Días atrás, en el Parque de La Familia en la comuna de Quinta Normal, la ministra de Obras Públicas y el equipo de la Dirección General de Aguas dieron a conocer las cifras históricas de fiscalizaciones resueltas durante este gobierno, para el cual el cuidado del agua ha sido una preocupación constante.
Y es que, en un escenario de sequía estructural como el que vive nuestro país, también cruzado con eventos extremos producto del cambio climático, se requiere de un Estado dispuesto a velar por el buen uso de las aguas y también una ciudadanía que ejerza su rol fiscalizador, ayudando a focalizar nuestros recursos justamente donde se están vulnerando las fuentes de aguas subterráneas y superficiales.
En un escenario ideal, bastaría con la autorregulación, pero es no el caso chileno. Y por lo mismo, como Servicio del Estado hemos hecho esfuerzos por aumentar nuestros equipos fiscalizadores y sumar tecnologías para ampliar nuestro campo de acción.
Ese esfuerzo ha dado frutos, llegando a resolver entre el 2022 y 2025, un total de 8.074 de fiscalizaciones, duplicando así lo resuelto en el período 2018-2021. Y en lo micro, el 2025 resolvimos 2.391 fiscalizaciones, significando 6% más de fiscalizaciones que las 2.256 de 2024, convirtiéndose en una nueva cifra histórica, reflejando el compromiso por cumplir con la tarea de fiscalizar el correcto uso de las aguas.
No todas las fiscalizaciones terminan en multas, puesto que a veces no logra probarse la infracción o simplemente, no se ha configurado una contravención al Código de Aguas. Pero en los casos en que esto ocurre, se sanciona con una multa en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) de acuerdo a su gravedad. Asimismo, en el período 2022-2025 hemos tenido un crecimiento exponencial de las multas cursadas, las que llegaron a 505.218 UTM. Esto es el doble de las multas cursadas entre el 2018-2021, las que sumaron 285.531UTM.
Ya lo hemos dicho otras veces, no se trata de cobrar multas para acrecentar las arcas fiscales. Buscamos inhibir acciones que transgreden la normativa de agua vigente y que se valore su uso sostenible para la seguridad hídrica en consumo humano, preservación ecosistémica y desarrollo productivo sustentable. Y al mismo tiempo, generar resiliencia, porque se requiere que las aguas estén libres de contaminación para asegurar su calidad y que las orillas de los cauces dejen de ser erosionados con faenas de extracciones de áridos que operen al margen de la ley, lo cual constituye un peligro a la hora de inundaciones por la crecida de caudales cuando ocurren lluvias torrenciales o deshielos por alza de temperaturas.
No tan solo importa la cantidad de agua existente, también la calidad de las mismas. Por eso, como DGA monitoreamos anualmente la calidad de aguas en 1.729 puntos de control de aguas superficiales y subterráneas. Mencionar que en 2021 teníamos 1.621 puntos de control y que al monitoreo de parámetros básicos, macroelementos y nutrientes, sumamos parámetros microbiológicos. Muestras que son preservadas y analizadas en el Laboratorio Ambiental de la DGA o externalizadas, cuyos resultados son compartidos con los servicios con competencia ambiental y dispuestos al público en el sitio web de la DGA. Además, toda esa información -desde 1959 hasta diciembre de 2023- está compilada en el Atlas de Calidad de Aguas 2025, disponible en la Biblioteca Digital de nuestra página web.
De esta forma, contribuimos con información clave para que los órganos del Estado, municipios y también la misma ciudadanía, pueda tomar acción y asegurar el acceso seguro y universal al agua y al saneamiento para todos los chilenos, en cantidad y calidad adecuadas según el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6, compromiso que asumimos como Estado de Chile en la ONU.
Igualmente, hemos avanzado en promover la resiliencia frente a crecidas, un aspecto que es parte de la seguridad hídrica, al proporcionar mapas de potencial amenaza de inundación a Senapred y autoridades regionales, provinciales y de 10 comunas de la cuenca del río Mataquito en la Región del Maule.
Es el primer instrumento que está validado en el marco de la ley 21.364 que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas antes Desastres (Sinapred) y el reglamento que regula a los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas y comunicación al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) del estado de la amenaza, su nivel de peligrosidad, alcance y amplitud, y desde que entrara en vigencia la modificación al Código de Aguas de 2022.
La entrega de estos estos mapas que corresponden a 5 sectores del río Mataquito, permitirá que las autoridades dispongan de herramientas, tanto para la prevención como la gestión de emergencias como las ocurridas con las lluvias de 2023 y 2024.
Y este año se entregarán los mapas de las comunas situadas en la cuenca del río Maule, 17 de la Región del Maule y 2 de la Región de Ñuble. Y ya ingresamos un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que nos permita en 6 años elaborar los mapas de las distintas cuencas del país, priorizando aquellas zonas con mayor población e infraestructura crítica vulnerables a eventos de inundación de cauces.
De esta forma, nos hemos desplegado en el territorio para velar por el correcto uso de las aguas en tiempos donde vivenciamos una sequía estructural que obliga a un uso racional del vital elemento. Al mismo tiempo, nos hemos ocupado de la calidad del agua, porque no siempre los cambios en las fuentes naturales de aguas son por efecto de la naturaleza. La acción antrópica, con descargas de aguas grises y negras fuera de la norma o vertimientos accidentales de sustancias químicas, tiene un gran impacto en su calidad. Escenario que puede ser más trágico, si es que no estamos preparados para enfrentar eventos meteorológicos extremos que puedan desencadenar pérdidas materiales y humanas. Todo lo anterior, nos obliga a redoblar los esfuerzos como sociedad en su conjunto, si queremos tener seguridad hídrica en sus cuatro dimensiones para las generaciones presentes y futuras.
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