TV pública y canal cultural ¿televidentes o consumidores?

El debate acerca de la televisión pública no es nuevo, se reabre cada cierto tiempo, ya sea por la discusión de algún proyecto de ley para modificar la ley de TVN o por el nombramiento de algún miembro del directorio. Algo de esa discusión también se insinuó durante la tramitación de la ley de televisión digital y al inicio del actual gobierno tuvo otro peak cuando se anunció la propuesta de crear un canal cultural.

Ahora la controversia pública registra otro hito, esta vez debido al ingreso de una indicación sustitutiva a una iniciativa presentada en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, que moderniza TVN, y sobre todo por el anuncio de inyectar, por única vez, un aporte de 25 millones de dólares, para la implementación y puesta en marcha del canal cultural.

Como otras muchas veces, la discusión elude el fondo y se queda en si fue o no el momento oportuno o no para el anuncio, si los recursos financieros señalados son muchos o pocos, si están en acuerdo o desacuerdo con el aumento de integrantes del directorio del canal estatal, o si esta iniciativa cuenta potencialmente o no con los apoyos políticos para materializarse. Hay también unos pocos que repiten el argumento que utilizan para casi todo: que el canal se utilizará en beneficio del gobierno de turno o que tendrá visiones ideológicas sesgadas.

Lamentablemente, como ha venido pasando progresivamente en el tiempo, nada se dice sobre si se está de acuerdo con la existencia de un canal cultural, ni tampoco si creen en la necesidad de contar de verdad con una televisión pública.

Curiosamente, muchos de los argumentos que se utilizan -y que seguramente se seguirán usando- son muy similares en el fondo a los que se han ocupado para oponerse a la reforma educacional: que la televisión pública debe “competir” con los canales privados por los auspiciadores, que los privados pueden cumplir con la función pública, y que no es necesario que el Estado tenga tuición sobre un canal de televisión, que hay que dejar que el mercado oferte y los consumidores decidan.

Siguiendo la línea argumental del documento “La radio y la televisión de servicio público: el desafío del siglo XXI”, editado por Unesco, la TV pública se encuentra atrapada en un contexto en que se espera que ella tenga más éxito que los canales privados en cuanto a encarnar el ideal de servicio público y que para lograr ese fin adopte una forma de lograrlo que lo distinga de los canales comerciales. O sea, se espera que sea una televisión pública productiva, eficaz, capaz de generar sus propios ingresos, de atraer a los consumidores y que su programación se diferencie de los canales privados. Es decir, se le pide que sea igual y diferente al mismo tiempo.

Y lo peor es que esa televisión, en ese contexto, vive una paradoja, si los números van mal en audiencia y utilidades, los privatizadores de turno pontifican acerca del evidente fracaso de la TV pública. Pero si el rating y las utilidades van al alza, entonces se dirá que el formato comercial es la respuesta de ese éxito. O sea, le vaya bien o mal, se busca que la televisión pública tenga un solo destino, dejar de serlo.

Como decía ya en 1998 Pierre Juneau, primer presidente del Consejo Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones, “al dar la impresión de que la antigua incompatibilidad entre el modelo comercial y del servicio público era un error y de que se podrían reconciliar sin problema, la televisión pública, que se consideraba la encarnación del antiguo régimen, ha quedado desestabilizada. La televisión pública está próxima a ser sacrificada”.

Pero esta discusión no es nueva en el Parlamento chileno. Ya en abril de 2004 el Senado aprobó un proyecto de acuerdo, elaborado sobre la base del aporte del profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UC, Sergio Godoy Etcheverry, que aunque inicialmente referido a TVN termina siendo una interesante toma de posición acerca de la televisión pública, partiendo por su definición sobre el servicio pública en la TV, señalando que “el concepto de TV de servicio público excede a TVN, la BBC o corporaciones similares. En un sentido amplio, TV de servicio público es un sistema de televisión orientado al bien común”.

Ese proyecto propone entre otras cosas un financiamiento público especial para TVN, así como la operación de una segunda señal para programas culturales o de intereses segmentados. Y para garantizar el pluralismo en el canal estatal la iniciativa propone que en su directorio, además de la diversidad política, exista también diversidad de género, étnica, religiosa y etaria, y que tenga identidad regional. Y entre sus propuestas más novedosas está la creación de la figura del “defensor del televidente” para hacer cumplir los compromisos de servicio público del canal.

Es claro que televisión pública y televisión cultural no son sinónimos, pero la discusión renovadora y actualizadora sobre la primera debiera ser la base desde donde aportar a la construcción de la segunda. Es evidente que hay componentes técnicos que atender desde lo digital y la transmisión multiplataforma, pero también territoriales y desde las definiciones de la política pública cultural que dará sentido a un canal de este tipo. 

También es una oportunidad para enriquecer y canalizar las capacidades existentes en el país en esta materia, tal como lo han hecho otros países convirtiendo a la televisión pública, digital y a los canales culturales en una oportunidad de desarrollo económico, académico y técnico, con la creación de centros audiovisuales, laboratorios, así como promoviendo la creación de pymes, productoras y otros organismos asociados al rubro.

Personalmente, soy de los que espera que este debate no se contamine con las clásicas disquisiciones sobre lo “ideológico”, lo “valórico” y sobre contenidos antes de tener siquiera el canal, y tengamos una política ajustada al contexto de nuestra identidad y diversidad cultural, social e histórica, entendiendo como señala Juneau que “cultura es lo que un país se dice asimismo y lo que acerca de si mismo dice a los demás”.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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