Verdad y justicia para las violaciones a los derechos humanos
A nueve meses del Estallido social vuelve a reflotar la situación de las graves violaciones a los derechos humanos sufrida por la población a partir del 18 de octubre, junto a la necesidad de verdad y justicia para esclarecer los hechos ocurridos en ese entonces.
Recordemos que la repetición de los actos de violencia por parte de agentes estatales contra diversos manifestantes fue objeto de un reproche por diversos organismos internacionales.
El informe de la ONU estableció: “Se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos". Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones”.
Dada estas transgresiones el Ministerio Público señaló que 8.827 personas fueron víctimas de violencia institucional durante la crisis. Por estas causas, en dicho periodo fueron presentadas más de 2.000 querellas por parte del INDH.
Dentro de estos casos tenemos 8 homicidios, 1.775 apremios ilegítimos o torturas y 263 víctimas de violencia sexual. Sin embargo, solo hemos tenido 25 de estos casos con imputados formalizados y solo 11 con prisión preventiva.
Por el contrario, si vemos lo ocurrido con los imputados en prisión preventiva que corresponde a manifestantes durante las movilizaciones, al mes de mayo se señalaba por organizaciones de derechos humanos, que se encontraban más de 2.500 jóvenes en las cárceles en esta situación, cifra que debe haber variado a raíz del COVID-19.
Si bien condenamos la violencia y los saqueos, hay que tener presente que los imputados por estos delitos pueden cumplir su medida cautelar con arrestos domiciliarios a la espera de su juicio, al tener, en su mayoría, bajas penas por los delitos. Es grave hoy, tenerlos en centros penitenciarios con procesos tan largos, atendiendo la crisis sanitaria actual.
De acuerdo a las cifras antes expuestas, advertimos con preocupación que la acción del Estado para buscar justicia se encuentra claramente inclinada hacia los delitos cometidos por manifestantes. Esto inquieta, dado que la “Verdad y Justicia” son parte esencial para poder garantizar la no repetición de las vulneraciones a los derechos humanos por parte de nuestro Estado.
El año pasado instamos a que el gobierno conformara una Comisión de “Verdad y Justicia”, lo cual fue rechazado por éste. La justificación dada es que dichos crímenes aún se encuentran pendiente de investigación.
Sin embargo, esto transgrede el informe realizado por la ONU a nuestro país, que recomendó: “Establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, las investigaciones realizadas y las sanciones establecidas”.
El INDH a través de su Director Nacional, Sergio Micco, advirtió la lentitud en las investigaciones, dada la ausencia de medidas de fortalecimiento institucional y la sobrecarga de Fiscalía, lo que no permite agilizar los procesos, lo cual fue observado por la ONU.
Es un hecho evidente que carabineros incumplió con los protocolos de uso de fuerza, en particular, dado el uso indiscriminado de armas antidisturbios. Un reflejo de esto es la alta cantidad de víctimas por perdigones.
Durante las manifestaciones, dado el uso irracional de elementos disuasivos, distintos organismos han reportado 405 víctimas de lesiones oculares, siendo los casos más graves el de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay.
La deficiencia de los protocolos es evidente, lo que refleja la modificación del mismo, la semana pasada. De todas formas, aún se encuentra pendiente una reforma profunda a la policía uniformada, que mejore el control de la autoridad civil sobre la misma, reforma que aún no es impulsada por este Gobierno.
En nuestro país, pasaron décadas para sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, existiendo varias causas abiertas aún. No queremos que nuestro país vuelva a vivir lo mismo.
Por esto es necesario que reabramos el debate y ver cómo avanzamos en los compromisos de nuestro Estado en la materia para cumplir con las diversas recomendaciones realizadas por los organismos internacionales.
La impunidad es siempre una amenaza en nuestro país. No repitamos los mismos actos del pasado, Chile merece justicia.
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