La catástrofe de los Derechos Humanos en el gobierno de Piñera
A los 30 años del término de la dictadura regresaron a Chile las violaciones de los Derechos Humanos. Así lo supieron y sufrieron, desde el 18 de octubre, los participantes de las movilizaciones sociales que cantaron “Chile despertó”, como un excepcional generador de energía que unió al país en contra de la desigualdad y los abusos que marcan la comunidad nacional.
Pero también ha sido corroborado por los Informes de Amnesty Internacional y de Human Rights Watch, cuyos enviados hicieron un gran esfuerzo de investigación y acopio de información, estableciendo con nitidez y categóricamente que esa pesada lacra del abuso y tormento de las personas, inoculada por más de década y media de abusos en dictadura, estaba encubierta en la mentalidad y en prácticas policiales represivas, que volvieron a dañar hondamente el alma nacional.
Ante el Informe de HRW el gobierno cambió su respuesta reconociendo “dolor” ante la comprobación de lo que todo Chile sabía y que la autoridad negaba, el brutal atropello de los Derechos Humanos.
Sin desconocer la declaración oficial de la subsecretaría de Derechos Humanos, queda claro que la conducción estratégica sobre carabineros falló completamente. Pero, más dramática fue la evidencia del maltrato a las personas, ese mismo día en la noche, cuando una trabajadora en dirección a su empleo en la comuna de San Bernardo, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro, perdiendo la vista en ambos ojos.
En su declaración el gobierno informó que el Director de Carabineros debe presentar una modificación de los “protocolos” en el plazo de siete días. Que tales instrucciones se cumplan es otra cosa, porque el discurso de guerra del Presidente ante los efectivos de la PDI va en la dirección contraria.
Lo que sucede es que la catástrofe de la violacion de los Derechos Humanos rodea y penetra al gobierno por los cuatro costados.
La principal responsabilidad es de su propio discurso, la obsesión con el “enemigo” e ignorar la desigualdad social, de genero, étnica y territorial y los abusos imperantes, desconociendo la legitimidad de la protesta social e insistir en la respuesta represiva a la “violencia vandálica” como lo primordial.
Los saqueos no se deben permitir de modo alguno, pero a los patotas delincuenciales y a los narcos se les hace un favor cuando la fuerza pública deja sin protección extensos sectores populares, así como cuando la represión actúa indiscriminadamente golpeando a toda la población, así se facilita que el lumpen se disfrace como si fuera parte de la lucha contra las injusticias.
Por su parte, las fuerzas populares deben defender sus propios intereses, a quienes viven de su esfuerzo y son explotados, no permitiendo que vándalos insaciables distorsionen en su esencia la demanda social.
Un millón y medio de personas en las calles, el 25 de octubre pasado, obligaron a la autoridad a decir que “el gobierno también cambió”, pero el gobernante no rectificó su mirada confrontacional de la situación del país y mantiene un enfoque que crispa las relaciones del Estado con el movimiento social, durante la semana una vez más, se solazo execrando el “enemigo poderoso e implacable”.
Así lo refleja el proyecto de ley que pretende que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la infraestructura “crítica”, que se envió a trámite con el inserto de un artículo en letra chica que da impunidad a los uniformados que actúen y atropellen a la población, incluso violando los Tratados Internacionales.
Se argumenta que la presencia militar es inevitable, a propósito de la situación del Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, que sufre el impacto de las balaceras de los vándalos o narcos del entorno.
Hay que desactivar y desarmar esas bandas con una rigurosa acción policial.
¿Qué podría hacer un grupo de jóvenes conscriptos con fusiles de guerra, desde un hospital rodeado de casas frágiles, densamente habitadas en que un sólo proyectil atravesaría varios de esos muros con las consecuencias desastrosas de tener víctimas inocentes?
La autoridad no se puede dejar llevar sólo por sus impulsos inmediatos, por mucho que necesite urgentes resultados. Con su errática gestión, Piñera no avanza y se distancia de abrir paso a una Agenda potente en contra de la desigualdad y los abusos. No hay otro camino para el pleno respeto de los Derechos Humanos.
No obstante, Chile despertó y la responsabilidad de la gran mayoría del país es avanzar hacia el Plebiscito que abre la puerta a la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado que sea capaz de dar un nuevo rumbo a la nación.
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