Más allá de los partidos: calidad de la política y esfera pública

Eduardo Saffirio Suárez

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Cuando se habla de la crisis de la política, la atención suele concentrarse casi exclusivamente en los partidos, los gobiernos o el Congreso. Sin embargo, esa mirada resulta incompleta. La calidad de la democracia no depende solo de las instituciones políticas clásicas ni de quienes ocupan cargos de representación, sino también -y de manera decisiva- de la esfera pública que observa, interpreta y configura la acción política. No es casual, entonces, que Jürgen Habermas sitúe el núcleo de la política democrática "en el latido de su esfera pública política". Es en ese espacio donde se definen las agendas que orientan la atención colectiva, se jerarquizan los problemas públicos y se delimitan los marcos de discusión dentro de los cuales actúan los actores políticos. De ahí que el periodismo y otros actores intermedios cumplan un rol esencial para propiciar una deliberación en torno a agendas pertinentes, basada en el uso público de la razón y la persuasión argumental, no manipulativa.

El periodismo profesional constituye una pieza central de esa esfera pública. Von Beyme lo considera parte de la propia clase política, incluyendo al "proveedor de diversión". Su función no se limita a denunciar abusos o irregularidades -tarea indispensable-, sino que incluye contextualizar decisiones, verificar información, jerarquizar prioridades y dar seguimiento a políticas públicas que, por su naturaleza, no se agotan en un titular ni en una controversia puntual. Cuando estas funciones se cumplen adecuadamente, el debate democrático gana densidad y la ciudadanía dispone de mejores herramientas para formarse una opinión informada sobre los asuntos de interés común.

El problema es que, bajo las condiciones actuales de la esfera pública, estas labores enfrentan tensiones crecientes. La presión por la inmediatez, la competencia por la atención y la lógica del escándalo tienden a privilegiar lo adversarial, el conflicto personal o la frase altisonante por sobre el análisis de políticas, procesos, resultados y responsabilidades sostenidas en el tiempo. El efecto acumulado es una discusión pública más banal y reactiva, más emocional y menos capaz de distinguir lo relevante de lo accesorio. Esto no es nuevo y se ha repetido durante años. Basta observar, por ejemplo, la facilidad con que hoy se habla de "emergencia" sin contexto histórico, en un país que entre 2019 y 2022 atravesó tres crisis de magnitud excepcional -social, política y sanitaria- que tensionaron al máximo sus instituciones, su economía y su cohesión social.

Del mismo modo, llama la atención que se normalice la llegada al poder sin programas presidenciales claramente definidos ni coaliciones formales de gobierno. Fue recién en la última campaña presidencial cuando los medios de comunicación mostraron un mayor interés por realizar un escrutinio público consistente del financiamiento y la viabilidad de determinados planteamientos en materia de políticas públicas.

Las plataformas digitales y las redes sociales han transformado radicalmente el ecosistema informativo. Han ampliado las posibilidades de expresión y participación, pero también han intensificado las tensiones que ya enfrentaba el periodismo tradicional. Así, la inmediatez se convierte en instantaneidad, la competencia por la atención en una batalla por la viralidad, y la lógica del escándalo se potencia mediante algoritmos diseñados para maximizar el compromiso emocional. Estas dinámicas amplifican la polarización, facilitan la desinformación y priorizan contenidos orientados a provocar reacciones inmediatas más que a promover una comprensión fina de problemas públicos complejos. Avanzar hacia mayores niveles de transparencia sobre el funcionamiento de estos algoritmos, reforzar los mecanismos de verificación en períodos electorales y establecer responsabilidades proporcionales para estas plataformas no puede descalificarse como censura. Supone, más bien, actualizar las reglas del debate público frente a una realidad tecnológica transnacional ya irreversible, capaz de distorsionar y manipular la deliberación democrática a gran escala.

Subrayar el papel del periodismo y la regulación de las plataformas digitales no implica limitar la libertad editorial ni uniformar líneas informativas. El objetivo debe ser facilitar las condiciones que favorezcan una esfera pública plural, informada y exigente. Robert Dahl identificó la existencia de fuentes diversas de información como uno de los requisitos centrales de la democracia, y Pierre Rosanvallon ha advertido que el monólogo constituye uno de los principales adversarios del hablar veraz.

A lo anterior se suman la independencia editorial, la especialización y el trabajo de largo aliento, que requieren acceso efectivo a la información pública, protección real de las fuentes, reglas claras y transparencia frente a la concentración excesiva de la propiedad de los medios, así como mecanismos de financiamiento que no comprometan la autonomía editorial. Sin estas condiciones, la fiscalización se vuelve parcial e intermitente, la rendición de cuentas pierde efectividad y se debilitan tanto el hablar veraz de los actores políticos como la deliberación programática de los partidos.

Junto al periodismo, otros actores de la esfera pública política cumplen tareas complementarias. La academia y los centros de estudio pueden aportar evidencia, evaluación de políticas y propuestas alternativas, siempre que mantengan estándares claros de rigor y transparencia, y distingan con nitidez entre análisis técnico e incidencia política. Cuando esa frontera se difumina -o cuando el análisis se pone derechamente al servicio de ideologías u operaciones de poder-, su credibilidad se erosiona y se refuerza la idea extendida de que toda intervención pública responde únicamente a intereses económicos y partidarios velados o encubiertos. Ya Karl Marx denunciaba a los profesores de economía política de su época como espadachines a sueldo.

Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel relevante, especialmente en la articulación de demandas sociales y en la vigilancia del poder. Su contribución es mayor cuando logran combinar legitimidad social, conocimiento técnico y disposición al diálogo institucional. Para ello, resultan indispensables reglas claras de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas que eviten que la esfera pública sea capturada por grupos de presión con agendas poco visibles o de escasa representatividad.

La degradación del debate público no es responsabilidad exclusiva de ningún actor en particular. Las tensiones descritas -inmediatez, simplificación, selección de élites solo por imagen, espectacularización- responden a incentivos sistémicos que atraviesan a toda la esfera pública y fueron destacadas por expertos como Mazzoleni hace más de una década. Los políticos buscan visibilidad en un entorno mediático saturado; los medios compiten por audiencias fragmentadas y volátiles; los académicos enfrentan presiones por relevancia pública que pueden colisionar con el rigor; y las organizaciones sociales deben equilibrar la singularidad de sus causas con la construcción de consensos sostenibles. Señalar estas circunstancias concurrentes no busca diluir responsabilidades individuales ni excusar a quienes ejercen el poder, pero sí obliga a reconocer que mejorar la calidad de la política requiere transformaciones que van más allá de señalar culpables aislados.

Mejorar la calidad de la política exige, por tanto, mucho más que reformas institucionales o cambios legales. Requiere elevar los estándares de la esfera pública en su conjunto. Sin un periodismo sólido, actores intermedios responsables y un debate público menos dominado por la lógica de la reacción inmediata y del entretenimiento, incluso las mejores reglas tenderán a erosionarse. Los actores políticos no actúan en el vacío social y mediático: la política democrática se construye en la esfera pública que colectivamente somos capaces de sostener. Como se ve, la responsabilidad por la calidad de la política no recae solo en los partidos o en quienes gobiernan. Es una responsabilidad social más amplia y compartida.