La respuesta es la EIS

Si estas cifras se refirieran a delitos asociados a la seguridad pública, habrían remecido de inmediato la agenda política, y copado titulares y matinales. Pero en realidad solo estoy hablando de números que describen una realidad que afecta a niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Defensoría de la Niñez, solo en el 2024, más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual en Chile. Esta cifra representa más del 71% de todas las denuncias por este tipo de delitos registradas por el Ministerio Público.

Además, se reportaron 952 casos de explotación sexual y cerca de 2.000 vinculados a violencia sexual digital.

La tendencia es clara. Entre 2022 y 2024, la tasa de víctimas de explotación sexual por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes creció 89% en delitos de obtención y facilitación, y 59% en los vinculados a material abusivo.

Para el 2024 el Ministerio de Salud confirmó que 351 niñas y jóvenes abortaron antes de los 18 años bajo la Ley IVE, de las cuales 142 eran menores de 14 años. Del total de las menores que decidieron interrumpir el embarazo, 296 (85%) lo hizo a través de la tercera causal, es decir, violación.

Según el Informe Final de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales (2015), respecto de los agresores, el 75,1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres, el 88,5% son personas conocidas por las niñas, niños y adolescentes, y el 50,4% corresponde a familiares.

Cuando se habla de abuso sexual, muchas veces se instala un imaginario propio del cine, un agresor desconocido que ataca en un callejón oscuro. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las estadísticas informadas demuestran que quienes violan y abusan de niñas, niños y adolescentes están, en la mayoría de los casos, dentro del hogar. Es el padre, el tío, el primo, el hermano.

Es responsabilidad directa del Estado que estas cifras continúen en aumento. Es responsabilidad del Estado que, bajo su resguardo, miles de niñas y niños vean vulnerados sus derechos. Y es responsabilidad del Estado que no exista una ley que, más allá de sancionar, prevenga estas violencias.

Dicho con claridad, Chile necesita una política de Educación Integral de la Sexualidad (EIS). Seguir entrampando esta discusión y calificando esta propuesta educativa como parte de una apuesta ideológica propia de un sector político no solo es incorrecto, sino que peligroso, ya que resta herramientas y posibilidades de cuidado hacia quienes se encuentran más desprovistos/as. Prevenir una violación, mediante el desarrollo de diálogos, procesos educativos participativos que contemplen a familias, docentes y comunidades educativas, y el uso de materiales y conversaciones pertinentes y contextualizadas, otorga seguridad a niñas, niños y jóvenes. Por otro lado, negarse a la educación sexual que permite la prevención del abuso, demuestra desinformación y un silencio cómplice.

La EIS es una propuesta basada en un currículo con base científica, diseñado según las etapas del desarrollo, cuyo propósito es que niñas, niños y jóvenes adquieran conocimientos, desarrollen valores y habilidades para la vida. Cada contenido está ajustado a la edad, y por eso se enseña a niñas, niños y adolescentes a reconocer su cuerpo, establecer límites, comprender el consentimiento y detectar situaciones de abuso y cómo prevenirlas. Además, esta pedagogía incluye a las familias a través de un trabajo conjunto que las involucra de manera permanente y activa en el proceso de educación sexual de sus hijas e hijos, a través del desarrollo de habilidades para la comunicación, el acompañamiento y la crianza.

Lo lógico es entregar información para disminuir los abusos y que las familias sean parte de la prevención. Lo urgente es dejar de normalizar estas cifras indignantes, que aumentan día a día sin que nadie asuma su responsabilidad. Entonces las preguntas son inevitables, ¿Otra vez la Educación Integral de la Sexualidad quedará fuera de la discusión, desprotegiendo a la niñez?

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