Espacio público y derecho a la ciudad

Alena Collado

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Vivienda, áreas verdes, planificación y calidad de vida en los barrios. La ciudad y sus componentes ya fueron parte del diálogo en el pleno de la Convención Constitucional y el espacio público se discute en la escala de derechos fundamentales.

Además de ser lugar de encuentro, generación de lazos e inclusión social, el espacio público es uno de los principales escenarios donde se construye ciudadanía y se materializa el derecho a la asociación y la reunión; así como también el acceso al deporte, al ocio y a la recreación, afectando positivamente a la salud física y mental de las personas. Así, el espacio público es esencial para una vida digna y plena.

En este sentido, es importante recuperar el compromiso establecido en la Nueva Agenda Urbana de ONU Habitat (2016), para crear espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes, de calidad y multifuncionales para la interacción social, la inclusión, el bienestar humano, el intercambio económico, la expresión cultural y el diálogo entre diversidad de personas y culturas.

Históricamente en Chile, las políticas urbanas dirigidas a sectores en situación de vulnerabilidad han priorizado el aumento del número de viviendas, especialmente en la periferia, y han relegado a un segundo plano la generación de espacios públicos de encuentro. En el contexto actual, el diálogo entre ambas acciones debe ir de la mano.

Para que efectivamente se generen los beneficios atribuidos al espacio público, es esencial que el diseño, construcción y modificación de éstos sea un ejercicio participativo con sus protagonistas: las personas que habitan los barrios. No hablamos de una participación informativa; sino que habilitante y vinculante, donde las necesidades, los conocimientos y los deseos de las personas sean el eje fundamental de las intervenciones. Esta participación es la que fomenta el uso, la apropiación y el cuidado de los espacios, permitiendo la sostenibilidad de las inversiones.

El derecho a la ciudad implica tener una visión holística de ésta como espacio donde conviven necesidades individuales y colectivas, privadas y públicas. Ello requiere una gestión urbana que integre esfuerzos para garantizar el derecho a una vivienda digna con espacios públicos significantes alrededor. En este sentido, la participación de las personas que habitan los espacios se vertebra como condición indispensable para generar intervenciones pertinentes en el territorio.

Que el acceso a espacios públicos de calidad esté en el diálogo de una nueva carta fundamental es un tremendo paso para posicionar el tema como un elemento necesario y condicionante en la calidad de vida de las personas. En esa línea, la participación y la articulación entre quienes construimos, diseñamos y activamos la ciudad es clave desde ya. La experiencia, conocimientos y voluntad de aportar a este gran desafío, desde el sector público, privado y de la sociedad civil, pueden transformarse en una buena hoja de ruta para hacer de nuestras ciudades espacios atractivos, sanos y seguros para habitar.