Política deportiva en Chile, un discurso sin sustento
Mientras en la última cuenta pública Presidencial en materia deportiva abundan los anuncios orientados hacia la alta competencia - como los próximos Juegos Panamericanos o la postulación al Mundial 2030 -, las decisiones cotidianas de nuestras autoridades reflejan día tras día la posición subordinada que el deporte y la actividad física tienen en nuestra sociedad.
Muestra elocuente es la intervención al currículum escolar impulsada desde 2015 por el ministerio de Educación y recientemente aprobada por el Consejo Nacional de Educación (CNED), que relega a la Educación Física al carácter de asignatura electiva, que una escuela podría incluso optar por no impartir, condición que ya tenía desde hace años en la enseñanza técnico-profesional.
Este desdén no ha sido siempre así. Desde principios del siglo XX hasta iniciados los años ’70, el Estado de Chile asumió como un imperativo el hacer del deporte y la actividad física motores de desarrollo e inclusión social, a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva, el fomento del deporte recreativo y el apoyo al alto rendimiento en competencias internacionales, proceso que culmina con la creación de la Dirección General de Deportes (la extinta DIGEDER).
Sin embargo el deporte, tal como el resto de los ámbitos de la vida social, sería objeto en los años posteriores de la imposición del principio de “subsidiariedad”, dejando en manos del mercado y los proveedores privados aquello que era materia de Estado.
Tal como la escuela o la salud pública se ha debatido entre privatizarse o desmantelarse, durante estas décadas donde había antes maratones o competencias gratuitas y democráticas hoy hay pujantes y desregulados negocios.
El deporte y la actividad física, de este modo, no son fines en sí mismos ni imperativos de política pública para nuestra sociedad.
La actual “Política Nacional de Deportes y Actividad Física” declara como sus pilares fomentar el deporte y la actividad física a nivel recreativo y formativo, promover la asociatividad, y apoyar el alto rendimiento.
Objetivos que dialogan poco y nada con la realidad que salta la vista al contrastarlos con la cantidad de espacios deportivos y la oferta de programas existentes, los fondos dispuestos para estos fines, y los logros que estas políticas han generado.
La política deportiva se revela así como un discurso sin sustento, mientras los precarios resultados internacionales y los niveles de sedentarismo, sobrepeso y obesidad dan cuenta de un problema profundo y que va de la mano con la deuda histórica del Estado para con los ciudadanos.
Bajo este marco, resulta especialmente grave profundizar este desdén por la actividad física con la reciente decisión del CNED. En una sociedad tan desigual como la chilena, con un sistema educativo incluso tanto o más segregado, hacer de la Educación Física una asignatura electiva no hace sino ratificar y reproducir estas inequidades.
Mientras en los colegios de la élite se seguirá promoviendo la actividad física, esta se verá cada vez más relegada en escuelas con escasos recursos económicos, técnicos y humanos, agobiadas por el SIMCE y la evaluación periódica a sus docentes.
De este modo, se restará cada vez más al conjunto de la población de todos los beneficios que la actividad física y el deporte genera, no sólo desde lo biológico, sino también como espacio de aprendizaje de convivencia, respeto, y por qué no, de construcción de ciudadanía.
Desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo entendemos el deporte como una preocupación en serio más allá del discurso. El desarrollo permanente de nuestras ramas, el trabajo en conjunto con las escuelas deportivas de filiales, así como el desafío que nos hemos propuesto de construir en este período la Política Deportiva del Club con todos los actores involucrados, son muestras de aquello.
Por lo mismo, seremos siempre promotores de aquellas iniciativas que apunten a democratizar el deporte, como la modificación a la Ley de SADP que actualmente se tramita en el Senado, como también activos y críticos frente a todas aquellas políticas que, por el contrario, siguen entendiendo al deporte y la actividad física como ciudadanos de segunda clase en las prioridades políticas de nuestra convivencia nacional.
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