Salvar vidas: Estallido social y prisión preventiva
La crisis de salud gatillada por la propagación del Covid-19 en nuestro país ha generado un alto nivel de alarma en la población, dando pie a una serie de medidas sanitarias de protección que apuntan a preservar la vida de las personas. En ese contexto, queremos llamar la atención sobre un grupo en particular que parece haber quedado fuera de todos los espacios institucionales de preocupación. Se trata de las personas que fueron detenidas en el contexto del movimiento social surgido el 18 de octubre pasado.
Este grupo, muy diverso y que incluye a menores de edad, cumplen ahora una medida cautelar de prisión preventiva en cárceles o en centros del Sename de todo Chile. En medio de la crisis que enfrentamos, vale la pena prestar atención a este grupo por razones que trataremos de fundamentar en estas líneas.
En primer lugar, esas prisiones preventivas se dan en una situación de movilización general que el sentido común ha bautizado como un auténtico “estallido social”. Por lo tanto, la posición que toman las autoridades administrativas del Estado frente a ellos debe ser observada por la sociedad con particular atención.
Al menos cuatro importantes llamadas de atención en este sentido han surgido desde organismos internacionales de derechos humanos (ONU, CIDH, HRW y Amnistía Internacional).
Así, estas privaciones de libertad pueden ser consideradas a la luz de otras actuaciones, como las de Carabineros, indicando una voluntad de castigo a la población al margen de la justicia institucional.
No parece justificado mantener en prisión preventiva a jóvenes, en medio de una crisis de salud, esperando procesos que no tienen un horizonte o fecha de juicio claro ya que, para todo efecto práctico, el país avanza hacia una virtual paralización de su vida normal.
Las actuaciones del propio Poder Judicial, además, parecen estar en deuda en este sentido, tal como lo han documentado Jeanne Hersant y otros académicos sobre el funcionamiento de los juzgados de garantía desde el 18-O, señalando que la acción judicial “no resguardó la integridad física y dignidad de los detenidos”.
La acción del Estado sobre estas personas se ve todavía más comprometida al ver cómo la Corte de Apelaciones de Santiago ha impedido recientemente el arresto domiciliario de un pequeño grupo de estos mismos detenidos, a través de un acto administrativo que fue duramente criticado por la propia Asociación Nacional de Magistrados en una dura declaración pública.
Estas razones nos hacen considerar que los detenidos se encuentran en una situación de urgente precariedad, que requiere atención de la opinión pública y acción directa y oportuna por parte de las autoridades. Es tiempo de que la Fiscalía Nacional coordine esfuerzos para el cambio de medidas cautelares, desde la prisión al arresto domiciliario.
Es urgente que el Poder Judicial aborde estas audiencias en el contexto de la crisis sanitaria que vivimos, otorgando las medidas que seguirán resguardando el debido proceso en cada uno de estos casos sin comprometer el derecho a la vida de las personas afectadas.
Es imperativo que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso apoyen este esfuerzo, generando las coordinaciones necesarias para proteger a personas que están en riesgo grave hoy.
Al mismo tiempo, como sociedad, no podemos olvidar a quienes se encuentran en situaciones de sufrimiento, y que también reclaman nuestra atención. La crisis de las cárceles en Chile es gravísima e histórica.
Las medidas que solicitamos para los presos y presas del Estallido también apuntan a favorecer al resto de las personas que seguirán pasando esta pandemia en prisión, descongestionando espacios, liberando celdas y módulos, y disminuyendo el hacinamiento general.
Pero eso no es suficiente, en necesario que el ministerio de Justicia y Gendarmería ofrezcan medidas de apoyo para la salud de la población penitenciaria.
Es necesario un catastro nacional que verifique el acceso a agua y jabón para las y los internos, así como promover y facilitar el acceso a cloro y otros elementos de limpieza, además de un plan de acción claro y detallado para el manejo de brotes al interior de las cárceles.
En tiempos difíciles como los que vivimos, la solidaridad y el cuidado del bien común se vuelven esenciales para superar la crisis.
Cada persona debe sentirse verdaderamente responsable por la vida de su prójimo, y poner en acción aquellos valores que decimos defender. Solo de esta manera avanzaremos hacia una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos, para seguir construyendo una sociedad mejor.
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