La señal política tras el nombramiento de Fernando Rabat

Matías Rodríguez Galaz

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La designación de Fernando Rabat como ministro de Justicia del Presidente electo José Antonio Kast ha sido presentada como parte de un gabinete construido bajo criterios "técnicos". Sin embargo, basta observar la trayectoria del nombrado para advertir que estamos ante algo distinto: una definición política profunda sobre cómo el próximo gobierno concibe la justicia, los derechos humanos y la relación del Estado con su pasado autoritario.

El triunfo de Kast no es un accidente electoral ni un simple péndulo político. Es expresión de un cambio de época, en el que el eje democrático se ha desplazado hacia un clivaje donde el orden, la seguridad y la eficacia se imponen como valores superiores a la deliberación democrática y a la protección de derechos. En ese contexto, los nombramientos ministeriales no son neutros: son mensajes. Y el que emite el Ministerio de Justicia es inequívoco.

Fernando Rabat no es un técnico desprovisto de historia. Se formó políticamente en el entorno de Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad, y fue parte del equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en el caso Riggs, una de las investigaciones más relevantes sobre el enriquecimiento ilícito del dictador. Su trayectoria está vinculada al núcleo duro del pinochetismo jurídico, aquel que no solo defendió al régimen, sino que buscó blindarlo judicial y simbólicamente durante décadas.

Su llegada a Justicia no es, por tanto, un simple nombramiento administrativo. Es una señal política en torno al negacionismo. Define el lugar que ocuparán los derechos humanos, el sistema penitenciario, las reformas legales pendientes y la memoria histórica en el nuevo ciclo político. Es también un mensaje hacia los organismos de derechos humanos y hacia quienes entienden la justicia como un pilar democrático, y no como un mero instrumento de control social.

En este punto, resultan relevantes las declaraciones del actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien ha señalado que "no prejuzgaría antes del inicio de una administración", reconociendo la importancia del Plan Nacional de Búsqueda y su valor no solo para las familias de las víctimas, sino también para el resguardo de la democracia chilena. Esa prudencia institucional es atendible. Pero no elimina el problema de fondo: las señales políticas importan, especialmente cuando provienen de carteras que administran memoria, verdad y justicia.

Este nombramiento se inscribe en un proceso mayor: la recomposición de una derecha que ha dejado de incomodarse con su vínculo histórico con el autoritarismo. El negacionismo ya no opera desde los márgenes del sistema político. Hoy ocupa espacios centrales de poder y se presenta como respuesta al miedo, a la inseguridad y a la percepción de abandono estatal.

Las cifras acompañan este clima: cae la confianza en la democracia, aumenta la indiferencia política y crece la valoración de liderazgos autoritarios. Pinochet no reaparece como pasado, sino como síntoma de un presente que percibe que la democracia no protege ni garantiza futuro. En ese escenario, el nuevo gobierno no improvisa: traduce esa nostalgia en validación institucional.

Por eso, este nombramiento no puede leerse como una decisión técnica. Es una toma de posición. Un modo de entender la justicia no como garante de derechos, sino como ejercicio de autoridad; no como espacio de memoria y reparación, sino como clausura del pasado. Cuando el negacionismo deja de incomodar y comienza a gobernar, la democracia no está simplemente en crisis: está siendo reemplazada. Y frente a eso, el silencio o la normalización no son neutralidad. Son, en los hechos, una renuncia a las convicciones democráticas.