Bancarrota

El sistema político chileno se ha declarado unánimemente en bancarrota. No ha logrado encauzar la inmensa energía del alzamiento de su pueblo realizando la reforma más necesaria para recuperar su confianza. Ni con el país ardiendo en barricadas ha sido capaz de enfrentar con decisión a quiénes han venido abusando desde el 11 de septiembre de 1973.

El proyecto de pensiones de Piñera recién cursado por la Cámara de Diputados lo demuestra. No acaba, ni toca un pelo siquiera, sino agrava brutalmente, el abusivo ahorro forzoso, que desvía salarios de por vida a beneficiar unos pocos empresarios a costa de jubiladas.

Fue aprobado estrechamente, pero la oposición que rechazó tampoco se pronunció claramente por acabar de raíz este abuso intolerable. Peor aún, sectores de ésta se concertaron con los abusadores en su diseño. Tras intercambiar cachetadas de payaso y conceder migajas de yapa, todos juntos pretenden aprobarlo en el Senado.

Poderoso Señor es Don Dinero. Pero en esta mano jugó todas sus cartas. Quedó al desnudo. La codicia ha roto el saco. Su ganancia durará poco. Sólo logró confirmar que con estas reglas y estos bueyes no se puede arar.

El pueblo ha despertado. Está reconstruyendo un sistema político auténticamente democrático. Acabará con el ahorro forzoso de una buena vez. Ahora. Bien unido, aprobará con mayoría aplastante redactar una nueva Constitución en Convención Constitucional íntegramente elegida, en el plebiscito del 26-A.

En el cuarto mes del alzamiento popular más masivo y el más extendido sin tomarse respiro, de la historia, la defección de unos diputados opositores dió curso a un proyecto de Piñera que, sin mejorar pensiones, no acaba sino agrava el ahorro forzoso. Precisamente el mayor y más irritante abuso que ha provocado el alzamiento. Esa misma noche reventó la mayor ola de destrucción desde el 18-O, con cinco víctimas fatales.

Los manifestantes no llegaron a enterarse, el rebrote de violencia fue detonado por la muerte de un hincha de Colo-Colo. Pero sí comprenden mejor que los diputados lo que significa el ahorro forzoso. Cada vez que consiguen un precario empleo, les saca una tajada a sus modestos salarios para transferirla a perpetuidad a un puñado de magnates, condenando a la miseria a sus padres y abuelas. Saben que, tras décadas en democracia reconquistada gracias a sus luchas, el sistema político no ha sido capaz de acabar este abuso. Al revés, se ha concertado con los que abusan para agravarlo.

La reforma aprobada es un atentado contra catorce millones de trabajadoras y trabajadores, casi toda la población mayor de 16 años. Aumenta de 106 a 156 mil pesos mensuales, un 50 por ciento, el descuento a los salarios de once millones de activos, cada vez que acceden a los seis millones de empleos precarios donde todos son contratados y despedidos constantemente y producen toda la riqueza del país.

Por otro lado, suple en 56 mil pesos las pensiones a 500 mil jubilados y en 77 mil pesos a 350 mil jubiladas, pero no mejora ni un peso las de otros 570 mil jubilados AFP. Estos beneficios equivalen a suplir en 40 mil pesos las pensiones promedio a 1,4 millones de jubilados AFP. Las del millón y medio de pensionados públicos no mejoran en nada.

Las cotizaciones se elevan en 6 por ciento de los salarios mientras el costo del suplemento equivale sólo a 1 por ciento de los mismos, no 3 como dicen. La mayor recaudación de impuestos a salarios suma 4.800 pero los beneficios sólo 800, millones de dólares por año.

¿Quién se queda con el resto del dinero?

¿Quién se apropia 5 de los 6 puntos en que suben las cotizaciones?

¿A donde van a parar 4.000 de los 4.800 millones de dólares por año de descuento adicional a los salarios?

Dicho millonario excedente, un flujo regular de dinero contante y sonante que permitiría duplicar de inmediato las pensiones actuales, se birla a los asalariados y desvía de por vida al “ahorro” forzoso. Es decir, se transfiere a un puñado de gestores y grandes empresarios.

Lo mismo sucede con las cotizaciones actuales. Las AFP descuentan hoy 12,78 por ciento de los salarios, de los cuales destinan poco más de 4 por ciento a financiar su modesto aporte al pago de pensiones. Recaudan 10.000 millones de dólares por año y destinan sólo 3.200 (32%) al pago de pensiones, mientras los restantes 6.800 (68%) se desvían a perpetuidad al “ahorro” forzoso.

Es decir, se transfieren a perpetuidad al sistema financiero, donde son apropiados por grandes empresarios.

Lo anterior significa que la distribución de cotizaciones adicionales recaudadas por el proyecto, es aún peor que en el sistema de AFP. En efecto, las cotizaciones actuales se distribuyen en una parte a los pensionados y dos partes a los empresarios. En cambio, las cotizaciones adicionales se reparten una para los jubilados y cinco a los empresarios. Da exactamente lo mismo si dicha rapiña de salarios se registra en cuentas individuales o colectivas.

Estas proporciones no cambian si el “ahorro” forzoso es administrado de manera insultante por las AFP o a costo cero por un “ente” público. En ambos casos, el dinero recortado a los salarios para “ahorro” forzoso pasa de inmediato a manos de grandes empresarios. Para no regresar jamás, porque cada mes se incrementa con recortes adicionales a una masa creciente de cotizantes. Una masa siempre creciente de salarios es puesta a disposición de los empresarios. El ahorro forzoso es el abuso.

Las AFP concentran el grueso del ahorro forzoso en los gestores del sistema y otros grandes empresarios. Para contarlos sobran dedos en las manos. Los propietarios de compañías de seguros que operan rentas vitalicias y seguros de invalidez y sobrevivencia (SIS), se han embolsado en propiedad plena, primas que equivalen a casi la mitad (45%) de las cotizaciones totales desde la creación del sistema, y una proporción similar el último año y último mes.

Sólo seis grupos aseguradores, varios son o han sido asimismo propietarios de AFP, se han embolsado tres cuartas partes de este enorme flujo de dinero contante y sonante, originado en un impuesto al trabajo. Dicha proporción se elevó a 81 por ciento en los últimos 12 meses.

Solo cuatro conglomerados propietarios de aseguradoras se han apropiado la mitad de este inmenso flujo. Es decir, se han embolsado una cuarta parte de todas las cotizaciones obligatorias recaudadas desde la creación del sistema de AFP en 1981. Por otra parte, como ha denunciado Fundación Sol, los mismos cuatro grupos concentran una cuarta parte de las inversiones del fondo de pensiones en empresas nacionales. El resto lo comparten con los mayores grupos empresariales, empezando por el más grande de todos que se lleva la tajada principal (ver IMACEI-CENDA).

Nada de esto se toca con la reforma.

Los jefes de dichos conglomerados conforman el cogollito privilegiado que viene abusando del pueblo desde el 11 de septiembre 1973. Uno de los más beneficiados es propietario de uno de los principales diarios del país. Los que más dinero se apropiaron el último año fueron condenados por financiamiento ilegal de la política. Son ex compañeros de curso del Presidente de la República.

A estos abusadores el pueblo los conoce con nombre y apellido. Su dinero se ha adueñado de la política. Cobran caro por atención deficiente de salud y educación, que también se han adueñado. Embuten créditos y ahogan luego con intereses usurarios. Se han adueñado del agua, la tierra y lo que yace en sus entrañas, envenenan el aire. Recursos que pertenecen al pueblo y la nación.

Encarecen medicamentos, pollos y hasta el papel higiénico. Viven de sus rentas, ahogando la iniciativa de miles de auténticos empresarios pequeños y medianos que bullen por doquier. Son los “Hijos de Pinochet” como los bautizó un periodista de talento.

Resulta inconcebible que, en medio del alzamiento, una estrecha mayoría de diputados apruebe un proyecto del gobierno que en lugar de acabar el ahorro forzoso lo agrava brutalmente.

Más preocupante resulta que, a estas alturas del debate, ninguna fuerza política, ninguna bancada parlamentaria, se haya pronunciado clara y categóricamente por acabar con el ahorro forzoso. Casi todos los medios de comunicación han manifestado un apoyo cerrado al proyecto, excluyendo voces críticas y coincidiendo los dos principales diarios en su apoyo editorial explícito al mismo.

No es primera vez que el conjunto del sistema político y mediático de la democracia pos dictatorial se ha cerrado absolutamente en defensa de los principales abusos de este período.

En algún momento el sistema político democrático tendrá que reaccionar. Así lo hizo, bajo máxima presión de manifestaciones, cuando llamó al plebiscito del 26 de abril. Allí el pueblo aprobará redactar una nueva Constitución en una Convención Constitucional íntegramente elegida. Una victoria abrumadora significa un paso adelante importante. Luego logrará en dicha Convención una mayoría amplia y decidida a hacer las reformas necesarias.

En algún momento será necesario reemplazar las actuales autoridades políticas por otras comprometidas con las reformas necesarias. Tal como sucedió muchas veces en el siglo pasado, se forjarán alianzas, amplias pero decididas a realizar las reformas necesarias. Para evitar la hecatombe inevitable cuando se postergan, como advertía Alessandri Palma en 1925. Como las que encabezaron en paz y legalidad el Presidente Frei Montalva en 1964 y el Presidente Allende en 1970. Como entonces, otras fuerzas democráticas comprenderán que hay que abrirles paso a tales reformas.

Una de las reformas, quizás la más necesaria hoy, será acabar de una buena vez con el ahorro forzoso. Ni un peso de cotizaciones será desviado nunca más para fines distintos a pagar pensiones, a financiar empresarios menos que ninguno.

Todo esto caminar rápido. Ningún país aguanta dos años bajo un sistema político en bancarrota.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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