Secuestros en Chile: la nueva cara del crimen organizado
El reciente informe del Ministerio Público sobre secuestros en Chile confirma un fenómeno delictivo en franca expansión que exige atención inmediata. Entre 2014, con 360 casos, y 2024, con 868, el incremento ha sido de 141%. A ello se suman hechos recientes que conmocionan a la opinión pública, como el secuestro de don Rodrigo Cantergiani en Quilicura, atribuido a la banda criminal "Los Pulpos". Lo que antes era un delito esporádico hoy se consolida como una práctica estructural del crimen organizado, articulada a redes nacionales e internacionales que operan con violencia extrema, planificación logística y métodos de intimidación cada vez más sofisticados.
El informe distingue distintas modalidades: ajustes de cuentas entre bandas rivales, secuestros extorsivos para obtener rescates, y acciones como mecanismo de presión en disputas territoriales o por el control de mercados ilícitos. En la mayoría de los casos, los autores forman parte de organizaciones criminales jerárquicas y consolidadas, muchas con vínculos operativos y financieros en el extranjero.
En regiones que ya enfrentan altos índices de violencia y terrorismo, como La Araucanía, la irrupción de este delito eleva los riesgos para la seguridad pública y profundiza la sensación de vulnerabilidad ciudadana. El secuestro no solo amenaza la vida y la libertad, sino que erosiona la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el orden y la justicia.
Los desafíos que plantea esta realidad son múltiples. Es urgente fortalecer las capacidades investigativas y de inteligencia de las policías, dotar al Ministerio Público de más recursos humanos, tecnológicos y de análisis, y robustecer la coordinación interinstitucional, incluyendo mecanismos efectivos de cooperación internacional. También se requiere una política migratoria rigurosa, que permita detectar y expulsar con rapidez a delincuentes extranjeros vinculados con este tipo de delitos.
El secuestro no puede normalizarse ni quedar impune. La protección de la vida y la libertad debe ser una prioridad irrenunciable. Chile necesita una estrategia integral y sostenida, capaz de desarticular a las bandas, reducir su poder territorial y evitar que este delito se convierta en una herramienta instalada dentro del repertorio operativo del crimen organizado.
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