Hospital San José: cuando la inacción también enferma

El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre el Hospital San José -que revela esperas de hasta 18 horas en el servicio de urgencia, pacientes atendidos en el suelo, falta de camas, infraestructura deficiente y funcionarias con licencias médicas prolongadas por años- ha generado indignación pública. Con razón. Pero también debiera generar algo más profundo: una reflexión honesta sobre cómo se ha gobernado la salud pública en los últimos años.

Porque lo que ocurre hoy en el Hospital San José no es una crisis repentina ni un hecho aislado. Es la consecuencia de una decadencia prolongada, conocida por autoridades, advertida por funcionarios y vivida por miles de pacientes durante años.

Durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera me tocó ser diputado de la zona norte de Santiago. En ese período, la situación del Hospital San José ya era crítica. No lo digo desde la distancia ni desde la comodidad del comentario posterior. Lo viví directamente. Nos reunimos con el ministro de Salud de la época, con el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte y con la dirección del hospital. Se levantaron diagnósticos claros: colapso estructural de la urgencia, déficit de personal, problemas de gestión, infraestructura obsoleta y una demanda que superaba largamente la capacidad instalada.

Nada de eso era desconocido.

La diferencia es que, en ese momento, se entendía algo básico: cuando los problemas son graves y persistentes, las autoridades deben hacerse cargo. Eso incluía tomar decisiones incómodas, exigir resultados y, cuando correspondía, hacer cambios en las direcciones y equipos de gestión. No por capricho ni por cálculo político, sino porque la salud pública no admite el lujo de la inmovilidad.

Lo que preocupa -y duele- es constatar que en este gobierno, aun conociendo estos problemas estructurales, se optó sistemáticamente por otro camino: mantener a las personas, aun cuando los problemas persistían o se agravaban. Esa fue una dinámica reiterada. Se privilegió la continuidad por sobre la corrección, la afinidad por sobre la eficacia, la explicación por sobre la acción. El resultado es el que hoy conocemos. Un hospital colapsado, pacientes abandonados a la espera, funcionarios sobrecargados y un sistema que parece haber naturalizado lo inaceptable.

Porque no estamos hablando solo de números, informes o estadísticas. Estamos hablando de personas. De adultos mayores esperando horas sin atención. De pacientes tendidos en el suelo. De familias angustiadas recorriendo pasillos saturados. De trabajadores de la salud que hacen lo imposible en condiciones indignas. Eso no es solo mala gestión: es una forma de abandono del deber del Estado.

La salud pública no puede administrarse como un espacio de experimentación ideológica ni como un refugio de lealtades políticas. Requiere liderazgo, decisiones firmes y una comprensión profunda de que cada día de inacción tiene consecuencias humanas reales. El tiempo perdido en una urgencia colapsada no se recupera. La atención tardía no siempre se corrige. La dignidad vulnerada deja huella.

Hoy, cuando este ciclo político está llegando a su fin, es legítimo decirlo con claridad: la falta de decisiones también es una decisión. Y en el caso del Hospital San José, ha sido una decisión que ha tenido costos altísimos para quienes menos opciones tienen.

Por suerte, este gobierno se está acabando. Pero lo que no se acaba automáticamente es el deterioro de la salud de las personas que se atienden en ese hospital, ni la miseria con la que muchas veces han debido enfrentar su enfermedad. Eso requiere algo más que un cambio de administración: requiere recuperar una forma responsable, exigente y humana de gobernar la salud pública.

El Hospital San José no necesita más diagnósticos. Esos existen desde hace años. Necesita gestión real, autoridad efectiva y una urgencia moral que ponga a los pacientes en el centro, no a las excusas ni a los cargos. Porque cuando el Estado falla en lo más básico -cuidar la salud y la dignidad de su gente-, no estamos frente a un error técnico. Estamos frente a una deuda ética. Y esa deuda, alguien tendrá que asumirla.

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