El desafío de reconstruir mejor

Carlos Montes Cisternas

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En el Foro Social Presidenciales 2025, transmitido por Radio Cooperativa, se afirmó que el Ministerio de Vivienda "no ha sido capaz de reconstruir" y que existirían "800 mil millones de pesos paralizados". Ninguna de estas afirmaciones se ajusta a la realidad. Primero, no existe ningún recurso de reconstrucción detenido. Todos los fondos cuentan con programación vigente, compromisos de pago y obras en curso, tal como se ha informado a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos. La ejecución presupuestaria sigue procedimientos que aseguran el uso responsable de los recursos públicos y la correcta implementación de proyectos que, por su complejidad, requieren etapas técnicas obligatorias.

Segundo, es importante recordar que ningún proceso de reconstrucción en Chile ha concluido en un año. La evidencia histórica es clara: la recuperación de barrios afectados por desastres requiere múltiples etapas -desde estudios de suelo hasta obras de urbanización, habilitación de terrenos y cumplimiento de normas de seguridad- que no pueden abreviarse sin poner en riesgo a las familias.

Reconstruir no es levantar viviendas de manera aislada, sino recuperar barrios completos, muchas veces emplazados en zonas con topografía compleja, sin urbanización, accesos estrechos, sin vías de evacuación o riesgo geológico que deben reevaluarse y mejorar respecto de sus estándares previos. Saltarse estos procesos no acelera las soluciones: reproduce errores del pasado.

En el caso del incendio de Viña del Mar de febrero de 2024, esta administración ha avanzado en más de 1.200 soluciones habitacionales en desarrollo, entre viviendas terminadas o en ejecución, obras de urbanización y proyectos de mitigación. Además, todas las familias atendibles cuentan con apoyo habitacional transitorio por parte del Estado, mientras se avanza en soluciones definitivas. Este plan tiene un horizonte realista: su ejecución completa está programada hasta 2029, como ocurre con cualquier proceso de reconstrucción de gran escala en Chile. Pretender que un desastre de esta magnitud se resuelva en un solo año es desconocer la experiencia acumulada del país.

Más allá de este caso puntual, durante esta administración se han gestionado 60 procesos de reconstrucción en 14 regiones, correspondientes a 43 eventos -27 heredados y 16 iniciados en este período-, algunos arrastrados por más de una década. Este esfuerzo ha permitido entregar más de 9.500 soluciones habitacionales de reparación, reposición o relocalización de viviendas, y cerrar 13 procesos de reconstrucción de alta complejidad técnica, jurídica y administrativa.

Un aspecto fundamental es que las viviendas reconstruidas entregadas por esta administración cuentan con recepción municipal, lo que garantiza que cumplen con las normas de construcción, los estándares actuales de seguridad y habitabilidad y las condiciones necesarias para una tenencia legítima y estable. Esta formalidad, que no siempre estuvo presente en administraciones anteriores, es clave para asegurar que las familias vivan en hogares seguros y regularizados.

Chile enfrenta desafíos estructurales en vivienda y en asentamientos irregulares. Abordarlos exige rigurosidad técnica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos y trabajo colaborativo con municipios, gobiernos regionales y comunidades. La reconstrucción no admite simplificaciones ni eslóganes: requiere planificación seria, etapas definidas y decisiones que perduren en el tiempo.

Por ello, es imprescindible avanzar hacia una Política de Estado permanente en reconstrucción, que trascienda a los gobiernos de turno, que incorpore la experiencia acumulada y sea capaz de adaptarse a eventos destructivos cada vez más frecuentes y severos, producto del cambio climático y las condiciones geomorfológicas del país. Solo así garantizaremos soluciones definitivas, seguras y duraderas para las familias afectadas.

Ese es el compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: trabajar con seriedad, transparencia y responsabilidad para que cada familia afectada pueda volver a vivir con seguridad y dignidad.