Seguridad vial: el desafío que no espera segunda vuelta

Carolina Figueroa Cerna

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Mientras internacionalmente se conmemoraba el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Chile votaba. El mismo domingo en que el mundo encendía velas por quienes ya no están, nuestro país elegía a los dos nombres que disputarán la segunda vuelta presidencial: José Antonio Kast y Jeannette Jara. Las urnas y la memoria coincidieron en un mismo día, poniendo sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿Qué lugar ocupa realmente la seguridad vial en nuestra agenda pública?

Porque la realidad es dura: al 13 de noviembre de este año, 1.295 personas han fallecido en siniestros viales. Son números que deberían estremecernos, pero que muchas veces pasan inadvertidos, como si pertenecieran a una estadística inevitable. No lo son. La seguridad vial no es un accidente, es una política pública.

El marco conceptual de la seguridad vial nos recuerda que no estamos ante un simple conjunto de normas, sino ante un valor cultural, un enfoque preventivo y un sistema de responsabilidades compartidas entre Estado, instituciones, comunidades y cada usuario de la vía. Se trata de un concepto polisémico, que puede entenderse como propósito, como enfoque de acción, como atributo de los sistemas de movilidad y también como un valor cultural que refleja cuánto cuidamos -o dejamos de cuidar- la vida en el espacio común. Esa complejidad exige un abordaje multidisciplinario, sostenido y serio, lejos de la idea normalizada de que los siniestros viales "son cosas que pasan". Implica asumir que proteger la vida en tránsito es una tarea estructural del país, y no un gesto reactivo frente a cada tragedia.

En Chile, sin embargo, seguimos atrapados en una lógica de respuesta diferida: avanzamos después de las tragedias, legislamos tras un duelo colectivo, diseñamos estrategias que luego se quedan detenidas por falta de presupuesto o voluntad política. Ejemplos sobran: la implementación pendiente de la Ley CATI, la insuficiente fiscalización del consumo de drogas al volante por la falta de Narcotest, la debilidad estructural de la fiscalización de la Ley No Chat o de las carreras clandestinas, la lentitud en fortalecer la figura de una defensoría de víctimas que también incluya a víctimas viales.

En este contexto, es importante observar qué dicen -y qué no dicen- los programas de quienes pasaron a segunda vuelta: ninguno de los dos candidatos menciona explícitamente la seguridad vial ni propone medidas específicas para reducir fallecidos o fortalecer la prevención. Hay referencias generales a infraestructura, seguridad pública o conectividad, pero no existe un capítulo específico que aborde lo que hoy es la primera causa de muerte externa en el país. Es una ausencia preocupante, pero también una oportunidad: la de exigir que este tema entre de manera clara y prioritaria en las conversaciones programáticas del balotaje.

Noviembre también es un mes especial para nosotros: Fundación Emilia cumple 11 años. Once años de insistir en que los siniestros viales no son hechos inevitables; de acompañar a familias que viven duelos abruptos, injustos y transformadores; de levantar memoria donde antes había silencio; de formar a comunidades, instituciones y equipos de emergencia; de recordarle al país que esta problemática es social, pública y política, no solo técnica.

Seguimos en pie por quienes no están, pero también -y sobre todo- por quienes quedamos. Porque cada vida salvada es una historia que no termina antes de tiempo.

Sea cual sea el próximo gobierno, el desafío es ineludible: construir un sistema preventivo alineado con el enfoque de Sistema Seguro, que reconoce que las muertes en el tránsito no son aceptables.

Que este noviembre no sea solo un recuerdo. Que sea un punto de inflexión. La memoria, cuando se vuelve acción, salva vidas.