La decadencia de Piñera

Cuando un gobernante llega a la decadencia y ve alejarse el apoyo de la ciudadanía se aficiona a dichos que faltan a la verdad. Es lo que vive Piñera en su afán de validar el “Informe de Inteligencia”por big data y no titubea en afirmar que los videos “son filmados fuera de Chile”, tratando de ocultar que los Derechos Humanos han sido violados reiteradamente bajo su gobierno y eludir su inequívoca responsabilidad política en esos crueles y bochornosos actos en contra de la dignidad humana.

Que luego Piñera tenga que “precisar” lo que resultó burdo e impresentable de sus declaraciones obedece a que las mismas recibieron un repudio transversal, reflejo de la debilidad política y el aislamiento que acompañan la decadencia política del gobernante.

Tampoco podrá detener la acción de la Justicia y quien se convirtió en cruel torturador, mutilador o asesino debe ir donde corresponde: a la cárcel. Por cierto que ello incluye a las autoridades civiles que hayan sido cómplices o hubiesen llegado a encubrir la deleznable violación de los Derechos Humanos.

Millones de chilenos y chilenas saben, por su propia experiencia, que las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos sucedidas desde el estallido social del 18 de octubre son un hecho dramático, que nadie las inventó, que no son un video enviado de “fuera” de Chile.

Son muchas muertes y miles las personas heridas, centenares de ellas mutiladas y abusadas, así como por los apaleos y la toxicidad de los gases son incontables quienes debieron ser atendidos en algún centro asistencial. Asimismo, miles de detenciones y la violencia sexual ejercida contra los manifestantes, en especial, mujeres jóvenes, confirman una acción policial bajo el desenfreno y la ausencia de control de la autoridad civil en los efectivos destinados a labores de orden público.

Entonces, Sebastián Piñera, al satanizar la protesta social como una “guerra”, inflando a un enemigo “poderoso e implacable” que no puede identificar porque no existió materialmente, tiene la responsabilidad política de haber inducido una brutal violencia del Estado que desde su condición de Presidente de la República debió evitar.

Si el general Iturriaga, Jefe de la fuerza del Estado de Emergencia, no es terminante al señalar que no estaba en guerra con nadie, la incitación piñerista habría causado estragos.

Las cifras son públicas, de organismos ampliamente reconocidos, el argumento del “contexto”, al igual que bajo la dictadura, es inaceptable, las víctimas son expresión de una violencia estatal desmesurada, cuya responsabilidad política recae en gobierno. La represión sin control se transformó en un factor político y moral que socava su propia autoridad en forma irreparable. La excusa de la autoridad es el vandalismo de grupos anónimos, indeterminados que le hacen el juego a la misma represión que condenan.

Piñera huye de su responsabilidad política, niega las consecuencias de sus decisiones y de los actos represivos que rigen la acción de su gobierno, ha sido incapaz de frenar y renunciar a las medidas de fuerza que lo han marcado día a día, y al final usa el mito de la conjura exterior, que aún si tuviera un átomo de verdad, no justifica los abusos y graves violaciones a la dignidad del ser humano. La violencia estatal comienza en la decisión de Piñera de dar manga ancha a la acción de carabineros.Las consecuencias ya se saben.

Su decadencia parte al caer en un soberbio auto halago a su propia gestión de exclusión neoliberal, que desconoce el desafío-país: las muchas desigualdades y los abusos que marcan la situación nacional. Mientras la riqueza crece aunque se concentre en demasiadas pocas manos no vio motivo de preocupación o inquietud. Por eso, no frenó desde su inicio la violencia de carabineros y la justificó elocuentemente.

En su retórica Piñera no hubo espacio alguno para corregir el error principal, la violencia del Estado en contra de millones de manifestantes. De allí arranca su propia y primordial responsabilidad en los sucesos que han conmovido al país. El dolor y los sufrimientos posteriores son muy graves y no se rectifican diciendo que no se expresó en forma “precisa”.

Días atrás, en Navidad, dijo qué hay que “dejar atrás todos esos sentimientos de conflicto, de división, de enfrentamiento”, es decir, que la protesta social concluya, que todo siga igual, sin cambios que acojan la demanda social, pero eso, ya chocó con una movilización multitudinaria que expresó una aguda desconfianza ciudadana y el descrédito del orden económico-social, es decir, que los frutos de la paz social y de la estabilidad democrática sean acaparados por un grupo de privilegiados, incluido el gobernante, cuyos constantes ejercicios financieros son suficientemente conocidos por el país en su conjunto.

Son cuatro las instituciones globales que han corroborado las graves violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en Chile desde el 18 de octubre, organizaciones reconocidas como Amnesty Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La última semana en Chile, el Informe del Instituto Nacional de los Derechos Humanos ha confirmado fehacientemente esta realidad.

Además, si algo faltaba para desbaratar la idea de una conspiración desde el exterior ha sido la declaración de la Comisionada de Alemania para los Derechos Humanos, Barbel Kofler, se trata de un gobierno de coalición, desde los demócrata-cristianos a los socialdemócratas, que “condena enérgicamente” las violaciones de los Derechos Humanos en Chile.

El anunciado Informe gubernamental, defendido y elogiado por Piñera en CNN, elaborado según informó, con sofisticada “tecnología de punta”, puso de manifiesto que figuras muy queridas en Chile, como los futbolistas Claudio Bravo y Gary Medel y la cantante y compositora Mon Laferte, han sido un apoyo enorme a los manifestantes, así como, volvieron a desbaratar la estéril insistencia de la autoridad que busca una mano foránea a la que responsabilizar para eludir su propia ineptitud y sonoro fracaso.

La mayor manifestación de la decadencia de Piñera es su insistencia en la conspiración desde el exterior. Pretenderá negar las violaciones de los Derechos Humanos, como si chilenas y chilenos no tuvieran ya suficiente con la colusión de las farmacias, del papel, de los pollos y ahora en la industria del salmón, esa si es una conjura, con tal de estrujar a los consumidores con altos precios previamente establecidos.

En su momento, el gobierno para sus metas se apoyó en alguno de los organismos internacionales de Derechos Humanos que ahora mira con desdén, que cuestiona o minimiza el alcance de sus orientaciones, por ejemplo, al justificar la aparatosa presencia presidencial en Cúcuta, Colombia, para legitimar su posición contra el régimen de Venezuela, en febrero pasado.

Los Derechos Humanos son inviolables y se deben respetar en Chile y en Venezuela. Eso es lo correcto y lo coherente. La actitud de menoscabo hacia instrumentos emanados desde la comunidad internacional, vuelven a indicar que en esa mirada de doble estándar, la globalización existe para los negocios, elevar utilidades y evadir impuestos en los paraísos fiscales y desaparece si se trata del respeto a la dignidad del ser humano.

Pero, la ideología autoritaria no asume que los Derechos Humanos son un valor universal, fundamental, indivisible en ideologías o preferencias políticas o partidistas.

Por eso, la decadencia se manifiesta cuando el gobierno minimiza los Informes internacionales y sus funcionarios caen en absurdas excusas justificatorias, retomando la teoría del “contexto”, por eso, carecen de la fuerza política y moral para rectificar al general Rozas, cuando habla de “desgraciados” e ”infelices“ refiriéndose genéricamente a los manifestantes.

En los hechos el gobierno ignora el principio que la violencia del Estado es inadmisible en toda circunstancia, que no hay “guerra” que pueda justificar el atropello de la dignidad de la persona humana, que ningún manifestante debe ser humillado, vejado o violado en una unidad policial o aplastado brutalmente por un vehículo lanza gases como pasó el viernes 20 en la noche. Y más grave aún, que cometido ese brutal delito, el Alto Mando de Carabineros defina el hecho como un “accidente de tránsito”.

En consecuencia, el tema no es como dijo, otra vez desafortunadamente el Canciller, de “informes más o informes menos”, siempre esquivando el tema de fondo, el uso de una violencia estatal extrema contra los manifestantes.

Por el contrario, el Estado debe respeto a cada una de las personas que forma parte de la sociedad chilena y su obligación es brindarles protección y resguardo. Es penoso que esa conciencia no se observe en la conducta de los efectivos policiales ante los participantes de la movilización social.

En el caso de Oscar Pérez, manifestante que es aplastado y atropellado entre dos vehículos lanza gases, se observa una saña represiva fuera de cualquier control. Porque ¿tenían que triturarlo, como ocurrió, brutalmente?

También hay una completa ausencia de humanidad cuando una bomba lacrimógena se convierte en un proyectil que es lanzado directamente a la cabeza de los jóvenes manifestantes, como Geraldine Alvarado, de 15 años, que malherida permaneció largos días en estado de coma, a punto de perder la vida, por la brutalidad represiva. Así se desnuda el fracaso de la autoridad civil que actúa con un cuerpo policial sin límites en su conducta y que ignora totalmente los Derechos Humanos de los manifestantes.

Por eso, resulta ilegítimo pedir una legislación particular para otorgar un Estatuto especial de protección, para blindar la acción represiva de Carabineros como pretende Piñera, en los hechos creando dos clases de chilenos; por lo demás, el texto de la actual Constitución impide que se establezcan dos tipos de personas, con una especie de casta privilegiada autorizada para aplastar y estar por encima del país al que pertenecen.

El “respeto” que pide el gobernante hacia las fuerzas de orden y seguridad exige otra mentalidad, suprimir la ira represiva por una doctrina de auténtica consideración a la ciudadanía a la que se deben esos funcionarios financiados por la sociedad en su conjunto para protegerla y no abusarla.

¿Porqué Piñera, como Jefe de Estado no hace cumplir obligaciones constitucionales que son básicas en quienes son, precisamente, sus subordinados? La decadencia de Piñera se acentúa cuando su autoridad ya no sirve, se desacata o resulta ser un espejismo.

¿Tiene miedo de no ser obedecido?, o cree que la represión “dura” va a resolver el dilema que hoy vive el país, a punta de balines, gases, golpizas, palos y patadas?

¿Tan elemental piensa, que es el desafío social que está planteado o tan rudimentaria se ha vuelto la forma de pensar en su gobierno ?

Al parecer el factor de la decadencia no tendrá solución en el próximo tiempo.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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