Chile atraviesa una crisis institucional sin precedentes que ha permeado hasta los cimientos del sector público. Como representante de los técnicos jurídicos, observo junto a mis asociados una degradación sistémica donde el tráfico de influencias y las militancias partidistas han desplazado al mérito. Quien aspire a reconstruir las confianzas no puede cometer el error de reciclar a los mismos rostros de siempre ni rodearse de teóricos de escritorio; necesita construir gobierno desde la experiencia viva.
Los chilenos parecemos estar "curados de espanto", esperando el próximo escándalo de una élite cuyo único sustento son títulos nobiliarios usados para completar gabinetes mediante el cuoteo. La distancia entre el poder y la ciudadanía solo se reducirá sumando cuadros técnicos donde prime la experiencia por sobre el cartón académico.
Específicamente sobre el gabinete en conformación, debemos entender que son los técnicos y administrativos quienes realmente hacen que los derechos se materialicen. El sistema judicial es el ejemplo más crudo: profesionales con formación sólida son tratados como piezas de recambio, mientras una élite endogámica administra el poder sin haber pisado jamás la realidad de un servicio público desbordado. Invito a la autoridad a mirar hacia esta "cantera" de trabajadores públicos para completar sus equipos.
Este nuevo ciclo ofrece la oportunidad de alcanzar una "eficiencia ética". Chile no requiere más expertos en "gobernar" desde la abstracción; requiere personas que mantengan el país en funcionamiento con la misma eficacia con que hoy operan dentro de un CESFAM, una escuela o un tribunal. En ese espacio, los expertos somos nosotros: los intermediarios reales entre la ciudadanía, las pymes y los sindicatos.
Sin embargo, el riesgo persiste. Si el diseño de la rama de subsecretarios de Kast se limita únicamente a una tecnocracia conservadora que recurre solo a círculos de confianza, familiares o correligionarios, estaremos boicoteando nuevamente el desarrollo del país. La derecha y la izquierda no parecen diferenciarse cuando propuestas como la Asignación Técnica Universal o la ampliación del ius postulandi son tildadas de "privilegios gremiales" por la élite. Son la base mínima para corregir una injusticia estructural. La justicia social es imposible si quienes mantenemos viva la institucionalidad seguimos siendo vistos como mano de obra secundaria.
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