Robustecer la institucionalidad frente a la creciente demanda ciudadana

Doris González Lemunao

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¿Cómo respondemos a una necesidad creciente con una institucionalidad que trabaja a todo motor para articular, coordinar y gestionar cada aspecto de la vida en copropiedad? Nuestro desafío es que cada condominio cuente con una comunidad informada, activa y capaz de administrar adecuadamente sus bienes comunes, generando a la vez condiciones de bienestar que fortalezcan la seguridad y la calidad de vida. Crear comunidad.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría Ejecutiva de Condominios hemos asumido con responsabilidad el rol de ser la única entidad del Estado especializada en copropiedad. De manera permanente hemos sostenido una línea de acción centrada en la capacitación para la vida en comunidad, impulsando la construcción de relaciones humanas basadas en la colaboración, la participación y el compromiso común por mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cuáles son nuestras herramientas y posibilidades? A través de la Ley de Copropiedad entregamos orientaciones claras para su aplicación en los condominios, en estrecha coordinación con los municipios del país, fortaleciendo el trabajo local con las comunidades. Esta labor abarca no solo a los condominios de vivienda social, sino a todas las copropiedades del territorio, lo que representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para promover prácticas de administración más transparentes, eficientes y participativas.

Con frecuencia, las comunidades nos solicitan fiscalizar las gestiones internas o intervenir directamente en los conflictos que allí se presentan. Sin embargo, los límites normativos de nuestra labor refuerzan la necesidad de profundizar las capacidades de las propias comunidades, promoviendo su acceso a la información, el conocimiento de sus derechos y herramientas, y el involucramiento activo en sus procesos internos. Las asambleas, en este contexto, se transforman en espacios esenciales para reconstruir confianzas, fortalecer el tejido comunitario y avanzar hacia entornos más seguros y cohesionados.

En este sentido, las instituciones públicas debemos redoblar esfuerzos. La expansión de las copropiedades a lo largo del país es un hecho innegable, una realidad que exige anticiparnos a los fenómenos sociales, administrativos y comunitarios que allí se desarrollan. La entidad creada por Ley tiene la responsabilidad de continuar profundizando los espacios de vinculación con la ciudadanía, así como de seguir impulsando el desarrollo de capacidades en los distintos organismos que participan en la gestión de las copropiedades.

Solo mediante una institucionalidad activa, coordinada y cercana podremos responder de forma efectiva a una demanda ciudadana que crece día a día en torno a la vida en copropiedad y al fortalecimiento de comunidades más organizadas, informadas y resilientes.