Contra la impunidad

Eduardo Contreras

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Aunque respetemos, sin compartir, cualesquiera otra conducta  en relación a las crueles violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura, consideramos que desde el punto de vista ético, moral y pensando en el futuro del país, no caben ni el perdón ni el olvido cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Sólo cabe ejercer con rigor la Justicia. No hay otro camino válido.

Un estimado compatriota, periodista, Claudio Iturra, apuntaba con razón : “ La dictadura deshizo la vida de millones de chilenos, dentro y fuera del país. Fue una gran cobardía moral, una usurpación económica y social, una degradación cultural. Ese régimen de terror asesinó, torturó, detuvo arbitrariamente, desterró a cientos de miles. Es una injusticia. Sus efectos perduran y martirizan el presente y futuro de la patria.”

“La Justicia no es un asunto de individuos, pero también lo es. No se reduce a "relatos", ni se la mueve con retórica. Es un tangible fundamento de la convivencia, es un compromiso ético que nos legitima como sociedad.No está sujeta a negociaciones de las coyunturas políticas, aunque sufre sus efectos. Es un fundamento histórico moral.El eventual perdón, es una decisión individual, que no tiene ni puede inhibir la necesidad social de Justicia.” 

He vuelto sobre el tema a propósito de hechos recientes, desde luego el fallecimiento de Sergio Arellano, tenebroso personaje al que Pinochet encargó el asesinato de un alto número de compatriotas opositores al golpe en una operación de aterrar a la población como fue la “Caravana de la muerte” que recorrió el país dejando una sangrienta estela. Como consta de los expedientes judiciales y de las declaraciones de numerosos militares, entre ellos varios de alta graduación, lo de los “consejos de guerra” fue una falsa mascarada.  Supimos además que buena parte de los asesinados no murieron por fusilamiento sino que fueron bajados de los vehículos en que de noche se les trasladaba al paredón y muertos a golpe de corvos abriendo sus vientres y dejándolos desangrarse.

¿Es de justicia que al autor de tamañas aberraciones, pese a que fue procesado,  se le haya perdonado, sin que se le aplicara Justicia? ¡¡Sobreseído por “demente”!! Pesará sobre la conciencia de los jueces que exculparon a ese asesino cuya única demencia fue su crimen, el de entonces, el de la Caravana de la muerte. Una burla al dolor de las víctimas, una burla a la Justicia.

Lamentablemente, no ha sido el único caso. No son pocos los uniformados y civiles que debieran estar hace  años encarcelados, pero siguen gozando de impunidad.Ministros y subsecretarios del dictador, oficiales que sirvieron para la Dina o la CNI y ni qué decir de los gestores de la sedición, posan de blancas palomas. Pese a saberse que hay ex miembros de la Dina en servicio para el ejército, no se toman las medidas correspondientes. Y eso es también impunidad. A su vez los condenados cumplen sus penas en condiciones inaceptablemente privilegiadas.

Lo avanzado en materia de Justicia es producto fundamentalmente del trabajo abnegado de las organizaciones de familiares de las víctimas y de quienes les han apoyado. No ha sido fruto de los gobiernos democráticos; más bien muchas veces ha sido a pesar de ellos.De hecho, salvaron a Pinochet de haber sido condenado en España.

En cuanto a los tribunales debemos decir que, superando su triste papel de los primeros años, el poder judicial finalmente ha asumido su deber de modo mucho más real. Jueces de dedicación exclusiva, aceleración de los procesos, marcan el tiempo que vivimos.

Pasaron los años en que se consideraba prescritos los delitos de lesa humanidad o en que se negaba indemnización a las víctimas o sus familias.Lamentablemente, los medios de comunicación no informan de ello pero lo cierto es que diariamente se dictan nuevos procesamientos en los tribunales.

Sólo en lo que va de este año cerca de 200 nuevos miembros de las FFAA y de carabineros han sido sometidos a juicio. ¿Quién conoce de estas resoluciones judiciales?  Aunque falta mucho por hacer, especialmente respecto de los miles de casos de torturadas y torturados, el mejoramiento del desempeño de los tribunales es sustantivo.

Pasaron los años en que sólo avanzaban las llamadas “causas emblemáticas”.La tarea comenzada con la querella del 98 con Gladys Marín ha dado frutos no sólo con la aplicación de la Justicia sino además con la memoria histórica de la nación.  Es decir con la indispensable constancia para las generaciones de hoy y de mañana de que esto realmente sucedió y además de cómo y porqué los golpistas del 73 emplearon el terrorismo de Estado para imponer el actual modelo de sociedad en que vivimos, llámese  neoliberal o como quiera llamarse, pero en suma un orden social y político que asegura los privilegios de los sectores económicos y políticos que se coludieron en ese plan sedicioso de origen foráneo.

Fueron esos los sectores que se apropiaron de las empresas del Estado, de las riquezas naturales, de tierras, de islas. La privatización total a costa del trabajo de las mayorías.Somos hoy el país con el mayor nivel de desigualdad del mundo.

Sólo para citar unos pocos datos del excelente libro de Daniel Matamala “Poderoso caballero, el peso del dinero en la política  chilena”, ediciones Catalonia – UDP, señalemos que el 0,01 de la población chilena, que son 543 hogares, concentra ingresos personales 1.122 veces superiores al 99,9% restante de la población chilena. Los 5 personajes más ricos del país acumulan ingresos que se miden en miles de millones de dólares anuales. Es el modelo surgido del golpe del 73.

Como si fuera poco los representantes de esos sectores golpistas, apoyados en determinados casos, por algunos que no lo fueron, pretenden hoy seguir controlando y manejando el país aunque para ellos deban valerse de los métodos más ilícitos.

Es noticia diaria el ajetreo en fiscalías por las investigaciones y formalizaciones por  los sucios enjuages de política y dinero, coimas, presiones, empresarios que imponen leyes en su beneficio usando a los parlamentarios que financiaron. Abundan las noticias que dan cuenta de cómo el dinero maneja a importantes personeros de  los sectores políticos de derecha y de centro derecha y a más de alguno que en su tiempo posó de “izquierdista”.

Uno de los casos más recientes ha sido el denunciado por Ciper, relativo al vínculo del ex senador UDI Pablo Longueira – que acaba de renunciar en melodramático show a su partido -  con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y cómo de esa dependencia surgieron las decisiones finales en la tramitación de la ley del royalty minero.No le faltaron defensores a Longueira, y no sólo desde el pinochetismo sino también de sectores que no apoyaron la dictadura, lo que no habla precisamente bien de  aquellos defensores.

En entrevista radial el abogado del acusado, perteneciente al estudio de Jovino Novoa, otro formalizado por ilícitos similares, trató de justificarlo con el argumento de que “cuando se produjo el intercambio de correos electrónicos entre el ex senador UDI y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, no existía la Ley del Lobby". ¡ Vaya defensa!

Particularmente grave aparece la relación entre fondos del ejército y los responsables de la estafa de la financiera  “AC Inversions” actualmente investigada ; en opinión de los investigadores y hasta de los propios denunciados no se trata sólo de miembros de las FFAA, ejército  y armada que hayan invertido y, alertados, retiraran sus recursos, sino de la probabilidad cierta de que se haya invertido parte de los llamados “fondos reservados de la ley del Cobre” lo que sería sin duda gravísimo y se sumaría a escándalos conocidos como “la Cutufa” y el “milicogate”. La respuesta hasta ahora conocida, tanto de los mandos militares como del propio ministerio de Defensa, es sin duda insuficiente.

Para los delincuentes económicos, sean quienes fueren, tampoco ha de haber impunidad.Con ellos ni perdón ni olvido.

Cuanto sucede deriva del peso que subsiste de una dictadura que arrasó con la economía y las conquistas sociales de los chilenos, que regaló las empresas y bienes del Estado a los suyos, incluidos sus familiares como en el caso Soquimich, y que dio origen a la desigualdad económico social que se vive y produjo además el apagón cultural que subsiste y se expresa en la mediocridad que se registra a diario y en la idea de que el objeto de la vida es el consumismo y la tarjetita de crédito aunque se viva endeudado para siempre.

En la  impunidad del modelo un papel de primer orden juegan los medios de comunicación que, con escasas excepciones – desde luego este medio entre ellas - no sólo fueron ayer el escenario de la dictadura sino que siguen siendo hoy el principal aparato ideológico para someter a la población en favor de los privilegiados del sistema.