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Manuel Riesco

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El Gobierno, todos los partidos y bancadas parlamentarias de su coalición y casi toda la oposición, con la honrosa excepción de unas pocas autoridades políticas en el Parlamento, se han puesto de acuerdo en una reforma, mal llamada "de pensiones". No busca mejorarlas, puesto que para duplicarlas hay que recuperar las contribuciones a la seguridad social y pagarlas con estas sobre la marcha como hacen todos los países. Esta reforma lo que busca, en cambio, es aumentar su desvío al mercado de capitales. Constituye por ello un atentado contra el pueblo trabajador, que agrava -en más de una vez y media- el abuso ideado por José Piñera y forzado a la ciudadanía civil por Pinochet. Agrava asimismo el mayor atentado contra los equilibrios fiscales que se haya cometido jamás.

A cambio de míseros y graduales incrementos en pensiones, que sólo abundan en mezquina letra chica y son íntegramente de cargo fiscal, elevan en los hechos la edad de jubilación de las mujeres en cinco años y el descuento "previsional" de 13 a 20 por ciento de los salarios imponibles. Todo el incremento de la recaudación, 7.000 millones de dólares anuales, se transfiere al mercado de capitales, mismo destino de los 14 mil que descuentan hoy. Para beneficio de gestores financieros y grandes empresarios, especialmente los cuatro grupos que controlan el sistema AFP.

Es asimismo un atentado gravísimo contra el sistema democrático. Una victoria pírrica a costa de agravar el desprestigio que lo tiene sumido en una crisis política nacional, que nadie niega y torna la vida insoportable para todos. Los partidos sin excepción han pasado por sucesivos gobiernos democráticos a lo largo de tres décadas y media, y ninguno ha sido capaz de intentar siquiera acabar con este abuso.

Para evitar el peligro de un suicidio fascistoide, el único camino es levantar ahora una alternativa política revolucionaria y democrática, dispuesta a conducir la indignación popular, hoy dirigida contra el sistema democrático, para acabar éste y otros grandes abusos que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973. Con la determinación del Presidente Allende. Y respecto del sistema AFP, por ahora, si no hay reforma habrá retiros.

"Ya no podríamos llamarle al sistema de pensiones chileno el sistema de AFP (sic)". Tiene razón el ministro de Hacienda en declararse "satisfecho" y con esas palabras reclamar la coautoría sobre este sistema mal llamado "de pensiones". Desde luego por su labor directa en las tres reformas importantes intentadas anteriormente y por cierto en la actual. Sin contar su destemplada oposición a los retiros del 10%. Secundado en todo ello por una legión de tecnócratas que comparten sus convicciones y algunas figuras políticas, en primer lugar la ministra del Trabajo y Previsión Social, que parecen anteponer otras consideraciones a su deber de defender bajo toda circunstancia los intereses del pueblo.

El funcionario coautor, formado por el neoliberalismo de "tercera vía", ha sido siempre, desde los variados altos cargos públicos por los que ha transitado, un defensor del desvío de las contribuciones previsionales, al ahorro forzoso en el "mercado de capitales". En realidad el grueso va a los cuatro grupos pinochetistas que controlan el sistema AFP mediante sus compañías de seguros.

Nunca ha sido un defensor de las AFP sino al revés, es un serio competidor de estas con razón desprestigiadas gestoras. Quizás sea su propósito administrar él mismo el ahorro forzoso de los millones de personas que conforman el pueblo trabajador. Tal vez comparte el sueño de colegas que han dicho "¿te imaginas el poder que nos daría (sic)?". Lamentablemente, el funcionario coautor al parecer nunca se ha percatado que el ahorro forzoso es uno de los dos mayores abusos contra el pueblo originados el 11 de septiembre de 1973. Junto a la entrega a 10 mineras privadas, sin cobro significativo, de tres cuartas partes del cobre nacionalizado por el Presidente Allende, cuya materialización apoyó desde varios gobiernos concertacionistas. Se pueden estimar en el equivalente de un quinto y la mitad, respectivamente, de los ingresos totales del Estado. Son recursos pertenecientes al pueblo de Chile que se traspasan a un puñado de grandes empresarios, por añadidura rentistas. De aprobarse la reforma, el primero subirá a más de un cuarto de los ingresos fiscales.

Más allá de quién lo gestione, el desvío mismo al ahorro forzoso de estas contribuciones es un abuso gigantesco contra la abrumadora mayoría que vive principalmente de su salario. Especialmente para sus mayores a cuyas pensiones se restan, siendo suficientes para duplicarlas. Descuenta forzosamente el 13 por ciento de los salarios imponibles, tasa que subirá a 20 por ciento si se aprueba la reforma en curso. Lo así "ahorrado" por cada persona se secuestra de por vida, desde la primera hasta la última cotización, y al jubilarse se le "devuelve" en cuotas de 1/200avo al mes, a las mujeres menos, hasta su muerte. Y aún después, como ha demostrado un triste incidente reciente. Al jubilarse por renta vitalicia, la persona pierde además la propiedad formal del ahorro, la que transfiere de modo bien real a la compañía de seguros.

Esas condiciones del ahorro mismo son abusivas y nadie las aceptaría voluntariamente. Las mismas se fuerzan exclusivamente a la abrumadora mayoría de la población, que vive principalmente de los salarios que recibe en trabajos formales a los que accede poco más de un mes de cada dos, en promedio. Una buena manera de apreciar el abuso es aplicarlo a la ínfima minoría que vive principalmente de las ganancias del capital y las rentas de la tierra. Su aporte conjunto al mercado de capitales sería la mitad de lo que aporta el resto. En efecto, los ingresos del 1% superan en 50 veces los del 99% que vive principalmente de salarios, incluyendo el 0,1% que gana 300 veces más y el 0,01% que gana 2,237 veces más. Sin embargo ¿estarían contentas con contribuir así a la economía esas personas y sus todopoderosas organizaciones, medios y políticos? ¿Estarían pechando cómo hacen hoy con los salarios, por elevar su contribución de 13 por ciento a 20 por ciento de sus ingresos?

El abuso que significa el desvío de cotizaciones previsionales al ahorro forzoso se agrava cualitativamente si se considera su contenido clasista. Aunque a cada persona asalariada se le restituya íntegramente y con gananciales lo que aportó, el fondo de salarios así ahorrados no se restituye jamás al pueblo trabajador en su conjunto. Sencillamente porque basta para ello con que el número de forzosos ahorrantes crezca, como demostró Franco Modigliani y recibió por eso el Premio Nobel. Financiar así, con salarios, la reproducción ampliada del aparato productivo es un abuso gigantesco, puesto que ello es responsabilidad exclusiva del empresariado con cargo a los excedentes que se apropia. Forzarlo legalmente constituye una violación flagrante de la primera obligación del empresariado: no tocar los salarios. Quebrantar este principio sagrado tiene un nombre, se llama superexplotación.

El sistema AFP ha confirmado espectacularmente el teorema de Modigliani. La "devolución" en realidad se ha financiado siempre con una pequeña parte de la creciente recaudación corriente, jamás con el fondo acumulado. Las AFP han destinado menos de un sexto (16%) de lo recaudado, a financiar su mísero aporte "autofinanciado" a las pensiones que paga dicho sistema, que cubre apenas un tercio de las mismas. El Estado subsidia los dos tercios restantes de estas, además de la totalidad de otras tantas pensiones públicas. Casi todas las contribuciones a la seguridad social (84%), se han traspasado así a perpetuidad al sistema financiero. Con la única excepción de los "retiros 10%", el fondo AFP no ha financiado nunca ni financiará jamás pensión ni beneficio alguno a las personas afiliadas.

En cambio, como resaltaba alarmado ante el Parlamento el funcionario coautor, argumentando contra los retiros 10%, el fondo AFP y las "reservas técnicas" de las compañías de seguros relacionadas con el negocio, financian el grueso de los créditos y buena parte del capital bursátil de las grandes empresas. Son sus verdaderas beneficiarias y ese es el objetivo de perpetuar y agravar este abuso. Al funcionario coautor, en cambio, el ahorro forzoso no sólo no le parece un abuso, sino un componente "necesario porque permite evitar los problemas derivados del cambio de la transición demográfica sobre las pensiones (sic)". Repite así la canallada AFP de azuzar a los jóvenes a abandonar a sus padres a su suerte. Estúpida además porque azuza que los nietos hagan lo mismo con ellos. Ante todo irracional puesto que, quiéralo o no, la generación que trabaja es la única que puede sostener, con parte de lo que produce cotidianamente, a las personas que no pueden trabajar, jóvenes, inválidos y viejos. Nadie más puede hacerlo y lo logran. Lejos de ser un problema, triplicar la expectativa de vida de la población constituye el mayor logro de la transición a la modernidad. Felizmente y al mismo tiempo, dicha transición multiplica por más de 20 la productividad del trabajo medida en valor, y muchísimas veces más si se mide en bienes y servicios concretos. De este modo, es bien sabido que las sociedades que completaron antes esta transición, sostienen al conjunto de su población en forma cada vez más confortable con jornadas laborales cada vez más cortas.

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que el funcionario coautor, que ha tenido un rol importante en establecer leyes e incluso promovido disposiciones constitucionales que obligan a los gobiernos a respetar estrictos "equilibrios fiscales", pretenda en cambio mantener y agravar brutalmente la principal y más regresiva distorsión del sistema tributario, que origina el que sin duda constituye el mayor desequilibrio fiscal en registro.

El andamiaje de "equilibrios fiscales" criollo se ha puesto en alerta roja ante la propuesta de destinar un punto y medio de cotizaciones adicionales a un préstamo al Estado, supuestamente para pagar un modesto beneficio previsional y principalmente para ahorrar y cubrir así su futura devolución. Pues bien, es precisamente lo que se ha venido haciendo desde 1981, cuando, con la autoría intelectual de José Piñera, Pinochet desvió al mercado de capitales todas las contribuciones a la seguridad social de la ciudadanía civil. Mismas que en ese momento financiaban todas las pensiones y dejaban un excedente de un tercio en beneficio fiscal. Ello generó una caída de más de un quinto en los ingresos del Estado, que siguió pagando todas las pensiones, déficit que el fisco cubrió endeudándose con el fondo AFP. Lo ha continuado haciendo y según el funcionario coautor, actualmente la deuda acumulada del fisco con el sistema AFP representa dos tercios de su deuda total.

Aparte de prometer tasas de reemplazo de 70 por ciento, tanto el creador del sistema como su coautor se han comprometido a aliviar de este modo las cuentas fiscales. La realidad es que cuatro décadas y media después, el fisco financia la casi totalidad (87%) del gasto nacional en pensiones, incluyendo subsidios directos que cubren dos tercios (64%) de las que paga el sistema AFP, y la totalidad de otras tantas pensiones públicas. Destina a ello más de un quinto (22%) de su presupuesto fiscal, de muy lejos la mayor partida, que creció 7 por ciento en los últimos 12 meses.

Las cifras involucradas en este abuso son siderales. El total de cotizaciones salariales transferido al sistema AFP -desde 1981 hasta noviembre de 2024- suma casi 300 mil millones de dólares, cifra similar al PIB del año 2024 y equivalente a tres veces la masa salarial de ese año, completa. A ello hay que agregar un total de 75 mil millones de dólares en subsidios fiscales directos al pago de pensiones AFP, que han financiado dos tercios de las mismas, mediante endeudamiento contraído con el sistema AFP que equivale a dos tercios de la deuda fiscal total. Restando a lo anterior el costo total de las pensiones pagadas por este sistema en toda su historia, que suma 123 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo recaudado en cotizaciones, ello arroja un excedente corriente neto de 245 mil millones de dólares de salarios y subsidios transferidos al sistema AFP.

Esa cifra, equivalente a cinco sextos del PIB del año 2024, supera con creces el valor del fondo de pensiones, que a noviembre de ese año alcanzaba los 191 mil millones de dólares. Cubre asimismo la mayor parte de los otros retiros netos del fondo, incluyendo la mayor parte de los "10%". La cacareada ganancia bruta del fondo, que efectivamente suma poco más de 100 mil millones de dólares, apenas cubre las comisiones y primas netas que se han traspasado a la propiedad de los accionistas de las AFP y las compañías de seguros relacionadas con el negocio. De este modo, la ganancia neta del sistema para afiliados y fisco se reduce apenas a 8 por ciento del valor del fondo a fines de noviembre de 2024.

El excedente corriente neto aportado por personas afiliadas y el fisco al sistema AFP, es decir, la suma de cotizaciones más subsidios menos pensiones pagadas por éste, es asimismo la medida precisa del costo fiscal del mismo. En efecto, sin AFP, recaudando lo mismo y pagando las mismas pensiones, dicho excedente corriente neto, sería de beneficio fiscal. Por otra parte, la deuda fiscal total sería un tercio de la actual.

Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la magnitud acumulada de la regresiva y "atípica transferencia forzosa al sector privado" que detecta el reciente informe de la OCDE en el sistema tributario chileno. Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la medida de la "responsabilidad fiscal" de la cual con ceño adusto han alardeado tanto el creador del sistema AFP como el funcionario que reclama con razón coautoría sobre el mismo. Sin considerar que, adicionalmente, han registrado estos inmensos desembolsos fiscales "bajo la línea" en su presupuesto, de modo que no se reflejan como deberían en las cuentas fiscales. ¡Irresponsables y por añadidura frescolines!

Un déficit acumulado equivalente a cinco sextos del PIB de 2024, esa es, precisamente, la magnitud del gigantesco subsidio entregado mediante el abusivo ahorro forzoso a la conformación del gran empresariado chileno, a los "hijos de Pinochet". La reforma mal llamada "de pensiones" está agravando este abuso gigantesco en una vez y media. Eso es lo que Gobierno y Parlamento están aprobando por estos días, con el concurso de todos los partidos y bancadas. Incluida la gloriosa izquierda chilena, la heredera del Presidente Allende, que supo conducir la auténtica Revolución Chilena en forma pionera por medios democráticos. La que dirigió la Rebelión Popular, que luchando heroicamente en todos los terrenos acabó con la dictadura.

Incluidos los partidos Socialista y Comunista, las principales fuerzas revolucionarias populares que condujeron esas irrupciones masivas, pero que hipotecaron la primera condición al participar en gobiernos democráticos que, si bien hicieron muchas cosas, nunca intentaron siquiera acabar con los grandes abusos cómo el ahorro forzoso, que se originaron el 11 de septiembre de 1973. Incluidos los partidos que agrupan a las jóvenes generaciones, que se elevaron al poder empujadas por la nueva irrupción popular, la más masiva de todas, que se desplegó el 18-O, pero que no supieron conducirla proponiendo de inmediato acabar con los mayores abusos, cómo éste. Como sí lo hizo el Presidente Allende.

Al proponer y aprobar todos estos partidos esta reforma, que lejos de acabar con este abuso, lo agrava, están hipotecando su condición misma de fuerzas populares, puesto que el primerísimo deber de estas es anteponer siempre, en cualquier circunstancia y ante toda otra consideración, la defensa irrestricta de los intereses del pueblo trabajador. Con esta reforma, en cambio, están agravando su superexplotación.

Nada de esto es gratuito. El pueblo trabajador es muy paciente pero a cada tanto pierde la paciencia e irrumpe masivamente en el espacio político para hacerse respetar. La irresponsabilidad de las autoridades del sistema político en su conjunto, de mantener y agravar en más de una vez y media este abuso, en lugar de encabezar la irrupción popular para acabarlo, que para eso fueron elegidas, deberán responder por ello ante el pueblo.

Y lo harán. La presión popular por terminarlo continuará sin pausa y se manifestará muy concretamente. Sin duda, por una continuada y creciente presión por retiros de fondos, pero asimismo por la autorización de regreso voluntario al sistema público, que es la manera en que se puso fin a estos esquemas en Europa. Y quizás de qué otra manera. La reforma mal llamada "de pensiones", en realidad está completando y multiplicando por una vez y media la abusiva obra de su autor, de triste memoria. Al coautor no le gusta ser asociado con su nombre pero, como dice la biblia, "al César lo que es del César...".

^{La versión completa de este texto, con vínculos a las fuentes que respaldan cada una de sus afirmaciones, está disponible en este vínculo}