Derechos Humanos, desafío pendiente

Eduardo Contreras

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En referencia a una eventual acusación constitucional contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que contrariando la Ley han concedido libertades a genocidas, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha dicho que ello constituiría un golpe “en contra del estado de Derecho”.

En nuestra opinión, que es la de la mayoría de quienes hace años estamos junto a las agrupaciones de familiares en busca de verdad y justicia, en estricto rigor, el atropello a la Ley ha sido el de los integrantes de la referida sala judicial. A lo ya dicho en notas anteriores debemos agregar otros antecedentes.

El día sábado 12 de noviembre de 2016, Radio Cooperativa reprodujo una entrevista del entonces Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmestch Urra, en la que él sostuvo públicamente que, “los condenados por delitos de lesa humanidad tienen derecho a libertad”.

Agregó que  “este beneficio es un derecho del condenado y no una dádiva que le otorga el Estado”. Sostuvo categóricamente. “Creo, en lo personal, que no debiera haber ninguna diferencia entre una persona condenada y otra”. Concluyó agregando que, usted sabe que estos militares terminaron hace tantos años, entonces, están siendo condenados a penas altas, (es) gente muy vieja, que está enferma y que tiene dificultades, incluso mentales y físicas. Sería incluso una expresión de respeto a los derechos humanos que mucha gente pudiera salir a cumplir (la condena) a su casa. El derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora viene el derecho humano de los condenados”. 

¿Porqué cito estas declaraciones de hace un par de años?  Lo hago en razón  de que, en conocimiento de sus dichos, en el curso de esta semana presentamos  un escrito en la Corte Suprema en el expediente Rol n° 19042 – 2018 en el que debía ventilarse el mismo tema respecto de otro condenado por delitos de lesa humanidad que solicitaba su libertad a fin de que el señor ministro Dolmestch, integrante de la Sala que debía pronunciarse, se declarara inhabilitado por haber anticipado su juicio sobre la cuestión pendiente. 

Avalaban nuestra solicitud las normas de los artículos 195 N° 8, 196 N° 10 y 320, todos del vigente Código Orgánico de Tribunales que, en síntesis, disponen que los jueces deben abstenerse de expresar y aun de insinuar su juicio respecto de las materias sobre las que deben fallar. Como era de suponer, el ministro no se inhabilitó. 

Pero este es sólo uno de los elementos que confirman nuestra preocupación. 

Hay otros y más graves, como la circunstancia que el abogado integrante de esa misma controvertida Sala, el señor Ricardo Abuauad, que ha concurrido con su voto a liberar genocidas, es socio del mismo Estudio Jurídico, llamado precisamente “Abuauad, Zamora y Compañía”, de Tomás Zamora. Dicho socio es un ex oficial de Carabineros en tiempos de la dictadura y que en julio de 2016 fue procesado como autor del homicidio simple de Lina Garay Tobar, si bien hay constancia que el procesamiento fue dejado sin efecto por la Corte de Valparaíso.

Pese a lo cual Ricardo Abuauad integró la Sala que revisó los amparos de los peligrosos  criminales que quedaron en libertad. Queda claro con lo expuesto que al menos estos dos ministros, los señores Dolmetsch y Abuauad no debieron integrar la Sala. Pero allí están. 

Es más, los miembros de esa sala han proclamado que sólo se limitan a “Aplicar la Ley”. 

Por cierto, no somos los únicos que hemos salido al paso de estas  manifiestas irregularidades. Lo han hecho los más consecuentes abogados chilenos de derechos humanos, además de destacados juristas internacionales, de la Red internacional de Jueces y de las principales agrupaciones chilenas de familiares de las víctimas de la dictadura. 

Se han sumado además las direcciones de las principales organizaciones políticas, sociales y sindicales del país. También las juventudes comunistas, socialistas y democratacristianas. Ha habido presentaciones escritas ante la Presidencia de la Corte Suprema y marchas y  manifestaciones masivas frente al palacio de tribunales en el centro de la capital. Por cierto reprimidas con fuerza por Carabineros. 

Cabe concluir que hay conciencia plena de la gravedad del atropello y de que se ha puesto en marcha una ofensiva encaminada a impedir o al menos retardar el pleno ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en nuestro país. Como si no bastara la impunidad de tiempos de la dictadura y de los primeros años de la transición inacabada. 

Un ejemplo entre muchos de la amplitud ideológica de la justa protesta por esta actitud de una de las Salas del máximo tribunal chileno, la constituye la nota en páginas editoriales del diario El Mercurio suscrita esta semana por los colegas abogados Edgardo Riveros y Hugo Llanos. Recomendamos su lectura.

Ellos también llaman con serio fundamento a respetar los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Chile en el ámbito de la sanción a crímenes de lesa humanidad, incluido por cierto el Estatuto de Roma, y además reiteran la importancia de la norma del artículo quinto de la Constitución Política de Chile que hace obligatorio el acatamiento de esas normas a los órganos del Estado, como hemos citado en notas anteriores. 

El desafío está pendiente, hay que seguir luchando con más fuerza. Ni olvido ni perdón, en aras al futuro de nuestro país.