Tenía 20 años cuando en 1975 el Estado chileno sacó el Decreto Ley 1094 que establece normas sobre extranjeros en Chile. Fue bajo la dictadura que se elaboró una norma que se aplicaría de ahí en adelante a quienes quisieran visitar nuestras tierras. Sin embargo, nuestro país vivió largos años de aislamiento y ello permitió que dicha ley no fuera motivo de análisis durante mucho tiempo.
Pero con la llegada de la democracia, Chile no sólo se abrió al mundo para restablecer los lazos económicos y de cooperación, sino que también abrió sus fronteras a los extranjeros como una forma de devolver la mano a los países que ayudaron a los miles de chilenos que vivieron el exilio.
Esa apertura y la estabilidad económica del país, transformaron el país en un lugar de oportunidades para aquellos que buscan mejorar su vida. Pero la decisión de políticas abiertas no fue acompañada de un mejoramiento o derechamente una modificación de la Ley migratoria y ello provocó que los últimos años entraran al país miles de inmigrantes sin que el Estado esté en condiciones de garantizarles sus derechos mínimos. Esto permitió que se abriera un espacio para los abusos, violencia y desamparo de los extranjeros que llegan a Chile.
La precariedad de la ley también comenzó a vulnerar los derechos básicos de los menores de edad que llegaron a Chile de la mano de sus padres. Por ello, la idea es que la nueva Ley Migratoria proteja los derechos de los niños desde que cruzan la frontera porque existen casos en que infantes han quedado en el total desamparo porque sus progenitores han sido detenidos al ingreso del país y no tienen nadie que se ocupe ellos.
Considero fundamental que la nueva normativa entregue a los hijos de inmigrantes todos los servicios de protección social, como el derecho a la escolaridad, salud y vivienda, que dicho sea de paso son los pilares fundamentales de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas.
Asimismo la nueva Ley Migratoria debe contemplar la creación de un servicio o figura que concentre la labor relacionada a los extranjeros, porque no estoy de acuerdo en lo planteado por mi gobierno en cuanto a que el tema quede relegado a una coordinación de los distintos ministerios. Esa propuesta no tiene destino porque en el servicio público se requieren jerarquías para que el sistema funcione bien.
Por ello mi propuesta va en la dirección que exista un “Servicio Migrante” que esté empoderado y que pueda tener la categoría de un subsecretario u otro tipo de autoridad. La idea es que pueda hacer valer su palabra y resolver cuando exista un problema que involucre un determinado ministerio.
El proyecto también debe dejar claro que los extranjeros que vienen a Chile no pueden burlar el sistema. Hoy muchos inmigrantes, especialmente haitianos y venezolanos llegan al país con visa de turistas, pero en el fondo vienen a buscar trabajo y eso genera abusos en el ámbito laboral informal, incluso en los altos precios que deben pagar por un lugar donde vivir. Hay que terminar con esa situación y devolver la dignidad a las personas.
Otro tema que no puede estar ausente en la nueva normativa es la situación de la mujer que acompaña a su marido. Esto porque ella queda asociada a la visa del hombre y un fenómeno que se está recién manifestando entre los inmigrantes es la violencia contra la mujer, quien no se atreve a denunciar las agresiones porque teme perder la visa, ya sea porque el hombre se va preso o derechamente es expulsado del país.
Por ello la nueva normativa debe contemplar que la mujer y los niños queden protegidos en caso que puedan existir temas de violencia. Me voy a involucrar personalmente en esto porque aquí hay casos en que las mujeres comienzan a soportar agresiones y los niños quedan en la mitad de los golpes y eso no puede ocurrir.
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