Como en los años '70, la democracia está en peligro. Una ola de acciones, declaraciones y actitudes muestran un patrón de pérdida de convicción democrática, tanto en la izquierda como en la derecha. Y si esto no se rectifica a tiempo, podemos perder el más preciado don que tenemos: el derecho a la vida y la capacidad de decidir por nosotros mismos.
Dos países tienen expresidentes presos por sendos intentos de golpe de Estado: Perú y Brasil. En Perú, el entonces presidente Pedro Castillo ordenó cerrar el Congreso para convertirse en dictador; el Parlamento respondió a tiempo y lo puso a disposición de la justicia, la cual lo juzgó y condenó por golpista. Lo mismo ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro: al perder las elecciones con Lula da Silva, en vez de aceptar democráticamente la derrota y felicitarlo, trató de dar un golpe de Estado sin éxito. Ahora está preso por golpista.
Es muy peligroso que un candidato presidencial derrotado no reconozca al vencedor: eso abre el camino al golpe de Estado y el derrumbe institucional. Por eso es muy grave lo que ahora hacen el peruano Roberto Sánchez y el colombiano Gustavo Petro quienes, en lugar de reconocer sus derrotas, cuestionan los comicios, echando un manto de sospecha sin fundamento sobre los ganadores.
La situación en Venezuela es todavía peor. Después de dos décadas de abusos de poder, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y elecciones fraudulentas, EE.UU. prometió cambios radicales con la captura de Nicolás Maduro. Pero han pasado más de cinco meses desde entonces, y todavía no hay progresos claros en términos de democracia: el régimen de su sucesora, Delcy Rodríguez, es peor que el de Maduro, hay más presos políticos que antes; se reiteran las detenciones arbitrarias, los maltratos y torturas. Las violaciones a los derechos humanos siguen como práctica sistemática. Y todavía no hay fecha para elecciones libres.
En Bolivia el panorama es también preocupante. Incapaz de comprender que la democracia implica el respeto incondicional a la voluntad popular, la división de poderes y la periodicidad de los cargos de gobierno, Evo Morales no acepta la abstinencia de poder. Igual que en otros países, la Constitución de Bolivia establece que el presidente solo puede ocupar el cargo por dos mandatos. Evo lo ocupó cuatro veces seguidas, y no conforme con ello, presionó a las instituciones públicas para auto-habilitarse un quinto mandato, a pesar de haber perdido el plebiscito ad hoc. Al perder las elecciones, trató de falsificarlas con fraude, tal como hizo Maduro en Venezuela, pero sin éxito.
Finalmente tuvo que aceptar la llegada al poder de su leal ministro Luis Arce; pero en vez de apoyarlo, saboteó sistemáticamente su gestión con movilizaciones, cortes de carreteras y mil medidas de sabotaje. Finalmente logró arruinar la administración de su correligionario, al costo de hundir económica y socialmente a su país. Ahora impulsa similar conducta contra la administración de Rodrigo Paz, que apenas lleva unos meses de gestión. Simplemente, Evo no puede soportar la vida fuera del poder. Se siente dueño del Estado. En este enfoque tiene apoyo internacional, como muestra la presencia de dirigentes kirchneristas de Argentina en Bolivia para apoyar los sabotajes de Evo Morales.
Este enfoque no es exclusivo de la izquierda, sino que también se extiende a sectores de la derecha. Además del mencionado Bolsonaro, tenemos el caso de Keiko Fujimori. En la mayoría de sus anteriores candidaturas presidenciales, Keiko no fue capaz de aceptar su derrota; en vez de asumir una actitud responsable y democrática, al ver que había perdido, hizo lo mismo que Maduro, Petro y Roberto Sánchez: actitud negacionista, y saboteó permanente del gobierno legítimo. Keiko utilizó su poder en el Congreso peruano para imposibilitar la gobernabilidad de los presidentes que la habían derrotado en las urnas. Ahora parece que ha ganado legítimamente la presidencia del Perú. Esperemos que deje atrás sus tendencias autoritarias y asuma la actitud democrática que se espera de ella.
Este domingo 21 de junio, fecha de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, va a ser un momento crítico de este proceso. ¿Qué actitud asumirá el perdedor? ¿Honrará el legado de los padres fundadores de las repúblicas latinoamericanas, aceptando la derrota y felicitando al ganador? ¿O denunciará fraudes sin pruebas para deslegitimar al gobierno electo y abrir el camino al golpe de Estado y la dictadura?