Alianza público privada en la encrucijada
La decisión del Gobierno de minimizar el impacto del alza en las cuentas de la luz para los sectores más vulnerables, mediante la imposición de un aporte no voluntario a las generadoras menores (PMGD), ha derivado en una notable polémica. Esta medida, originada por la postergación de reajustes desde fines de 2019, ha sido percibida como un cambio en la relación contractual, afectando la credibilidad del país, aunque minimizada por el ministro del ramo.
Este contexto resulta particularmente complejo en el marco de las alianzas entre el sector privado y el Estado para llevar adelante las inversiones en infraestructura que el país necesita. Estas asociaciones están definidas por la capacidad del regulador para ofrecer marcos generales de acción, permitiendo a los privados realizar las inversiones necesarias para brindar servicios que cumplan con las demandas de la comunidad, a cambio de una compensación justa.
Los inversionistas, en función de estos criterios, evalúan si les resulta conveniente llevar adelante proyectos y asumir los riesgos asociados al negocio. Sin embargo, los cambios unilaterales en las reglas establecidas no están contemplados en estos riesgos y no es sostenible cuando afecta aspectos fundamentales para que los privados decidan invertir en una industria de servicios regulados.
Esta situación ya se ha evidenciado en el caso de las concesiones de obras de infraestructura pública, donde medidas que afectan los flujos esperados, han debido ser compensadas en forma cuantiosa por el Estado, luego de las reclamaciones correspondientes.
Es cierto que las condiciones externas pueden variar y que el Estado debe adaptar los contratos a nuevas circunstancias. Esto es especialmente válido en contextos tan convulsos como los que ha vivido Chile entre 2019 y fines de 2023. Con la reciente recuperación de un sentido de estabilidad institucional y el compromiso explícito de crecimiento económico por parte de las autoridades, la inversión en infraestructura ha adquirido un papel central para sostener un desarrollo sustentable.
Gran parte de esta inversión se lleva a cabo a través de distintas modalidades de Alianzas Público-Privadas (APP). Bajo el liderazgo del Estado, se busca mejorar la infraestructura logística, hídrica y de telecomunicaciones, así como la eléctrica, donde las plantas de menor tamaño han sido incentivadas por diversos gobiernos.
Aunque el resultado de este proceso puede ser debatible, modificar las condiciones para quienes han confiado en el Estado para invertir en el sector sin compensación parece un acto de arbitrariedad que no se alinea con las relaciones que se aspira a cultivar con el sector privado.
Los principios que justifican esta medida pueden ser correctos en términos generales: Es crucial evitar que los grupos más vulnerables se vean afectados por aumentos desmedidos en las tarifas, los subsidios deben ser asumidos por el propio sector y el sector público no dispone de recursos para ello. Buscar una fórmula similar a la utilizada en otras áreas de la infraestructura, que permita solicitar apoyo del sector privado para enfrentar desafíos que el Estado no puede abordar por sí solo, no parece descabellado. Sin embargo, esto se debería consensuar adecuadamente con los involucrados y encontrar una forma de compensación que sea menos gravosa para la comunidad.
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