La pregunta equivocada sobre la baja natalidad
Chile enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas de su historia. Frente a este fenómeno, el debate público suele girar en torno a una misma pregunta: ¿Por qué las personas ya no quieren tener hijos? Quizás esa sea la pregunta equivocada. Quizás la baja natalidad no sea el problema en sí mismo. Quizás el problema sea que hemos construido una sociedad donde criar se vuelve cada vez más difícil.
Diversos estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de Cepal y de investigadores nacionales muestran que muchas personas tienen menos hijos de los que desearían tener. No porque hayan renunciado a la maternidad o la paternidad, sino porque encuentran cada vez menos condiciones materiales, económicas y sociales para desarrollar esos proyectos de vida.
La pregunta entonces cambia. No se trata únicamente de por qué las personas no tienen hijos. Se trata de qué tipo de sociedad hemos construido para quienes desean tenerlos.
La reciente discusión sobre Sala Cuna Universal permite observar con claridad esta tensión. Sin duda, avanzar hacia un sistema que elimine la discriminación laboral asociada a la maternidad constituye una necesidad largamente postergada. Sin embargo, la forma en que ha planteado el debate el actual gobierno revela algo más profundo: se vuelve a comprender el problema principalmente desde la responsabilidad individual y no desde la construcción de condiciones colectivas para el cuidado.
La pregunta central parece ser cómo facilitar la inserción laboral de las mujeres sin afectar los costos de las empresas. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos quién es el verdadero sujeto de esta política. ¿Las empresas? ¿El mercado laboral? ¿Las madres? ¿O los niños y niñas?
Cuando una sociedad discute sobre sala cuna, en realidad está discutiendo cómo organiza el cuidado de las personas en los primeros años de vida. Y allí aparece una pregunta que estaba presente en los escritos de Gabriela Mistral hace más de un siglo y que sigue plenamente vigente: "¿Cómo organizamos la vida social para que niños y niñas reciban mejores cuidados?" Y yo agregaría ¿cómo hacemos que esto no sea sólo a costa de sus madres?
Gabriela comprendió algo que aún parece escaparse de muchas discusiones contemporáneas. La infancia requiere mucho más que la voluntad individual de las familias. Requiere afecto, tiempo, comunidad, espacios para jugar, educación, protección y redes de apoyo. En otras palabras, requiere una sociedad dispuesta a cuidar.
Sin embargo, buena parte de las respuestas que hoy impulsa el gobierno parecen avanzar en una dirección distinta. Cuando se analiza el debate sobre natalidad, cuidados o crianza, el problema suele localizarse en las decisiones individuales: las personas no quieren tener hijos, los jóvenes son más individualistas, las mujeres postergan la maternidad o las familias ya no son como antes. Pero la evidencia apunta a una explicación diferente: las personas siguen valorando la maternidad, la paternidad y los proyectos familiares, pero encuentran cada vez menos condiciones para desarrollarlos.
La discusión, entonces, no es solamente sobre natalidad. Es también sobre qué entendemos por libertad, autonomía, comunidad y cuidado.
Durante décadas se ha instalado la idea de que cada persona debe arreglárselas sola. Que depender de otros es una debilidad. Que los sistemas públicos representan una carga más que una inversión compartida. Que la autonomía consiste en no necesitar a nadie.
Pero los seres humanos no somos autosuficientes. Somos interdependientes. Lo somos cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando envejecemos y también cuando criamos. La evidencia proveniente de las ciencias sociales, la salud pública e incluso la biología apunta precisamente en esa dirección: la vida humana sólo es posible gracias a complejas redes de cuidado y cooperación.
Por eso resulta preocupante que muchas de las respuestas impulsadas hoy parezcan reforzar la lógica de la responsabilización individual. No se trata únicamente de la discusión sobre sala cuna. La misma mirada aparece cuando se privilegia el cobro individual de deudas educativas por sobre una reflexión más amplia sobre el financiamiento de la educación superior; cuando se aborda la crianza principalmente desde la responsabilidad parental sin fortalecer de igual manera la corresponsabilidad social; o cuando se busca ampliar determinados derechos sin fortalecer simultáneamente los mecanismos colectivos de protección social.
La paradoja es evidente. Mientras nos preocupamos por la baja natalidad, hemos debilitado muchos de los soportes que hacen posible la crianza. El acceso a la vivienda se ha vuelto más difícil. Los tiempos de traslado aumentan. Las redes comunitarias se debilitan. Los espacios públicos son cada vez menos amigables para la infancia. Y las tareas de cuidado continúan recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. En ese contexto, la maternidad y la paternidad aparecen para muchas personas como proyectos crecientemente inciertos.
Afortunadamente, durante los últimos años Chile comenzó a recorrer un camino distinto. La aprobación de la Ley 21.430, que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; el fortalecimiento de políticas orientadas a la corresponsabilidad y la instalación progresiva de una perspectiva de cuidados en el debate público representaron avances significativos. Con todas sus limitaciones, estas iniciativas compartían una premisa fundamental: cuidar no es una responsabilidad privada de las familias ni exclusivamente de las mujeres. Es una responsabilidad social que requiere instituciones, comunidades y políticas públicas capaces de sostenerla.
Porque la sala cuna, la vivienda, la salud mental, los sistemas de cuidados, la educación inicial, el espacio público y el tiempo disponible para la crianza no son temas separados. Son expresiones de una misma discusión: cuánto estamos dispuestos a invertir colectivamente en sostener la vida.
Los países que han enfrentado de mejor manera la caída de la natalidad no son aquellos que responsabilizan a las personas por sus decisiones reproductivas. Son aquellos que han construido sistemas robustos de cuidados, educación inicial accesible, políticas de conciliación laboral, espacios públicos de calidad y redes de apoyo para las familias. En otras palabras, son sociedades que han entendido que cuidar no es una responsabilidad privada, sino una responsabilidad compartida.
Quizás por eso la verdadera pregunta no sea cómo aumentar la natalidad. Quizás la pregunta sea si estamos dispuestos a reorganizar la vida social para que cuidar vuelva a ser una tarea colectiva.
Hace más de un siglo, Gabriela Mistral comprendió que la niñez requería algo más que buenas intenciones familiares: requería una comunidad dispuesta a sostenerla. Tal vez la baja natalidad no sea únicamente un problema demográfico. Tal vez sea el síntoma de una sociedad que ha ido debilitando las condiciones colectivas para cuidar.
Porque una sociedad que dificulta el cuidado no sólo enfrenta menos nacimientos. También enfrenta mayores dificultades para imaginar un futuro compartido. Y esa, más que la natalidad, parece ser hoy nuestra verdadera crisis.