La columna vertebral quebrada: cómo Chile abandona a sus pedagogos

Marcela Romero Jeldres

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La pedagogía en Chile arrastra heridas profundas que trascienden los sueldos paupérrimos y las barreras de acceso: la pérdida del estatus docente no fue un proceso natural, sino una consecuencia directa del legado impuesto durante la dictadura. Este aspecto, poco abordado en el análisis de la reforma educacional de 1980-81, afectó gravemente al profesorado del sistema escolar, al desvincularlo de su rol como funcionarios públicos. Asimismo, la formación inicial docente fue desmantelada frente a la diversificación universitaria inducida, que relegó la educación y la pedagogía a un espacio sin grado académico universitario.

El impacto simbólico de esta desvaloración y pérdida de estatus, repercutió directamente en la disminución de vacantes y matrícula de las carreras de pedagogía. Aunque la LOCE de 1990 restableció parcialmente el reconocimiento académico, el repunte en el ingreso de esta carrera solo comenzó a evidenciarse en 1997. Sin embargo, el imaginario del educador profesional continuó siendo degradado por los medios consolidando una vocación pedagógica como sinónimo de sacrificio, lo que contribuyó a la destrucción simbólica de la docencia en Chile.

Esta precarización -tanto simbólica como material- persiste hasta hoy. Las élites políticas del país, formadas y consolidadas durante la dictadura, parecen empeñadas en reducir, instrumentalizar y precarizar la labor del profesorado. Mientras tanto, una carrera que debería ser profundamente vocacional termina asfixiando a sus jóvenes profesionales con salarios indignos y condiciones laborales insostenibles.

Estos hechos y sus consecuencias no deben ser olvidados en este siglo si aspiramos a reconstruir una educación digna, justa y verdaderamente transformadora. Por ello se impone una pregunta incómoda que interpela directamente a la columna vertebral del sistema educativo chileno: ¿Cómo pretendemos exigir calidad si el sistema sigue negándole al profesorado el reconocimiento social y económico que merece?

Hoy, mientras la discusión legislativa discute si aprueba o no un proyecto de ley que modifica la ley 20.129, que eleva los puntajes mínimos para ingresar a la educación superior, justo cuando urge atraer talento de verdad, se sigue ignorando que la pedagogía no solo es una profesión esencial para la sociedad, sino un compromiso con un país vulnerable que no puede permitirse perder a sus mejores y más jóvenes educadores y que tal medida arriesga la sustentabilidad del sistema educativo en general, en todo el territorio nacional. No obstante, permanece la creencia instalada en dictadura de que mayor puntaje de ingreso al sistema universitario es mejor desempeño profesional; creencia que no considera las investigaciones que señalan que los puntajes de ingreso universitario solo son referenciales, no son un predictor absoluto, ni el más fuerte para predecir futuro. Es más, las notas de enseñanza media y el ranking de rendimiento escolar (indistintamente de donde se estudió), predicen con mayor precisión el desempeño universitario, sumada a otras variables como formación universitaria y habilidades adquiridas, que son tanto o más relevantes y pueden compensar diferencias con el puntaje de ingreso indistintamente de la carrera profesional que se elija, ¿Por qué entonces las y los legisladores toman decisiones con una variable que tiene una capacidad predictiva limitada?

¿Por qué no escuchan a las y los rectores de las universidades chilenas, también a las y los decanos de las facultades de pedagogía, que les solicitan una legislación que reconozcan la urgencia de dignificar la carrera docente, que no solo aumente presupuestos o endurezca puntajes, sino que asegure condiciones reales para formar y retener talento? Sus voces, advierten que sin medidas legislativas concretas que apoyen a las pedagogías, el sistema educativo chileno se encamina hacia un colapso que no podrá ser revertido con la retórica actual. ¿Por qué se ignora lo que mandatan las universidades chilenas?

A esta radiografía crítica se suma además una tendencia preocupante y poco discutida: la apertura para que otras profesiones no pedagógicas, apoyadas con la beca vocación del profesorado, puedan con procesos formativos más breves, ejercer como profesores. Esto no solo diluye la especialización y el rigor que la formación pedagógica requiere, sino que también genera una suspicacia legítima sobre hacia dónde estamos dirigiendo la profesión docente: ¿Será que aceptar profesorado "a presión", es el precio que estamos dispuestos a pagar por la ausencia de incentivos para verdaderos docentes?

Todo esto sin mencionar el desprecio socio-estructural que persiste desde la dictadura hacia quienes eligen la pedagogía: una minoría relegada, mal remunerada, constantemente cuestionada, sobreevaluada y desvalorizada desde las altas esferas de poder. En una sociedad mercantilizada que sigue aceptando que la "vocación" justifique sueldos indignos y precariedad profesional, se perpetuará un sistema que no solo fracasa en formar pedagogos, sino que activamente los expulsa.

La pedagogía chilena no puede ni debe seguir siendo la gran víctima de esta paradoja: más exigencia, menos ingreso, peor salario y menos respeto. Es hora de revertir esta historia. De dejar de romantizar la profesión docente como una misión imposible y empezar a dignificarla con salarios justos, reconocimiento social, condiciones laborales decentes y una apertura que no sacrifique calidad con desesperación. Porque educar es la columna vertebral de cualquier país que quiere avanzar con justicia, y quienes ejercemos la pedagogía, merecemos más que discursos vacíos y promesas rotas: merecemos respeto, reconocimiento social y futuro. Lo que teníamos y que se nos arrebató.