Promesas en cultura

La cercanía del 21 de mayo conlleva el casi siempre molesto ejercicio de contrastar los anuncios presidenciales con las realizaciones del Gobierno. En el sector de cultura, si nos atenemos a los anuncios legislativos y considerando los tres años de gobierno, el balance es sumamente pobre.

En efecto, los anuncios en cultura a pesar de ser muy relevantes para el sector, no presentan avances importantes. Se trata de tres proyectos que apuntan a la institucionalidad de la cultura: la creación de un ministerio de la Cultura y Patrimonio, que acoja en una sola organización al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la modificación a la ley de Monumentos Nacionales y la modificación a la ley de Donaciones Culturales, conocida como Ley Valdés.

La creación de un ministerio de Cultura podría resolver de una vez por todas el carácter bicéfalo de la institucionalidad cultural, que ha sido un dolor de cabeza para todos los que han ocupado la presidencia del CNCA y una solución a las resistencias que las autoridades de la DIBAM han planteado desdeel año 2004.El proyecto anunciado hace un año, que debe enfrentar positivamente temas como la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas culturales, sin embargo, aún no es ingresado al Congreso.

La modificación a la Ley de Monumentos Nacionales que busca actualizar el marco conceptual y las categorías de protección de la ley incorporando una visión más integral del patrimonio, generar un fondo para proyectos patrimoniales, crear incentivos tributarios para la conservación del patrimonio y modernizar y descentralizar la institucionalidad competente, el Consejo de Monumentos Nacionales, tampoco ha conocido avances.

Según un estudio del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), estas dos iniciativas legislativas presentan un nivel de progreso equivalente a un 0%; es decir, los proyectos no han conocido tramitación ni evolución alguna.

La modificación de la ley de Donaciones Culturales ha tenido mejor suerte. A este respecto, el proyecto lleva dos años de debate encontrándose en su segundo trámite en una comisión del Senado. Dicha iniciativa, sin embargo, podría ser considerada como la más polémica.

En efecto, su esencia es posibilitar que sociedades con fines de lucro puedan recibir aportes desde la ley de donaciones culturales lo que teóricamente beneficiaría especialmente a la producción cinematográfica y los proyectos turísticos con un componente patrimonial. La idea parece buena a primera vista, pero la práctica de abusos obliga a preguntarse si no se está creando una nueva forma de elusión de impuestos, o las condiciones para generar lucrosos emprendimientos integrados horizontal o verticalmente con los grandes grupos económicos.

El Congreso tiene que analizar con mucha detención este proyecto que puede terminar creando incentivos perversos y ahondando más aún la concentración de la riqueza y las desigualdades, esta vez afectando el ámbito de la creación artística y la cultura. No vaya a ser que con buenas intenciones  esté germinando un nuevo monstruo, como ocurrió con el financiamiento compartido en la educación subvencionada.

Este panorama es consistente con la escasa atención que el propio Parlamento otorga a las iniciativas culturales, tengan estas su origen en mensajes del Gobierno o en mociones de los propios parlamentarios. En efecto, de los 34 proyectos de ley existentes, el 80% no ha tenido movimiento alguno durante el último año y en promedio, los proyectos culturales llevan más de tres años sin movimiento en el Congreso.

Cabe preguntarse, entonces, cuando quedan sólo algunos meses para el término de esta gestión, cuál va a ser la prioridad de manera que la óptima evaluación que tiene el ministro en las encuestas se condiga con algún éxito verificable en el plano institucional.

Es de esperar también que en el contexto de las campañas presidenciales, las políticas y preocupaciones culturales ocupen un espacio de mayor centralidad.