6.134 libros destruidos

La madrugada del domingo 17 de abril  de este año la concesionaria Costanera Norte y su constructora Sacyr, producto de una impericia en el manejo del cauce del río Mapocho, inundaron una parte importante de la comuna de Providencia. Causaron gran perjuicio a personas y bienes. El Estado de Chile hizo vista gorda y no cumplió su deber de hacerles responder por los daños. Como si se tratara de un percance entre privados, dejó a los damnificados abandonados a su suerte.

¿Qué habría ocurrido con esta misma negligencia en España, Italia, Canadá,  países de donde provienen estas empresas? Sin duda el Municipio, la Intendencia o el ministerio de Obras Públicas de esos países los hubieran obligado a responder so pena de quitarles las concesiones o vetarlos para futuras licitaciones.Toda una realidad que pone al descubierto la precariedad de nuestras instituciones y la inepcia o mansedumbre de quienes las conducen.

Sin duda, y lo digo después de vivir por años en uno de esos países, las autoridades jamás les habrían regalado la impunidad. Tampoco habrían permanecido indolentes frente a la destrucción de 6.134 libros. Esa fue la cantidad que quedó sumergida en el agua y el barro que entró esa mañana a Librería Catalonia de Las Urbinas.

El fuerte simbolismo que significa esta pérdida - más aún en un país donde las destrucciones de libros  permanecen en fresca y triste memoria - haría pensar en algún pronunciamiento de las autoridades del  ministerio de Cultura o de Educación. Nada de eso ocurrió a nivel oficial, en esa cúpula dorada donde las voces de la calle llegan con sordina.

Actitud repudiable pero coherente con el rincón social al que se ha relegado el libro en nuestro país y la prioridad que le otorga un Estado que, en un cuarto de siglo de democracia, no ha sido capaz de construir una política pública para este y que mantiene el impuesto más alto del mundo como un sabio legado de la dictadura.

Transcurridos casi 120 días sin responder por los daños, los responsables  de este desastre han hecho gala de una virtual patente de corso, otorgada por un Estado pusilánime y el beneplácito de quien está obligado a fiscalizar. Así la cosas, pareciera que la destrucción de este acervo cultural a nadie le importa.

En contraste a esta indignidad, cabe destacar los titánicos esfuerzos de la comunidad de lectores, escritores y editores que acudieron inmediatamente para tratar de salvar parte de esos libros. Y la notable generosidad con que cientos de personas anónimas - que valoran la lectura y lo que significa la desaparición de una librería - apoyaron su reapertura ante el desamparo que vaticinaba un cierre inevitable.

En los próximos días más de 50 artistas plásticos chilenos de todas las generaciones expondrán las obras que crearon a partir de estos libros inutilizados por el barro.Estas serán subastadas y la recaudación se donará para financiar la creación de una biblioteca en una comunidad vulnerable.

Una respuesta ciudadana para que los libros  renazcan y vuelvan a cumplir su cometido de otorgar conocimiento, placer y horizontes a sus destinatarios.

Un acto simbólico de justicia para con el libro que pone una  vez más a los ciudadanos por delante de sus conductores, pero que no exime a estos últimos de cumplir con su deber para que las instituciones de la República funcionen en el marco de dignidad que les corresponde.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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