Memoria, democracia y futuro
Hoy se conmemoran 51 años del golpe de Estado cívico-militar, que puso fin al orden republicano y constitucional en nuestro país en 1973. Cada año que pasa recordamos con mucho sentir a quienes nos faltan, solidarizamos con las familias de las víctimas y abrazamos a los sobrevivientes de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Son ellas y ellos quienes persisten con inquebrantable amor por nuestro pueblo, en ser precursores del recuerdo del pasado y la acción por los derechos humanos en el presente.
Para reparar la profunda fractura que sigue abierta en nuestro país, todos los actores de la sociedad deben hacer su parte. Tanto desde las instituciones responsables por acción u omisión, como desde los sectores políticos que debemos con una sola voz decir que Nunca Más se pueden quebrantar los valores de la democracia, que nuestro pueblo aprecia como el espacio para dirigir nuestro futuro.
La lucha del movimiento por los derechos humanos es lo que ha mantenido vivo uno de esos valores democráticos fundamentales, como lo es la defensa y promoción de estos. Es por ello que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha hecho de la participación un eje central en las políticas públicas en la materia. Sin ir más lejos, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue construido con aporte de los familiares y organizaciones que sostuvieron dicha búsqueda por años, mucho antes que el Estado se hiciera responsable. Para ello se realizaron 67 encuentros en todo el país con familiares, agrupados y no agrupados, en los que participaron 775 personas. Se suman los más de 4 mil participantes que presencial o virtualmente estuvieron en los cinco seminarios realizados durante el proceso de diseño.
Como el Presidente de la República y el ministro de Justicia y Derechos Humanos dieron cuenta el pasado 30 de agosto, no hemos parado de trabajar por los objetivos del plan. El primero es establecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, reconstruyendo sus trayectorias y estableciendo la verdad judicial y administrativa correspondiente. Para lo anterior, hemos avanzado en la configuración de la nómina única para las 1.469 víctimas y sus trayectorias; hemos intervenido en 511 procesos judiciales, monitoreando el cumplimiento de penas de 364 exagentes estatales condenados. Además, en la primera entrega del Catastro Nacional de Archivos Públicos relacionado al plan, identificamos más de 36 mil soportes de documentación de interés, esto incluyendo una primera relevación documental de los archivos del Ministerio de Defensa, a través de su proyecto Mnemósine.
El segundo objetivo es la participación y el acceso a la información, tanto de las familias como de la sociedad. Y es que la participación no ha concluido una vez diseñado el Plan, teniendo solo este año 98 encuentros a lo largo del país, en que estuvieron presentes 1.215 personas, incluyendo familiares y organizaciones.
Por último, en tercer lugar, el objetivo de establecer memoria y medidas de no repetición. Con el propósito de hacer accesible la información a toda la sociedad, es que se encuentra en sus fases finales de desarrollo el portal web del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que permitirá acceso a la información disponible hasta el momento sobre trayectorias de las víctimas, así como el desarrollo propio del plan.
Estos objetivos tienen su complemento en otras materias en las que el Gobierno ha estado interviniendo en lo sucesivo. En lo que respecta la memoria, el Presidente ha instruido la recuperación de sitios cruciales para la historia del país, tales como el caso de Irán 3037, centro de detención, tortura y violencia político sexual; así como el inicio del proceso de expropiación para constituir un sitio de memoria en los terrenos de la ex Colonia Dignidad.
En lo que respecta a la verdad y la justicia, el Presidente ha dado inicio a una conversación nacional de gran importancia, sobre el acceso a los distintos archivos de las comisiones de verdad de las últimas décadas. Comenzando por indicar iniciativas legislativas en trámite para poder entregar acceso a los Tribunales de Justicia y al Plan Nacional de Búsqueda, a los antecedentes recogidos en las Comisiones Valech I y II. Ha igualmente instruido que las carpetas de cada uno de los casos de la Comisión Rettig, sean puestas a disposición de las familias de cada una de las víctimas y, con su consentimiento, poder abrir su acceso público.
Finalmente, en materias de no repetición, se ha decidido dar un impulso a la tramitación del proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas como delito autónomo, integrándolo a nuestro Código Penal.
Cada año ofrece la oportunidad de hacer un balance y proyectar. La responsabilidad que este gobierno ha hecho y seguirá haciendo suya es consolidar un Estado y una República consciente del peso histórico de sus acciones y responsable en el cumplimiento de sus obligaciones cuando los derechos humanos son violados: esclarecer, hacer justicia, reparar, recordar y no repetir.
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