No dejar a nadie atrás cuando ocurre el desastre
Hace unas semanas, Chile decidió no adherir a las declaraciones sobre derechos LGBTIQ+ impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA), marcando un quiebre en la postura histórica que ha tomado el país en esta materia. La decisión fue defendida por el actual gobierno, señalando que el texto generaba divisiones, pero abrió la puerta a una discusión más profunda: ¿Qué lugar ocupamos hoy las personas LGBTIQ+ dentro de las políticas públicas del país?
En pleno Mes del Orgullo, esta pregunta cobra relevancia, porque hablar de derechos no solo implica la no discriminación o la identidad de género, cuestiones que el movimiento LGBTIQ+ ha exigido desde hace décadas de manera transversal. Es también preguntarse cómo se garantizan en todo ámbito de la vida social, como por ejemplo, en un desastre socionatural. Qué ocurre cuando una persona pierde su hogar en un terremoto, debe acudir a un albergue por una inundación o ve interrumpido su tratamiento médico durante una emergencia.
Chile, en comparación con el resto de la región, ha avanzado significativamente en la incorporación del enfoque de género e inclusión en la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, las personas de la disidencia sexual y de género continúan apareciendo de manera limitada (o derechamente no aparecen) dentro de estos instrumentos. La evidencia muestra que durante una emergencia este grupo pueden enfrentar ciertas barreras como todo el mundo, pero algunas responden directamente a su identidad LGBTIQ+: interrupción del acceso a tratamientos hormonales o antirretrovirales, discriminación en servicios públicos o albergues, dificultades para el reconocimiento de su identidad de género y situaciones de violencia que se incrementan en contextos de crisis.
Pero estas vulnerabilidades no ocurren por la sexualidad o el género de las personas, sino por la falta de políticas públicas que reconozcan esa diversidad en situaciones de desastres. Cuando los planes de emergencia y de gestión de riesgo se hacen pensando en una ciudadanía homogénea, las desigualdades existentes se incrementan.
En un país expuesto continuamente a terremotos, inundaciones, incendios y otros eventos extremos agravados por el cambio climático, la inclusión no puede ser vista como un tema secundario. Incorporar la mirada LGBTIQ+ en la gestión del riesgo de desastres significa reducir una brecha de vulneración histórica y reconocer las experiencias de personas invisibilizadas durante décadas.
Este Mes del Orgullo es una oportunidad para recordar que la igualdad y la justicia no se miden solo en izadas de banderas y conmemoraciones. También se miden en quienes son considerados cuando se planifica la prevención, la respuesta y la recuperación frente a los desastres.
Porque el orgullo también consiste, como lo señala la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en no dejar a nadie atrás.