La pandemia ahonda la crisis de derechos humanos
El Estallido social hizo evidente que en Chile el déficit de protección y garantía de los derechos humanos es uno de los legados de la dictadura que nos sigue hasta hoy.
Por una parte, la falta de garantía y protección de los derechos sociales y por otra, el escaso espacio democrático para la participación ciudadana, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha conducido a una crisis de derechos humanos que se manifestó con millones de chilenos y chilenas en las calles de todo el país.
Producto de esa crisis se produjo otra, la grave violación a los derechos humanos de miles de personas que fueron torturadas, mutiladas, violentadas sexualmente, detenidas arbitrariamente, amenazadas y que murieron por manifestar su descontento.
Hechos que fueron acreditados por organizaciones multilaterales e internacionales no gubernamentales.
No obstante, el gobierno no sólo quiso minimizar los hechos, ya que a esto se suman las pocas acciones que ha emprendido para investigar y sancionar los actos cometidos fundamentalmente por Carabineros.
Actitud que ha reforzado un clima de impunidad al que se añade ahora el abandono de amplios sectores de la población producto de la pandemia.
No es posible desvincular lo que ha pasado de lo que estamos viviendo. Tanto el origen del Estallido social, como sus consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos han dejado en evidencia un modelo económico, político y social que se mantiene a costa de la violación reiterada de estos derechos.
Una y otra vez, el Estado falla en respetar y garantizar derechos políticos, económicos, sociales y culturales y con ello profundizar la desigualdad que desde la Constitución del 80 ha terminado por desgarrar este país.
La pandemia no ha hecho más que profundizar la crisis de derechos humanos. El abandono y la indolencia con que el gobierno la ha enfrentado ha dejado al descubierto la incapacidad de este Estado para cumplir con su finalidad; el desarrollo del máximo bienestar sobre la base de que todos y todas merecemos el mismo trato y condiciones que nos aseguren una vida digna ahora y para las próximas generaciones.
La respuesta del gobierno ha sido insuficiente, y tardía, provocando muertes innecesarias, hambruna, desempleo y pobreza que en parte eran posibles de evitar.
No ha sido la irresponsabilidad de los ciudadanos/as que incumplen la cuarentena, ha sido un gobierno que no conoce ni comprende el país, que responde con represión a la desesperación que surge ya en los barrios de las ciudades más afectadas con el virus, que abandona a la población mayor en sus establecimientos de larga estadía, que desinforma y detiene a los periodistas por hacerlo, y que como única solución, además de migajas, insiste en postergar pagos como si chilenos y chilenas no estuviéramos ya suficientemente endeudados.
Las crisis se acaban, al menos en su dimensión más manifiesta, pero si no se tocan las causas que le dieron origen o si sus soluciones no alcanzan a reparar sus consecuencias permanecen latentes hasta la próxima oportunidad.
Hasta ahora, ni se han enfrentado las causas ni se han reparado los daños, ambas condiciones mínimas para sostener una mejor democracia.
El proceso constitucional que se abre el 25 de octubre es fundamental para el cambio de las reglas del juego que están en la base del déficit democrático y de derechos humanos. También son una forma de reparación.
Algunos sectores señalan que una nueva Constitución no impacta en la vida de los chilenos y chilenas. No es cierto. Es la diferencia entre un déficit sistémico de derechos humanos y la obligación de reconocerlos y protegerlos más y mejor, entre la exclusión y/o desafección ciudadana y la participación y compromiso de las personas que comparten una misma comunidad política; entre la invisibilidad y la discriminación y el respeto a la diversidad que nos constituye como sociedad.
Es la oportunidad que tenemos para que nunca más en Chile vuelvan a violarse los derechos humanos y para que el Estado vuelva a poner en el centro del pacto social, político y económico la dignidad y los derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas que compartimos una historia y buscamos un futuro común.
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