Tras el Mensaje de la Presidenta Bachelet ante el Congreso pleno, nos parece prudente detenernos a reflexionar sobre la agenda de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile.
Valoramos que se haya recordado la reciente aprobación de la unión civil y su pronta entrada en vigencia, pues luego de cinco años de tramitación de este proyecto y de doce años desde la presentación del primer proyecto de ley en la materia esta norma permitirá que personas tanto de igual como de distinto sexo puedan regularizar sus vínculos y sean reconocidas como familias por el Estado chileno.
En el caso de las parejas del mismo sexo esta ley tiene particular importancia porque les otorga por primera vez derechos que antes les eran relegados, como la posibilidad de entrar a ver a sus convivientes hospitalizados/as, tomar decisiones sobre sus tratamientos y obtener derechos de herencia y previsión, entre muchos otros aspectos.Pero además, por primera vez en un discurso del 21 de mayo, una mandataria chilena hizo mención a la Ley de Identidad de Género (LIG), materia incluida también en su programa de gobierno.
Sin embargo, nos preocupa que no se hayan mencionado fechas o señales claras sobre la urgencia que debe tener la tramitación de un proyecto como la LIG, detenido hace meses en la comisión de Derechos Humanos del Senado.
Este proyecto permitirá que las personas trans, históricamente marginadas incluso dentro de la diversidad sexual, adecuen sus documentos de identidad a su género vivencial. En su último informe sobre violencia contra las personas de la diversidad sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de 28 ataques en Chile entre 2013 y 2014, seis de los cuales correspondieron a personas trans y uno terminó con la vida de una de ellas.
La urgencia en la tramitación y una pronta entrada en vigencia de esta ley es urgente para entregar dignidad a las personas trans y darles un acceso pleno a los derechos que tiene toda la ciudadanía. Es por esto que su estancamiento en el Congreso resulta incomprensible.
En las últimas semanas y gracias a distintas apariciones en medios de comunicación,se ha logrado poner rostro a la lucha trans, visibilizando la problemática que estas personas viven al buscar colegios, trabajos o simplemente al querer integrarse a la sociedad con su identidad de género.Con esto se ha logrado sensibilizar a la población en general, pero aparentemente no a los tomadores de decisiones.
Si bien es fundamental que la ciudadanía entienda qué significa ser una persona trans y las dificultades por las que transita en su camino de aceptación personal y luego de integración social, es prioritario que las autoridades tomen esta bandera de lucha y la hagan propia. Es necesario que el Estado chileno dote de derechos e igualdad de oportunidades a todas las personas, independientemente de su identidad de género o cualquier otra consideración.
Otra de las menciones que extrañamos en el discursose refiere a la Ley Antidiscriminación. Si bien lleva solo tres años en vigencia, en el programa de gobierno también está comprometida su modificación.La ley vigente intenta resolver un problema estructural como es la discriminación con una solución individual como es la acción judicial.
Corresponde multar a agentes discriminadores, pero ¿se acabará realmente la discriminación porque un par de empresas al año deban pagar entre doscientos mil y un millón de pesos al fisco por haber discriminado? Ciertamente no. El Estado debe tomarse en serio su mandato y ser mucho más activo en la erradicación de la discriminación.
Para ello es indispensable que cree un organismo que vele por la no discriminación de todo el aparato público, y que transforme la discriminación arraigada en la cultura chilena mediante cambios en currículos escolares, capacitación de trabajadores/as, campañas masivas y medidas afirmativas que intenten revertir la situación de menoscabo en que viven muchos grupos en Chile producto de la discriminación histórica.
Confiamos en que el gobierno avanzará en los proyectos sobre diversidad sexual que son parte del programa de gobierno y esperamos que ponga particular urgencia a la LIG, para que efectivamente tengamos un Chile que otorgue iguales oportunidades para todos y todas, que sea más inclusivo y que no haga distinción por orientación sexual o identidad de género, haciendo eco de lo establecido en nuestra Constitución.
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