Chile ante el retorno de la ultraderecha
La expresión "cómplices pasivos" fue utilizada por el expresidente de la República, Sebastián Piñera, para referirse a sectores civiles de la derecha política que, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973–1990), omitieron denunciar o enfrentar los crímenes sistemáticos de lesa humanidad cometidas por el aparato represivo del Estado. En ese contexto, dichos actores que, eludiendo una responsabilidad política y moral y sin participar directamente en los crímenes, contribuyeron a su persistencia mediante el silencio o la inacción.
Durante ese período, Chile vivió una de las dictaduras más represivas de América Latina, caracterizada por crímenes de lesa humanidad sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura metódica, exilio masivo, y un modelo económico ultraneoliberal impuesto por la fuerza. Tras el retorno a la democracia en 1990, el país inició un largo y complejo proceso de reconstrucción institucional, memoria histórica y ampliación gradual de derechos civiles, sociales, políticos y económicos.
En las últimas cinco décadas, estos sectores han accedido en dos ocasiones al gobierno mediante elecciones democráticas. El escenario actual, sin embargo, es interpretado por diversos analistas como cualitativamente distinto: no solo se trataría del retorno de actores asociados pasivamente al período dictatorial, sino de fuerzas políticas que reivindican explícitamente el régimen de Pinochet. La entrada a La Moneda de la neoultraderecha ha sido leída, desde esta perspectiva crítica, como la incorporación de una corriente que ha relativizado o justificado, además, ostentosamente, los crímenes de lesa humanidad cometidas por la dictadura.
Durante más de tres décadas, la centroderecha chilena realizó un proceso gradual -y para algunos insuficiente- de distanciamiento del régimen militar, reconociendo finalmente el carácter represivo y violatorio de derechos humanos esenciales. Este reconocimiento tardío contrastaría con el actual contexto internacional marcado por el ascenso de movimientos de neoultraderecha que, pese a definirse como "antisistema", sostienen el conocido modelo económico ultraneoliberal, favorecen aún más una alta concentración del poder económico-financiero e implementan formas de autoritarismo político.
A diferencia de los golpes de Estado que caracterizaron buena parte del siglo XX, este fenómeno se manifiesta hoy a través de mecanismos electorales. Tras más de 35 años de retorno a la democracia, el ingreso de estas fuerzas a La Moneda es visto por sus detractores como una normalización de la violencia política como herramienta histórica de acceso y ejercicio del poder y como último recurso para mantenerlo (los casos Jair Bolsonaro, en Brasil, y de Donald Trump, en EEUU, son muy ilustrativos de este fenómeno).
Las críticas se centran también en el programa político de estos sectores, particularmente en su oposición a todo tipo de derechos, que ha quedado plasmado en el historial legislativo del Presidente electo, José Antonio Kast, como diputado durante cuatro periodos consecutivos (2002-2018) votó, entre otras leyes, contra: todos los derechos laborales, el divorcio, la anticoncepción de emergencia, la despenalización del aborto terapéutico, derechos de los pueblos originales, contra la criminalización de la violencia de género y de la diversidad sexual y contra el matrimonio civil entre homosexuales y, fiel a su negacionismo climático y a la ciencia en general -posición que llevaría, según la evidencia científica, a un ecocidio- votó contra todas las normas de protección ambiental, y hasta contra la criminalización del maltrato animal.
Desde esta mirada, el ascenso de la neoultraderecha constituye no solo un desafío para las fuerzas progresistas, sino también para la derecha liberal democrática, a la que se responsabiliza de haber facilitado este escenario mediante alianzas políticas y apoyos estratégicos con esta corriente política. Según esta interpretación, lo que estaría en juego no sería solo un retroceso en materia de derechos. También se pondría en evidencia la incapacidad del sistema democrático -y de todos sus actores- para analizar en profundidad la situación y para diseñar y articular un plan de acción viable que evite el retorno al poder de ideologías de carácter autoritario.
Asimismo, se advierte sobre una concepción restrictiva de la participación ciudadana; una desvalorización de la ciencia frente a la potencialización fanática de creencias religiosas; una visión solo privatizadora de la educación, la salud y las pensiones, y una tendencia a criminalizar la protesta social. Todo ello configuraría un modelo político que subordina las instituciones democráticas al poder total del mercado potenciando la acumulación de su poder económico y financiero para la consolidación de un proyecto de capitalismo de corte autoritario.
Finalmente, se señala el papel central de la desinformación en el debate público contemporáneo. El uso sistemático de redes sociales, control de los algoritmos y campañas digitales de bots coordinadas, habría contribuido en forma determinante a instalar narrativas basadas en la distorsión de los hechos para alcanzar la polarización emocional. Para esta perspectiva crítica, este fenómeno representa una amenaza permanente al funcionamiento del sistema democrático que solo cementa la aceptación de un nuevo sistema autoritario.
En este contexto, quienes acceden a La Moneda ya no serían vistos únicamente como herederos pasivos de un pasado autoritario, sino como representantes activos de un proyecto político que, pese a su legitimación electoral, reabre debates fundamentales sobre memoria histórica, derechos humanos con crímenes de lesa humanidad sistemáticos, y la incertidumbre de la calidad y viabilidad del desarrollo de la democracia plena en Chile.
En rigor, los que regresan a La Moneda no son solamente los "cómplices pasivos" sino, principalmente, los cómplices activos de la dictadura ultraderechista de Augusto Pinochet.
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