Una reflexión sobre la migración en Chile
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señalo que "no se va a retroceder en indicación que busca que instituciones de salud y educación den información de migrantes irregulares al Estado". Por su parte una mujer boliviana que vive en Valparaíso, llamada Kenia, sufrió dos intentos de expulsión debiendo dejar a su hija de 6 años abandonada en Chile.
Gracias al abogado del Instituto Católico Chileno de Migración ha logrado sortear la situación pudiendo permanecer en el país, viviendo ella y su hija con permanente temor de ser nuevamente arrestada y expulsada. Cuando se le pregunta ¿qué pasará con su hija?, la respuesta fría es: se quedará con su familia.
Se constatan así dos situaciones, por una parte la posición del Gobierno y por otra, la de las personas afectadas por las consecuencias de la migración irregular.
En el caso de la posición del Gobierno se quiere obtener información de los migrantes cuando ellos requieran servicios públicos. Pero como ha sido frecuente en esta administración, las cosas no se declaran con verdadera certeza. Esta afirmación del subsecretario es diferente a la que han dado otros miembros del Ejecutivo, de que solo se empleará cuando haya una orden de expulsión y hubiese que ubicar al infractor. Su declaración ambigua refleja, al parecer, la obtención de información a todo evento.
Para el gobierno de Kast, la soberanía territorial era una prioridad en su campaña. Por algo señaló que los 300.000 migrantes irregulares existentes en el país tenían sus días contados. Frente a la nula respuesta después de más de dos meses de gobierno, el Presidente señala que era una "metáfora". Para muchos realmente es una mentira.
Su gobierno ha impulsado el llamado "Plan Escudo Fronterizo" que contempla mayor presencia militar, zanjas y barreras físicas, vigilancia tecnológica, controles migratorios reforzados, y coordinación entre Fuerzas Armadas y policías. Desde esa lógica, Kast ha planteado que la inmigración ilegal no es solo un problema humanitario, sino también de seguridad nacional; y está asociado al narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y bandas internacionales como el Tren de Aragua.
Bien, efectivamente la migración irregular es un gran problema nacional. Es cierto que con ella la delincuencia ha aumentado, también su llegada ha generado un aumento de la desocupación dado que hay más demanda laboral y el país no ha crecido lo suficiente para absorber esta gran cantidad de nueva población. Sin embargo, enfrentar el problema significa actuar con una necesaria flexibilidad. No puede actuarse de la misma manera con los que desean entrar al país con los que ya está adentro. Para ello se requiere una mirada mucho más humanitaria, realista y desideologizada.
El Gobierno está reconociendo que no tiene cómo expulsar a 300.000 migrantes irregulares, tampoco caben en cárceles o espacios de confinamiento (cosa que se les hizo presente durante la campaña y señalaron que ellos lo resolverían). Cabe recordar que el gobierno anterior invitó a estos migrantes irregulares a autodenunciarse y quienes lo hicieron confiaban en su regularización y hoy terminan perseguidos, mostrando con ello una gran falta de seriedad del estado chileno.
No todos los migrantes son delincuentes, lo son solo un número muy reducido de estos cientos de miles.
Quisiera recordarle al señor Presidente, que sabemos es un activo católico, que el evangelio señala en los actos de misericordia "fui forastero y me acogieron" (Mt 25,35). La Doctrina Social de la Iglesia se basa en un principio central: toda persona humana posee una dignidad inviolable, independientemente de su nacionalidad, situación legal, cultura o condición económica. Desde esa base, la Iglesia ha desarrollado una doctrina amplia que combina el derecho a migrar, el deber de acogida y también el derecho de los Estados a regular ordenadamente sus fronteras.
Reafirma el valor de la dignidad humana; toda persona vale más que cualquier consideración económica o política. El bien común; las políticas migratorias deben proteger tanto al migrante como a la sociedad receptora. La solidaridad; existe obligación moral de ayudar a quien sufre necesidad extrema.
El papa Francisco reconoció que cada país tiene límites reales, la integración requiere responsabilidad, no toda migración puede ser absorbida ilimitadamente. Pero también señaló el deber de acoger, proteger, promover e integrar. Criticando la indiferencia ante los migrantes, la trata de personas y políticas deshumanizantes.
Le ruego, Presidente Kast, que establezca una política realista frente a los migrantes. Que termine con esta persecución hacia quienes están irregularmente, en pro de la dignidad humana y la caridad. Usted, como miembro del Instituto de Familia de Schoenstatt, sin duda que tiene como objetivo construir una "sociedad familia", donde cada grupo nuclear logre su plenitud de desarrollo, con especial dedicación por los niños. No puede querer un país desintegrado, odioso, conflictivo e ideologizado, con una especie de soplonaje que destruye toda relación por el miedo y la violencia. En una sociedad familia todos tenemos un lugar por el amor, el respeto de toda dignidad humana y la solidaridad, gestando así una sociedad fraterna. Aquí también tienen espacio los migrantes.
Pedimos que se establezcan normas que permitan regularizar la situación de Kenia y su hija y de todos quienes desean vivir en paz en el país. A los delincuentes actuar con todo el peso de la ley y expulsarlos si fuere necesario.