Un registro para la verdad, dignidad y memoria
Han pasado más de cinco décadas desde el golpe de Estado de 1973 y Chile sigue enfrentando el desafío ético, político y humano de conocer la verdad sobre el destino de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. En este contexto, la reciente aprobación en el Congreso Nacional del proyecto que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada representa un paso histórico en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación que han sostenido las familias.
Un registro de estas características es mucho más que una medida administrativa. Es, ante todo, un acto de memoria y reconocimiento estatal. Por primera vez, Chile contará con una categoría jurídica que reconoce oficialmente la condición de "ausente por desaparición forzada", estableciendo un registro público, gratuito y digital a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base estará conformada por antecedentes provenientes de sentencias judiciales, comisiones de verdad y otros procesos oficiales de calificación de víctimas que pudieran crearse por ley en futuro. Este registro permitirá que el Estado otorgue certificados a los familiares de las víctimas, acreditando su condición y reafirmando su derecho a la verdad.
El significado de este registro va más allá del documento: es una herramienta de dignidad, una manera concreta de decir que esas ausencias no serán negadas ni silenciadas. Además, refuerza el compromiso de Chile con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y reconoce a las familias no como testigos pasivos del dolor, sino como sujetos activos de memoria y justicia.
A 52 años del golpe, la aprobación de esta ley nos recuerda que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura civil militar, y que nuestro deber es seguir buscando, esclareciendo y garantizando que nunca más vuelva a ocurrir.
La creación del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada es también una forma de reparación simbólica, que fortalece el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Este plan, que hoy investiga las trayectorias y destinos de más de 1.400 personas detenidas desaparecidas, constituye una política de Estado orientada a reconstruir la verdad y restablecer la confianza entre el Estado y la sociedad.
Durante la sesión en que se aprobó la ley, estuvieron presentes representantes de las agrupaciones de familiares, quienes por décadas han mantenido viva la exigencia de justicia. Para ellas y ellos, este paso tiene un valor profundo. Como dijo una de las familiares durante la jornada: "Uno no puede evitar pensar en estos más de 50 años de dolor, donde primero se nos trataba de presuntos, donde cuando éramos niños no podíamos decir en el colegio que no sabíamos dónde estaban nuestros papás".
Esa historia de silencio, estigmatización y búsqueda constante es la que hoy el Estado reconoce y avanza un paso más en el camino de la justicia y la reparación. Cada certificado, cada nombre inscrito, cada registro público será una señal de reparación, reconocimiento y memoria colectiva.
Porque el país que queremos construir no es aquel que olvida, sino el que mira de frente su historia y asume su responsabilidad con las víctimas y sus familias y con la sociedad en su conjunto.
El Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada es una medida concreta, humana y ética: una forma de decir que Chile no olvida, que Chile sigue buscando cada trayectoria, cada paso y que la verdad es un compromiso permanente del Estado y de la democracia.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado