Las universidades y la laicidad

De nuevo comienzan las movilizaciones pidiendo soluciones a los problemas que plantea la educación superior. Es una historia de nunca acabar que se inició hace treinta años cuando Pinochet reformuló el sistema público de educación superior en 1981, proceso que condujo a la Ley Nª 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990.

Desde ese momento hasta ahora, el sistema universitario ha estado en una permanente crisis que ninguno de los gobiernos de la Concertación supo resolver. En estos días, el Ministro de Educación ha planteado la idea de una reforma que entregaría recursos públicos a las universidades privadas, lo que ha sido el factor desencadenante de estas movilizaciones estudiantiles apoyadas por los profesores y hasta por algunos rectores.

El golpe dado a las universidades públicas durante la dictadura buscaba desvincular del Estado a estas instituciones, a través de políticas de autofinanciamiento, debilitándolas y eliminando del debate las ideas matrices de estas instituciones. Así fue como se eludió la noción de laicidad con el objeto de transformar la relación del Estado con las universidades en una mera dependencia financiera. Con esto se pretendía abrirle paso a la existencia de universidades privadas, cosa que efectivamente ocurrió y con una profusión inesperada. Lo esencial es que todo esto borró de una plumada el motivo principal de la existencia de la enseñanza pública, pues se estableció como única diferencia entre instituciones públicas y privadas su modo particular de financiamiento.

En su momento, la justificación profunda de las instituciones públicas de enseñanza partía de la afirmación del carácter laico del Estado, en la medida en que este debe ser una institución en la que todos los ciudadanos sin excepción ninguna deben reconocerse.

Para el Estado la laicidad no es una postura más entre otras que entran en el debate de las ideas, sino la única coherente con su función, pues de hecho no significa otra cosa que la legitimación de la libertad de opinión y la afirmación del respeto a la diversidad que necesariamente se da en una sociedad compleja formada por ciudadanos que profesan diferentes religiones y que tienen diferentes ideales políticos.

Así, la laicidad coincide con el pensamiento constitutivo del Estado, con los principios en que este se sustenta y que este debiera entonces propender a difundir y a enseñar en la población. Las instituciones públicas de enseñanza se crearon con esta finalidad, esa fue la principal razón de que el Estado se hiciera cargo de ellas y así se definió lo esencial de su misión frente a la sociedad.

El éxito de la reforma de Pinochet se muestra en el hecho de que estas ideas hayan desaparecido completamente del debate publico sobre la enseñanza superior, pues se parte de la base de que el único problema existente es de tipo financiero. Los sectores que defienden a las universidades públicas solicitan mejores planes de financiamiento. Los sectores que están por la expansión de las universidades privadas solicitan un trato igualitario.Los estudiantes piden más y mejores créditos. Pero ha desaparecido la diferencia esencial entre universidades públicas y privadas. El Estado aparece como un simple instrumento de financiamiento al que de un lado y del otro se le piden fondos.

Lo grave es que con el olvido del pensamiento laico del Estado y con la transformación de este en un mero instrumento, se debilita el lazo que une a todos los ciudadanos en un proyecto común de país, se volatiliza la identidad nacional y se potencia lo que nos separa y nos divide. ¿Qué une a todos los chilenos hoy día? Con el avance avasallador de lo privado sobre lo público la respuesta pareciera ser: nada. No los une nada. Solo hay tendencias en conflicto y un administrador de los conflictos que no tiene pensamiento.

En este cuadro, no se ve por qué el Estado debiera favorecer a las universidades públicas.

La idea de que toda institución de enseñanza cumple de igual manera con los propósitos estatales ha hecho ya su camino, pues universidades que en el pasado fueron consideradas “privadas” por su adscripción religiosa, hoy día forman parte con iguales derechos del Consejo de Rectores, instancia que ha sancionado su carácter “estatal”, por acceder a fondos públicos. El próximo paso probablemente será la creación de una instancia en la que todas las universidades, tanto públicas como privadas, estén representadas.

Vivimos en la noche en la que todos los gatos universitarios son negros. ¿Volverán algún día a tener sentido en Chile las ideas de los que en el siglo XIX hicieron posible la enseñanza pública? ¿O tendremos que aceptar que en nuestro país da lo mismo lo que nos representa a todos, que lo que representa a los diferentes credos y tendencias particulares? Los presagios no son favorables. Lamentablemente, pareciera existir todavía un mayor grado de oscuridad que la que nos abruma en estos momentos.