El lunes después
La primera vez que rayaron un baño con una amenaza de tiroteo, suspendimos las clases. Se activó todo el protocolo como debe ser: informamos a profesores y familias, a las autoridades e incluso llegaron cinco autos de seguridad ciudadana y Carabineros. Fuimos a denunciar a la PDI. La segunda vez no suspendimos clases. Solo informamos a los profesores. Llegaron dos autos, uno por cada puerta. No fuimos a la PDI sino a Carabineros, quienes nos llevaron a la comisaría a realizar la denuncia.
No hubo tercera vez. Y pronto dejamos de revisar los baños varias veces al día.
Cuento esto no para señalar culpables, sino porque esa secuencia describe con bastante precisión lo que nos pasa como país con la educación: la primera vez reaccionamos con todo. La segunda, con menos. A la tercera, ya nos acostumbramos. Y cuando ocurre algo grave de verdad, nos sorprendemos como si fuera la primera vez. Pero me hizo ruido algo más. En las últimas semanas he ido viendo el mismo patrón, solo que a otra escala.
Hacienda propone descontinuar $556 mil millones en subvenciones escolares y eliminar programas de lectura. Después de Calama, el Gobierno ingresa proyectos centrados en detectores y sanciones. Hace pocos días, Interior propone que colegios y jardines entreguen datos de familias migrantes en procesos de expulsión. En los tres casos, el patrón es el mismo: el lunes siguiente aparecen las cartas, las columnas y las declaraciones de expertos explicando por qué la medida no toca el fondo.
Hacia la autoridad: ¿Por qué la educación se sigue gobernando con la lógica de la emergencia? Hacienda propone recortes sin que el mundo escolar esté en la mesa. Interior diseña una política migratoria sin medir el impacto en la escuela. Seguridad responde a la violencia escolar con herramientas que los propios directores dicen que no tocan el fondo. No es un juicio político, es una observación técnica: las decisiones se toman en un piso y las consecuencias se viven en otro.
Pero también hay que mirar hacia el mundo educativo. Llevamos años en modo reactivo, corriendo detrás de cada anuncio con cartas al director y columnas de emergencia. Y eso tiene un costo: cuando siempre estás explicando por qué algo está mal, pierdes la capacidad de proponer lo que estaría bien. La energía se va en el incendio del lunes y no queda nada para construir el viernes. ¿O será que ya perdimos la esperanza de que nos escuchen?
Y hay una tercera mirada, la más incómoda: la que apunta hacia nosotros mismos. Como sociedad le pedimos a la escuela que enseñe, forme, contenga, prevenga, detecte, denuncie y repare. Y cuando algo desborda esa capacidad, preguntamos por qué no hizo más. Pero hay dolores que ninguna comunidad educativa puede cargar sola: el colapso de la salud mental, la soledad de muchos niños, la fragilidad de tantas familias. Nada de eso empieza en la sala de clases ni termina ahí.
Chile necesita que las personas que trabajan en educación estén en la sala cuando se toman las decisiones, no fuera redactando la reacción. Y necesita que quienes gobiernan entiendan que consultar antes es una condición para que las cosas funcionen. No se puede pedir que la escuela además sirva de brazo operativo de la política migratoria o de la política fiscal.
Semanas después de que dejamos de revisar los baños, tuvimos que expulsar a un estudiante por Ley Aula Segura. Al día siguiente le pegaron a una profesora. La escuela había seguido funcionando, pero el problema no se había ido, solo habíamos dejado de mirarlo. Y eso es exactamente lo que pasa a escala país: la escuela tiene un propósito centrado en el aprendizaje y ese propósito se sostiene sobre un vínculo de confianza que es frágil y que, una vez roto, cuesta años reconstruir.
A los niños invisibles no los detecta ningún pórtico ni ninguna base de datos. Los detecta un adulto presente que tiene las condiciones para estar ahí. Ese es el debate que todavía no hemos tenido con la seriedad que merece. No el de la emergencia del viernes, sino el del lunes después, cuando las cámaras se van y todo sigue igual.