Chile, a examen en materia de derechos humanos

Rodrigo Bustos Bottai

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Si bien empezamos el año con una noticia histórica en materia de derechos humanos para Chile y la región, como es la formalización de altos mandos de Carabineros por su posible responsabilidad en las graves violaciones cometidas en el marco de las manifestaciones en octubre de 2019, aún queda mucho por hacer en materia de estos derechos fundamentales. Por eso, este mes Chile estará siendo analizado en el Examen Periódico Universal (EPU).

Este mecanismo pertenece al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas y revisa cada 4,5 años la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los 193 Estados Miembros de la ONU. Se trata de una revisión entre iguales, no de una evaluación por parte de especialistas, y su gran objetivo es mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno desde la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre países.

Este "examen" es relevante porque supone una "garantía internacional" en materia de derechos humanos. Pero, ¿dónde queda el rol de las organizaciones de la sociedad civil en todo este proceso?

Son las organizaciones, como Amnistía Internacional, las que junto a otras entidades aliadas participan con la entrega de informes sobre la situación de los derechos humanos, es decir, es una fuente más para la evaluación final. Una gran oportunidad para incidir, hacer oír la voz de la ciudadanía y presionar a favor de los derechos humanos.

En el informe que se presentará en la sesión de este año se realizan 17 recomendaciones al Estado de Chile para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Recomendaciones que esperamos no sólo sean aceptadas por el país, sino también que se implementen de forma justa. Es ésta la labor de organizaciones sociales como Amnistía Internacional, dar seguimiento a cada una de ellas y su consecución.

Si realizamos una revisión de las recomendaciones que se hicieron hace más de 4 años y que el Estado de Chile aceptó, podemos ver cómo se ha avanzado en algunas como respecto a la responsabilidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, a través del anuncio del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, otras han quedado relegadas, y el Estado sigue al debe especialmente en lo relacionado con el aborto, los pueblos indígenas y las personas migrantes y refugiadas.

Este año el foco de las recomendaciones de Amnistía Internacional está en la evaluación del marco nacional de derechos humanos con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, la agenda sobre seguridad, el derecho de reunión pacífica, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, los derechos de los Pueblos Indígenas, la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y la normativa de la institucionalidad de derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional nos encargamos de dar seguimiento y acompañar este proceso con investigaciones y trabajo de incidencia. Consideramos este mecanismo uno de los más importantes en el sistema multilateral de derechos humanos y alentamos a todos los Estados, y en especial a Chile, a comprometerse siendo activos cuando examinan y, sobre todo, siendo ambiciosos al momento de aceptar las recomendaciones y llevarlas a cabo, tomarse en serio este examen e implementar los compromisos con urgencia.