Después de ciertas declaraciones del ministro de Hacienda, da la impresión de que debiéramos resignarnos a una cierta mediocridad. Las expectativas de crecimiento del país se han readecuado a una visión supuestamente "realista" de lo que sería posible. En vez de aspirar a crecer al 4%, parece que hay que conformarse con una tasa cercana al 3,5%.
Sin embargo, Chile tiene todo para aspirar a más: contamos con una economía ordenada. Si bien hemos estado enfrascados en una discusión legítima sobre el déficit fiscal y el endeudamiento, este debate se da en los márgenes y no compromete las finanzas públicas si miramos el panorama internacional. Un gran acuerdo nacional para equilibrar ingresos y gastos fiscales debiera ser posible, tal como estuvo próximo a alcanzarse en la administración anterior. Solo se requiere flexibilidad en función de un bien superior.
Además, gozamos de una fortaleza institucional que nos hace un país creíble: alternancia en el poder respetuosa, un Parlamento autónomo, fallos judiciales que se acatan y una valoración transversal de la democracia. Esta solidez se acrecienta cuando resolvemos problemas sociales históricos en vivienda, salud, educación y seguridad ciudadana.
A nivel de recursos, el futuro es optimista. Poseemos minerales de alta demanda mundial, un sector agrícola competitivo con acuerdos comerciales que abren mercados globales, liderazgo en salmonicultura y un potencial gigante en energías renovables no convencionales. Orientados al Pacífico, estamos llamados a ser la plataforma comercial y de servicios de la región.
Aprovechar este potencial requiere un liderazgo comprometido que se traduzca en políticas públicas con una orientación estratégica clara. Aquí es donde la Infraestructura juega un rol robusto y articulador.
Necesitamos un compromiso de inversión pública a firme para los próximos años y una intensificación de la Asociación Público-Privada (APP) para apoyar a los sectores productivos: agua destinada a la agricultura, logística para la minería y la exportación, interconexión eléctrica vecinal y telecomunicaciones digitales de vanguardia. Todo esto, acompañado de ciudades que eleven su productividad y calidad de vida.
Alcanzar la meta de crecimiento de 4% en lugar de estancarnos en el 3,5% no es un capricho técnico; es la diferencia entre el desarrollo y el inmovilismo. Lograrlo depende de nuestra capacidad de llegar a consensos. En ese sentido, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) funciona como una institución donde los acuerdos transversales sí son posibles cuando se pone el futuro de Chile por delante. Nuestro país puede más. Por eso, no nos gusta que nos llamen a conformarnos con menos.