Paremos el escándalo

Hemos mencionado graves agresiones a las Universidades estatales por el Gobierno Militar que la Concertación continuó y la alianza profundiza sin retroceso. El reemplazo de los rectores por militares en ejercicio. Poner a rectores ineptos académicamente y con severas infracciones a la ética profesional. La destrucción de la Carrera Académica autorizando a las universidades que nombren académico a quien se les ocurra.

El asesinato, exoneración, exilio obligado, torturas de los miembros de las comunidades universitarias. El retiro del financiamiento de los salarios, gastos de operación y mantención de tal modo de obligar a las Universidades estatales a financiarse privadamente y estar sometidas a su extinción incluso por eventos fortuitos como huelgas o simple disminución contingente de matrículas.

El reajuste mínimo por parte del Estado de tal modo de deteriorar los salarios en relación con los otros funcionarios del Estado como parlamentarios o profesionales de otras reparticiones estatales.

Estas situaciones constituyen un verdadero asedio de las ciudadelas educacionales estatales para extinguirlas, sin siquiera preocuparse porque estas medidas son inmorales, faltas de toda ética, degradan discriminadamente por lo que son inconstitucionales. De nuevo este reajuste tendrá las mismas características.

Es una vergüenza nacional, que no sucede en ninguna parte del mundo, que el Estado de Chile no considere parte de sí mismo a las Universidades estatales, que a estos funcionarios del Estado de Chile no les pague su salario, no les reajuste según el alza del costo de la vida, no les cancele los servicios ordinarios (luz, agua, gas, etc.), no les financie su funcionamiento básico en creación de cultura universal (ciencia, filosofía, artes, humanidades, tecnología, etc.) y obligue a obtener el financiamiento a través de aranceles de los alumnos, especialmente de pregrado (docencia que no significa ni la tercera parte de todo lo que la Universidad realiza) y de servicios que en realidad deberían ser nacionales y gratuitos.

La situación es similar a la que ocurriría si a los Parlamentarios se les quitara la dieta y todo financiamiento y se les obligara a financiarse según retribuciones monetarias por los beneficiados de las leyes que elaboran.

Temo proponer esto porque capaz que ya esté sucediendo incluso sin renunciar a la dieta y se lo quiera tomar como modelo.

¿Por qué ese odio parido de los Gobiernos contra el Estado de Chile y especialmente contra sus organizaciones educacionales?

El Estado comprende a las organizaciones de expertos, independientes de los Gobiernos, partidos políticos o grupos de opinión, que un pueblo se da para construir y realizar las políticas de Salud, Educación, Energía, Ecología, Servicios, etc.

En Chile no existen estos grupos de expertos. Existió un gran grupo de expertos que pensaba al país y se llamó Universidad de Chile. Esta función, la de consciencia crítica nacional, la destruyó el Gobierno Militar y la Concertación no quiso recuperarla, no esperemos que lo haga la Alianza.

¿Por qué el Gobierno de Chile no considera a las Universidades Estatales como del Estado de Chile? No es solo un problema económico.

El actual Servicio Médico Legal no era un servicio era el Instituto Médico Legal donde la Universidad de Chile tenía destacada a la Cátedra de Medicina Legal y luego al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile.

El Instituto era un centro universitario de referencia en la disciplina con investigaciones científicas, éticas y médico-legistas. Toda la actividad propiamente universitaria fue destruida. El Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina que aún permanecía en el Instituto, luchó por mantener las funciones universitarias en él.

El Gobierno Militar puso de director a un ingeniero (no recuerdo si comercial o químico) para optimizar las ganancias del Servicio (que le va hallando).

Se instaló la guerra sin cuartel, desaparecían las sillas, las mesas, se cambiaban chapas; pero lo más grave fue que empezaron a exigir la revisión de los alumnos, de sus pertenencias y como si esto fuera poco, de los cuadernos y apuntes por si se filtraba alguna información sobre cadáveres que pudieran ser comprometedores en los casos de detenidos desaparecidos.

El Departamento decidió migrar hacia la Facultad de Medicina; la integridad física de académicos y alumnos estaba comprometida. Éste es sólo un botón de muestra.

Pero lo más grave es que el Departamento de Medicina Legal, el de Biología Celular y Genética (ahora Programa de Genética Humana) y otros relacionados con estudios moleculares y antropológicos pudieron perfectamente resolver los problemas de detenidos desaparecidos y muchos otros de mala praxis (licencias, honorarios, etc.)

¿Por qué no se consulta a las instituciones chilenas y especialmente a la Universidad de Chile? Esta descalificación permanente del Estado de Chile y de sus instituciones es también una vergüenza nacional.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y los políticos, al parecer, temen que las soluciones realizadas por expertos, con independencia de ellos, les quiten la pega o las regalías en poder, dinero u otros beneficios.