ocio.
Es esencial una visión multifactorial a la hora de generar medidas para aumentar la seguridad. En primer lugar, es vital tener una planificación justa y con visión de ciudad para identificar dónde se requiere una mayor inversión, tanto a partir de criterios de delincuencia, como también de acceso a bienes y servicios. Además, se debe asegurar la participación ciudadana vinculante en las mejoras físicas de áreas verdes que se realicen, la cual fomente la pertinencia, la organización comunitaria y la apropiación inclusiva. En tercer lugar, es relevante fomentar programas de activación de los espacios públicos donde las comunidades y las organizaciones comunitarias locales tengan el protagonismo, siendo el rol de las instituciones y organizaciones acompañantes el asegurar recursos y condiciones de seguridad. Además, estas medidas deben complementarse con aquellas tradicionalmente vinculadas con la seguridad como la fiscalización.
La inseguridad es un fenómeno multicausal que genera y, a la vez, es potenciada, por el retraimiento de las personas del espacio público. Una vía estratégica para abordar esta problemática es potenciar el acceso, el uso y la apropiación inclusiva y segura de calles y plazas; potenciando procesos participativos vinculantes. En este sentido, las medidas de intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos del Plan Calles sin Violencia promovido por el Gobierno deben tener la relevancia que requieren y sostenerse en estrategias, alianzas y recursos concretos para su ejecución.
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