Buena Idea
Autorizar el retiro de ahorros AFP es una buena idea. Merma el abusivo e irracional ahorro forzoso y abre paso a acabarlo, lo que sucederá pronto. Ello permitirá duplicar las pensiones actuales y reducir considerablemente el déficit fiscal, con beneficio para la economía y los empresarios. Esta buena idea ha tenido una amplia acogida, también en políticos de derecha personificados por el H.D. Don Mario Desbordes, quien nuevamente asume responsablemente la imperiosa necesidad de superar la crisis política nacional.
El fondo de ahorro forzoso AFP es el abuso. Es una inmensa masa de instrumentos financieros destinada a crecer indefinidamente, a través de constantes oscilaciones sucesivas, a veces brutales como sucede en estos días.
Ha sido acumulado a lo largo de cuatro décadas, a partir de recortes forzosos a los salarios de millones de trabajadores y trabajadoras, escamoteados a sus padres y abuelas a quienes estaban destinados y podrían haber asegurado pensiones dignas.
Los únicos beneficiarios de este fondo son sus gestores y un reducido grupo de grandes empresarios que se han apropiado del dinero allí registrado. Principalmente, cuatro conocidos grupos nacionales que controlan el negocio de seguros relacionados, quienes se han embolsado la mayor parte del dinero. Sus propietarios están ligados estrechamente al Presidente de la República.
Autorizar el retiro significa que los magnates que se lo han apropiado lo devuelven en parte a sus propietarios, que harto lo necesitan en las actuales circunstancias. Muy buena idea.
El fondo mal llamado "de pensiones" bien poco tiene que ver con éstas. Desde luego no financia pensiones, sino inversiones empresariales y cobros de sus gestores. El más grueso de estos últimos son las primas netas de las compañías de rentas vitalicias, con las cuales se subcontrata el pago de la mayor parte de las pensiones y para lo cual se les transfieren mensualmente el equivalente a cerca de la mitad de las cotizaciones.
El fisco financia tres cuartas partes de las pensiones que se pagan en Chile. Incluidas una mitad que paga directamente y 1/3 de la otra mitad que pagan las AFP. El fisco destina a ello un quinto de su presupuesto, el que financia con deuda e impuestos corrientes, principalmente el IVA. Las AFP financian el cuarto restante del gasto nacional en pensiones, con el equivalente a 1/3 de las cotizaciones corrientes. Es decir, el gasto nacional en pensiones lo financian principalmente los trabajadores con pago de IVA y parte de las cotizaciones corrientes.
El fondo de pensiones en los hechos no interviene en el pago de pensiones, excepto para calcular el modesto aporte “autofinanciado” por las AFP, cuyo monto promedio no alcanza a un quinto de las remuneraciones imponibles.
Se trata de un método pésimo, porque hace depender el monto de las pensiones del fondo acumulado el momento de jubilar, calculado con los rendimientos de los mercados financieros internacionales, los que varían constantemente. Para este cálculo no se necesita tener el fondo. Bastaría con llevar la cuenta de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida, como hacen las denominadas “cuentas nocionales”, a las que se asigna una tasa de interés fija. Usadas de modo exclusivo, sin embargo, estas últimas tienen el grave inconveniente que desincentivan el cotizar en los últimos años cuando los sueldos son mayores.
Pero calcular las pensiones exclusivamente en base a un fondo acumulado al jubilar, como sea que se calcule su valor, termina siendo un método inaceptable, puesto que fija su monto en UF al momento de jubilar y no las reajusta según los salarios, por lo cual su tasa de reemplazo disminuye constantemente al subir éstos, tal como ocurre en la actualidad en Chile.
Sea como fuere, para calcular de esta forma las pensiones, no se necesita acumular un fondo que hoy alcanza a 80 por ciento del PIB y equivale a veinte años de cotizaciones, diez veces más de lo que mantienen las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social para solventarse en períodos de recesión.
Mantener un fondo de ahorro forzoso de esta magnitud no sirve a los pensionados, sólo beneficia a los empresarios que lo usan para financiar sus inversiones. Devolverlo en parte a sus propietarios es una muy buena idea.
En tiempos difíciles se recurre a los ahorros, para eso son. Chile, en cambio, mantiene la irracionalidad de continuar "ahorrando" forzosamente US$10.000 millones anuales de cotizaciones. Este dinero debe y puede financiar buenas pensiones hoy, aliviando de paso al fisco los enormes subsidios en dinero que hoy aporta al sistema AFP.
Para ello es necesario derogar el DL 3.500, como propone el proyecto de cinco senadoras y senadores, acabar el ahorro forzoso y recuperar el Estado la gestión de la seguridad social, incluido el esquema de rentas vitalicias.
Ello permite duplicar las pensiones actuales, y además mejorar las cuentas fiscales en el equivalente a 1/5 del presupuesto, disminuyendo el endeudamiento y mejorando la calificación de riesgo país. Por este preciso motivo lo suspendieron o acabaron en Europa. Muy buena idea.
Una verdadera jauría de economistas, de los sectores políticos más insospechados, han reaccionado en contra de la propuesta cual diligentes escuderos del ahorro forzoso. Auguran catástrofes de todo tipo si se retiran los fondos, pero no dicen que éstas no ocurrieron en los países que recientemente suspendieron o acabaron con el ahorro forzoso, tras la crisis del año 2008. Muy mala idea. Allí sucedió lo contrario. Mejoraron las pensiones. También la calificación de riesgo al reducir el déficit y endeudamiento fiscal. Ello benefició a todos los empresarios porque mejoró las condiciones crediticias.
Resulta alentador que el sistema político chileno haya venido despertando a la demanda de acabar con el ahorro forzoso. Hace algunos meses, casi la mitad de la Cámara rechazó legislar un proyecto gubernamental que lo aumentaba, y solo la defección de un puñado de opositores permitió que continuara su trámite, hasta ahora empantanado en el Senado. Se han presentado una variedad de proyectos de reforma. El más significativo es el antes mencionado que deroga el DL 3.500, presentado por cinco senadoras y senadores, que recibió el respaldo de 47 diputadas y diputados.
Ahora, la buena idea de retirar los fondos ha recibido una acogida amplia que augura la posibilidad de aprobarse. El poder judicial está avanzando paralelamente en la materia, al acoger demandas de afiliadas que quieren retirar sus fondos.
Es interesante el papel que está jugando al respecto el H.D. Don Mario Desbordes, Presidente de Renovación Nacional. Ha dado muestras de ser un político responsable, que asume la magnitud de la crisis política en curso y ha ayudado a abrir caminos para encauzarla democráticamente.
Al parecer, comprende que acabar con el abusivo e irracional ahorro forzoso ayudará a superarla. Ahora se ha manifestado a favor de devolver parte de los fondos. No sería primera vez que gobiernos y partidos de derecha acaban con el ahorro forzoso.
Así sucedió en varios países de Europa que lo acabaron recientemente. Bienvenidos si lo hacen ellos o ayudan a hacerlo.
Ojalá que la centro izquierda que lo implementó allí y lo ha mantenido y agravado en Chile, espabile en esta ocasión.
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