¿Cómo se financia la cultura en Chile?
El verano, habitualmente reposado en debate cultural, tuvo una excepción en 2016. La inminencia del debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de indicación sustitutiva que crea el Ministerio de las Culturas, aguzó a diversos actores que hicieron ver su respectivos planteamientos.
Por una parte, quienes ideológicamente propugnan la casi exclusiva intervención estatal en el financiamiento de las artes, se han encontrado con buenas razones para promoverla, a partir de la desgastada situación en que se encuentran los museos públicos, enfatizada por los magros resultados de una política de gratuidad sin mejorar su gestión. Por el otro, quienes viven a diario el esfuerzo por allegar fondos privados, han impulsado el debate sobre la necesidad de aumentar la filantropía en este campo.
La realidad -en palabras del Ministro Ernesto Ottone- se ha encargado de recordar que vivimos en un país que ha definido para ello un sistema mixto y que los grandes esfuerzos públicos seguirán enfocados en la infraestructura y el apoyo, vía directa o concursables, a diversas iniciativas que se han ganado un lugar como contribuyentes al desarrollo cultural chileno. Incluyendo los aportes privados que deben alcanzar la corporaciones y fundaciones que ostentan una constitución mixta entre sus socios fundadores y directorios.
Es pertinente recordar que Chile ha establecido, desde fines del siglo anterior, un modelo de financiamiento cultural caracterizado por considerar principalmente la estrecha interacción entre la gestión, las infraestructuras y las audiencias de las mismas.
En una ponencia solicitada para la Cuarta cumbre de las artes y la cultura de Johannesburgo, en septiembre 2009, expuse la amplia gama de opciones para el financiamiento cultural de que disponemos, en el espectro existente entre los financiamientos sólo del Estado o sólo de la empresa privada.
La respuesta a la pregunta que nos ocupa no está entonces en el descubrimiento de una “tercera vía” del financiamiento cultural, sino en la enorme cantidad de oportunidades existentes en el espectro entre el financiamiento estatal y el financiamiento privado. Si imaginamos las diferentes posibilidades, tendremos.
Los fondos públicos con asignación pública, que son cada vez menos, pero que surgen como una manera de respuesta rápida ante catástrofes naturales o emergencias; requerimientos urgentes para representar al país en el exterior, en festivales, muestras o bienales; premios a notables, nacionales o extranjeros, que requieren un trámite rápido.
Los fondos públicos con asignación privada constituyen, en volumen y cobertura, los más abultados. En esta categoría están los fondos concursables nacionales, como el Fondart y sus variantes; los fondos sectoriales -audiovisuales, libro y lectura, música-; los del CNTV; algunos premios de las diversas artes, y postulaciones de obras nacionales a concursos internacionales.
Los fondos privados con asignación pública, constituyen una categoría de escaso desarrollo pero que bien podría alentarse desde ambos sectores. Existen los derivados de la Ley de Donaciones Culturales, que son una manera de asignar a proyectos debidamente calificados, recursos aportados por empresas beneficiadas por rebajas tributarias.
Los fondos privados con asignación privada, son una categoría tan creciente como insuficiente y cubre generalmente premios de gran impacto o aportes empresariales en infraestructuras del talante del Teatro del Lago o CA660. En esta misma categoría, con una escala menor, han aparecido iniciativas ciudadanas que buscan aportes colectivos múltiples para nuevos emprendimientos artísticos, como el micro mecenazgo o crowdfunding.
Si nos preguntamos cuál de estas categorías es la solución, la respuesta es todas. El asunto es cómo aplicarlas armoniosamente, sin que se anulen ni pierdan su potencialidad. Y esa es la gran tarea de la gestión cultural.
La mejor manera de asegurar esa buena gestión es asegurar la presencia de todos los actores posibles de la financiación en organismos colectivos, como directorios de las corporaciones o fundaciones o los consejos sectoriales o nacional que reimpulsa el proyecto de ley que comienza a discutirse.
Si de ese debate surgiera una autoridad sólo gubernamental, automáticamente se restringirían las opciones de financiamiento. Si, por el contrario, en la cabeza colectiva de la nueva institucionalidad se reconoce la presencia de creadores, gestores, patrimonialistas, universitarios, organizaciones ciudadanas, líderes regionales y pueblos originarios, estaríamos en presencia de un organismo sólido que puede aspirar a generar, solicitar y obtener recursos de la sociedad toda.
Así se desarrollará una cultura más libre y representativa del alma nacional.
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