El derecho a decidir la ciudad en que queremos vivir
Chile atraviesa un momento de transformación profunda en su tejido urbano. Durante décadas, hemos sido testigos de cómo nuestras ciudades crecen a un ritmo vertiginoso, mientras las reglas que deberían ordenarlas se han quedado estancadas en el siglo pasado. Hoy el desafío no es solo técnico, sino profundamente político y social: ¿Quién decide cómo vivimos?
En muchas comunas del país, los Planes Reguladores Comunales (PRC) vigentes fueron diseñados con realidades de los años '90. Es una desconexión alarmante. Hablamos de una época previa a la expansión masiva del Metro, antes del auge de las autopistas urbanas, y mucho antes de que la densidad poblacional y de parque automotriz alcanzaran los niveles críticos que observamos hoy.
Seguir gobernando el territorio con herramientas de hace 30 años es, en la práctica, renunciar a la gestión del bienestar de los vecinos y entregar el porvenir a los intereses de terceros que ni siquiera conocen nuestra comuna.
El plan regulador como ejercicio de soberanía
Es fundamental entender que un plan regulador no es solo un trámite burocrático de largo aliento. Es, en esencia, un ejercicio de soberanía ciudadana. Es la herramienta que define las "reglas del juego": Qué alturas permitimos, dónde protegemos la identidad residencial y cómo damos certezas tanto a la inversión inmobiliaria como a las familias que llevan toda una vida en un barrio.
Sin una planificación actualizada, el crecimiento se vuelve errático y, a menudo, violento. Ya conocemos las consecuencias de una regulación extremadamente permisiva o inexistente: Los tristemente célebres "guetos verticales" y los llamados "edificios del mal". Estos no son solo errores arquitectónicos; son fallas en la política pública que generan:
- Saturación del sistema de alcantarillado y servicios básicos
- Colapso vial y uso irregular del espacio público
- Aumento de incivilidades y deterioro de la salud mental de los residentes
Vivienda de Interés Público: el arraigo como prioridad
Actualizar la mirada urbana nos permite fomentar la Vivienda de Interés Público (VIP). En un Chile, donde el magro acceso a la vivienda ha dado paso a una crisis nacional, no podemos permitir que los jóvenes nacidos en comunas como la nuestra tengan que emigrar hacia la periferia porque no se construye para ellos o, porque, simplemente, el sistema los margina de la obtención de una vivienda que no sea social. Bien sabemos las dificultades que tiene la clase media para acceder hoy a un crédito hipotecario y el altísimo valor que, además, tienen los inmuebles que se ofertan en zonas cercanas a la red Metro, por ejemplo.
La planificación moderna debe ser capaz de atraer inversión responsable que genere empleo y servicios, pero con un límite claro: La calidad de vida no se transa. No se trata de estar en contra del crecimiento, sino de exigir un progreso armónico y sustentable.
La ciudad no se dibuja desde un escritorio
El futuro urbano no puede nacer únicamente de un equipo de consultores o desde un escritorio municipal. Para que un ordenamiento territorial sea legítimo, debe ser necesariamente participativo. La construcción de la "imagen objetivo" de una comuna -ese horizonte de cómo queremos vernos en 20 años- requiere de audiencias públicas, consultas ciudadanas y de un diálogo honesto con la comunidad.
No puede ser que las decisiones sobre el "cómo se vive" en un lugar, y las consecuencias de dichas decisiones de planificación sean tomadas por personas de otras comunas que no viven ni sufren ni conocen las realidades periféricas, ni tampoco por institucionalidades que benefician al sector inmobiliario, sin importarles las consecuencias sobre los barrios y las comunidades afectadas.
La ciudad del futuro no es algo que simplemente nos va a pasar por encima; es algo que debemos decidir con autonomía y respeto por nuestra historia.
Estamos frente a una oportunidad histórica de transitar hacia ciudades más equitativas y ordenadas. El proceso es largo y complejo -puede tomar años entre diagnósticos, aprobaciones y consultas-, pero es el único camino para asegurar que el bienestar de las próximas generaciones no quede al arbitrio exclusivo del mercado, sino bajo el resguardo de una visión común. Decidir el lugar donde vivimos es, al final del día, decidir cómo queremos convivir.
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