La Fundación Paternitas, entre sus diversas actividades, ha desarrollado un taller productivo, para jóvenes infractores en privación de libertad, en el cual se confeccionan Rosarios, y que por unidad de fabricación cada uno de ellos recibe un porcentaje de la venta. Ese dinero le permite a la persona proveerla de sus útiles de aseo y lo más importante y digno de destacar es que le devuelven a sus seres queridos -que los visitan- el importe del gasto ocasionado.
Además de lo indicado, este taller artesanal genera en los jóvenes disciplina, responsabilidad, normas colaborativas entre los compañeros, principios y valores morales y religiosos, manteniéndolos ocupados y activos, y así quemando tiempos de ocio.
No tendría sentido un taller así, si el producto no se vendiera, por ello se ha desarrollado una fuerza de venta a público, a través de sus propios compañeros que al encontrarse en libertad, sin nada que hacer, se constituyen en vendedores que les permite a los fabricantes el retorno monetario de su trabajo.
Este grupo de vendedores de calle, por la actividad realizada, recibe una comisión entre los $18.000 y los $25.000 diarios, lo que sin duda para un recién liberto, con antecedentes penales y sin herramientas ni capacitación para insertarse laboralmente, es una aporte significativo para su hogar, descubriendo a la vez que pueden trabajar en forma digna, ganando dinero, sin necesidad de delinquir.
La inserción social y laboral, para ellos, es una escuela práctica que los hace capaces de vincularse con el otro en forma sana, respetuosa y justa. Elementos esenciales para potenciarse como hombres y mujeres pro sociales y no pro delictuales.
Con todo y a pesar de ser productos artesanales y hechos a mano, tal como lo consignan ordenanzas municipales y que por lo mismo pueden ser vendidos en algunos lugares públicos, son perseguidos continuamente, amedrentados y detenidos por carabineros y no pocas veces tratados como delincuentes infraganti.
Consecuente con lo anterior son derivados a los juzgados de policía local respectivo y citados a declarar. Si bien reconocemos que se han encontrado con jueces humanitarios, profesionales, respetuosos, de buen trato y dignos de ser destacados, en tanto otros, se podrían calificar de una vergüenza pública, ya que de manera totalitaria, autoritaria e impositiva no han dejado hablar al imputado, aplicando una multa arbitraria e improcedente.
¿Qué significa entonces “ser citado a una audiencia?, palabra que deviene de“audire”, significando escuchar, en circunstancia que algún juez se impone de forma grosera y dictatorial frente a un humilde imputado, que busca ganarse el pan con dignidad.
Pregunto a los lectores, carabineros y a los señores jueces que actúan de esta manera, para que me ayuden a descubrir ¿cómo podemos educar y capacitar a gente que sale de las cárceles, cumplida su pena, que desea vivamente no seguir delinquiendo y que son rechazados y descartados justamente por su pasado?
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