Un nuevo futuro sí es posible

Sofía Villavicencio

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En abril de 2018 entró en vigencia la Ley Nº 21.015, iniciativa que tiene como objetivo la inclusión laboral de personas con discapacidad. Según los últimos datos entregados por el SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad), en Chile 12.910 personas con discapacidad se encuentran trabajando actualmente, y del total de contratados, 8.579 son hombres (66%) y 4.331 son mujeres (34%).

Además, 10.357 (80%) corresponde a personas con discapacidad y 2.553 (20%) son asignatarios de una pensión de invalidez.

Desde Fundación Luz valoramos esta buena cifra porque habla del trabajo que se ha ido realizando, desde los distintos organismos que impulsamos la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Sin duda este número se ha dado en parte gracias a esta ley, lo que es un tremendo paso, y aunque para algunos el 1% es poco, para nosotros ha sido un gran avance y esperamos que de a poco lleguemos algún día a un 4% como otros países.

Sin duda hay aspectos que se pueden mejorar, como por ejemplo las sanciones, ya que de acuerdo a la tipificación de hechos infraccionales, la Dirección del Trabajo ha establecido para la ley 21.015 que la máxima sanción es de 60 UTM, resultando efectivamente sancionadas las empresas con hasta 400 trabajadores, mientras que para las empresas de más de 500 trabajadores, resulta más conveniente pagar la multa que es inferior al monto del cumplimento de esta normativa.

Además, existe una barrera para el empleo en el sector público de las personas con discapacidad que egresan de colegios especiales, ya que no tienen un curriculum homologable y esto los hace no poder cumplir con la exigencia de contar con la enseñanza media completa, por lo tanto, debiera modificarse el Estatuto Administrativo.

Este año la fundación celebra su aniversario 95, siendo nuestro principal objetivo el poder seguir entregando una educación de calidad, eficiente y efectiva, de manera de poder ser partícipes de la rehabilitación y capacitación laboral de personas ciegas y baja visión, asegurando así el acceso de la población ciega a más herramientas que potencien su inclusión.

Sin duda el principal desafío que tenemos como país es seguir avanzando en esta materia, en la que el sector privado debe tener una participación activa, tanto en la contratación de personas discapacitadas como en la capacitación de las mismas una vez que se integren a una empresa.

Soy una convencida de que vamos por un buen camino, hemos visto avances, hemos derribado barreras y hemos demostrado que la discapacidad no es un impedimento para ser parte de esta sociedad en la que todos tenemos el mismo derecho a tener un mejor futuro.