Permisología express: ofensiva del capital, disfrazada de modernización

Daniel Jadue

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La denominada Ley de Autorizaciones Sectoriales, en trámite legislativo bajo el eufemismo de "permisología", se presenta como una medida técnica y necesaria para "agilizar la inversión", pero bajo esta etiqueta benigna se esconde una reingeniería del Estado en favor del capital, una verdadera contrarreforma normativa orientada a desmantelar los controles públicos que buscan proteger el medio ambiente pero estorban a la acumulación privada.

Lejos de fortalecer el rol del Estado como garante del interés colectivo, el proyecto propone un conjunto de figuras que apuntan a debilitarlo estructuralmente. Una de las más graves es la sustitución de permisos ambientales por declaraciones juradas o simples avisos, una burla a la idea de la más básica apuesta de regulación ambiental. Esta "técnica habilitante alternativa" permite que el titular de un proyecto, por su sola palabra y sin ninguna verificación previa, se arrogue la legalidad de su operación.

¿Quién fiscaliza? ¿Con qué capacidad? Nadie lo dice. Y peor aún, se abre la puerta para que cualquier tipo de permiso pueda ser reemplazado por esta ficción legal, en un contexto de permanente debilitamiento del estado en cuanto a su supuesta función de regulador de la actividad privada. En buen castellano: autorregulación para las empresas, desprotección para el territorio.

El proyecto también incorpora una herramienta perversa: el silencio administrativo positivo. Si la autoridad no responde dentro del plazo legal, se asume que el proyecto fue aprobado. En un país donde los servicios públicos carecen de personal, capacidad técnica instalada, presupuesto y respaldo político para enfrentar al empresariado, esta medida no es una simple "eficiencia administrativa": es un incentivo al colapso institucional y una garantía de impunidad para los proyectos que avancen sin revisión seria.

Como si esto no bastara, se consolida el rol de la Oficina de Grandes Proyectos, convertida ahora en "Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión", con atribuciones de supervigilancia y un mandato claro: asegurar que los plazos se cumplan, sin importar si los proyectos vulneran comunidades, ecosistemas o derechos. Es decir, un ente al servicio del capital inversionista, que reporta directamente al Presidente, pero no a la ciudadanía.

Otro de los aspectos peligrosos es la creación de la llamada "invariabilidad regulatoria", un blindaje normativo que permite a los proyectos seguir operando por hasta 8 años bajo las condiciones legales vigentes al momento de su ingreso. Aunque la normativa cambie; aunque la crisis climática demande con urgencia, nuevas exigencias, el titular podrá acogerse al principio de "seguridad jurídica" para mantener intacto su modelo de operación sin importar los impactos y las externalidades negativas, como suelen llamarse. Una suerte de "derecho adquirido" a seguir destruyendo. Un golpe mortal al principio de justicia entre las generaciones.

Todo esto se presenta como modernización, pero es, en realidad, un golpe de mano del gran capital extractivo e inmobiliario, que exige al Estado que deje de ser un freno y se convierta en lubricante y catalizador de la acumulación capitalista. El proyecto no plantea fortalecer las capacidades de fiscalización, no propone recursos para los servicios, ni garantiza el cumplimiento de estándares mínimos de protección medio ambiental. Por el contrario, convierte la tramitación en un trámite vacío, un checklist administrativo sin peso material ni institucional y por supuesto, sin participación alguna de las comunidades afectadas.

En síntesis, el proyecto de ley no es más que una manifestación concreta de la contradicción entre las necesidades del capital y las formas del Estado burgués. Como señalaban Marx y Engels en el "Manifiesto comunista", "el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa". Este proyecto es prueba viva de esa afirmación: una ley hecha a medida del empresariado, para asegurarle rentabilidad con el mínimo de obstáculos, tanto sociales como ecológicos.

A quienes todavía creen que la desregulación traerá desarrollo, hay que recordarles que no hay inversión posible sin territorio, ni crecimiento que justifique el saqueo y la destrucción medioambiental. La permisología express no es eficiencia, es desposesión. Y lo que está en juego es si permitimos que el Estado se convierta en garante del despojo o recuperamos su función como escudo defensor de lo común.