Prevenir es mejor que combatir: Chile avanza hacia una nueva Ley de Incendios
En Chile, los incendios forestales se concentran entre la primavera y el inicio del otoño, cuando se combinan altas temperaturas, baja humedad, vientos y una gran carga de material vegetal seco que facilita la propagación del fuego. Frente a este escenario, hemos reforzado una mirada orientada a actuar antes de la emergencia, convencidos de que el trabajo conjunto con los territorios y las comunidades, junto con el aumento de recursos impulsado por el Gobierno, es vital para enfrentar este desafío país.
La prevención no es un eslogan: es una política pública que requiere decisión, recursos y convicción. Por ello, junto a Conaf hemos impulsado medidas como el Botón Rojo, que se activa ante probabilidad de incendios superior al 70%; la Faena Cero, que suspende actividades en alto riesgo; y el Golpe Único, que despliega de inmediato recursos terrestres y aéreos para contener rápidamente los incendios. Estas acciones se complementan con un trabajo directo junto a las comunidades rurales; prueba de ello por ejemplo es lo realizado por vecinas y vecinos del sector Águila Sur, comuna de Paine, quienes en coordinación con las instituciones se han unido con el fin de evitar siniestros.
Esta mirada centrada en la prevención es la que orienta el proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, conocida como la Ley de Incendios, la cual fue despachada el 27 de enero de este año, desde la sala del Senado para su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Esta iniciativa ha contado con el trabajo de las y los parlamentarios y con el aporte técnico de organizaciones y gremios, pero ha sido impulsada con especial convicción por el Ejecutivo, que durante esta administración ha situado este proyecto como una prioridad país y la ha promovido como una respuesta estructural frente a los incendios forestales.
Este nuevo marco jurídico establece instrumentos para fortalecer la gestión del riesgo y reducir la ocurrencia de incendios forestales, mitigando sus impactos en las personas, el medio ambiente y los sistemas productivos, mediante planificación territorial, planes de manejo preventivo, determinación de áreas de amenaza y medidas comunitarias como educación, patrullajes y peritajes.
La ley además faculta al Servicio Nacional Forestal para sancionar infracciones con multas, sin perjuicio que el delito de incendio está tipificado en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de presidio.
Los incendios forestales son hogares perdidos, suelos degradados, economías locales destruidas y comunidades marcadas para siempre. Por ello, este desafío no puede depender de un gobierno de turno, sino de una Ley que entregue las facultades y regulaciones que hoy no existen desde el punto de vista normativo, y cuyo sentido recoja el lema que ha guiado nuestra administración: "Prevenir siempre será mejor que combatir".
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