La emergencia climática en los territorios que no sale en los medios

En Chile, cuando ocurre una catástrofe, como la vivida este invierno con las inundaciones por lluvias, los recursos públicos y la atención mediática se concentran, con toda razón, en las zonas donde el daño es a gran escala. Pero esa lógica arrastra un costo silencioso: los territorios donde el temporal dejó un daño menor en comparación, aunque real y significativo para quienes lo viven, quedan fuera del radar de la ayuda coyuntural. Todo termina descansando en el trabajo de los municipios, que no debieran ver disminuidos sus recursos.

No se trata de restar urgencia a donde la emergencia es mayor. Se trata de que la atención esté puesta en todos los que la necesitan. Atacama y Coquimbo, donde la catástrofe fue declarada, requieren ayudas excepcionales. Pero también en comunas como Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, donde hubo pérdidas, se precisan muchas manos para apoyar a las familias que fueron afectadas. No queremos comparar situaciones que son incomparables; se trata de manifestar que la magnitud de un desastre en otro lugar no debería significar que aquí no pasó nada.

En pleno julio, la lluvia rebota con furia en los hoyos de las calles y en mis viajes entre los centros comunitarios de la Fundación Cerro Navia Joven alcancé a escuchar en la radio a varios expertos. Me llamó la atención uno que habló de la ley 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entre sus objetivos reconoce el fortalecer la preparación ante emergencias con "una participación más activa de la sociedad civil organizada". Como parte de la sociedad civil llevamos décadas ocupando ese espacio. Y tengo cierta seguridad de que sin nosotros la urgencia no resistiría.

En esa misma línea escuché al académico Ricardo Fuentealba (Cigiden, Universidad de O'Higgins) explicar que los desastres no son "cuestiones externas a la sociedad", sino el resultado de decisiones, institucionalidad y políticas públicas. Advirtió algo clave para entender lo que ocurrió estas semanas: a diferencia de los terremotos, donde el país acumuló resiliencia e historia, los fenómenos meteorológicos agravados por la crisis climática son un escenario nuevo, donde la prevención sigue siendo más reactiva que constante. La ley ya existe. Lo que falta es actuar de forma mancomunada entre el Estado central, los municipios y la sociedad civil. Y cabe preguntarse cómo se pretende que los municipios lo logren, cuando en el Congreso se resuelve que los recursos sigan repartiéndose de forma poco equitativa.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que al 24 de julio se registraban a nivel nacional 13 fallecidos, 2.281 damnificados y 1.412 albergados, además de 81 viviendas destruidas. Los números locales ayudan a dimensionar el problema. Durante junio y julio, cuando el frío y las lluvias ya golpeaban con fuerza, el albergue municipal de Lo Prado atendió a muchas personas en situación de vulnerabilidad: hombres y mujeres, a quienes se entregó cobijo, alimentación y ropa limpia. El recinto sirvió además como casa de paso para una familia desalojada de su vivienda. Es una respuesta valiosa y bien ejecutada, y también la respuesta que se puede dar desde esta vereda.

En Cerro Navia, el municipio se anticipó limpiando calles, podando árboles, revisando alcantarillas, a pesar de eso el agua también entró a las casas y estuvo días resolviendo distintas situaciones de familias. En Pudahuel, por su parte, las fuertes lluvias modificaron la vida de los vecinos y vecinas, y el sector de Noviciado fue muy afectado.

Frente a eso, al igual que muchas otras fundaciones y ONGs, en Cerro Navia Joven no esperamos. Nos pusimos las botas y salimos al terreno a ver cómo ayudar. Comenzamos el mismo día del temporal comunicándonos con las familias de las personas que participan de los programas e iniciamos una campaña que nos permitiera colaborar, porque el invierno sigue. Una iniciativa solidaria con elementos básicos, como ropa de cama y de baño, esenciales para cualquier persona.

Esa respuesta no fue solitaria. Se nos sumó la empresa Falabella a través de Movidos Por Chile, las parroquias del sector, y nuestra lavandería, que trabaja con personas con discapacidad, se puso a disposición de la emergencia y del trabajo que hacen los municipios de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. En pocos días, la articulación entre sociedad civil, empresas y municipios logró lo que ninguna de esas partes habría logrado sola.

Esa es, precisamente, la prueba que queremos poner sobre la mesa: cuando la sociedad civil se organiza, moviliza recursos y respuestas que el Estado tarda en construir, especialmente en comunas como las nuestras donde las necesidades son grandes. Llevamos 33 años haciendo este trabajo en Barrancas, y en cada emergencia, sea climática, social o sanitaria, la misma red de organizaciones, vecinos y aliados vuelve a activarse.

Pero esa presencia no puede sostenerse indefinidamente solo con buena voluntad. El trabajo de la sociedad civil en el territorio necesita que el Estado lo reconozca, lo financie y lo potencie. Necesitamos que los municipios tengan recursos que puedan destinar para estos fines. Son ellos quienes conocen sus territorios, quienes habilitan albergues, quienes movilizan sus equipos de emergencia y quienes, junto a las organizaciones locales, anticipan lo que viene antes de que el agua empiece a entrar.

Por eso me preocupa lo que se aprobó la primera semana de agosto en el Congreso. El mecanismo de compensación municipal despachado junto a la megarreforma destinaría, según las cifras que manejan los propios alcaldes, cerca de 30 mil millones de pesos a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, mientras que comunas como Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado recibirían, según las estimaciones una cifra seis veces menor. Cuesta discutirlo desde aquí. Los municipios que más necesitan responder ante emergencias son los que quedan con menos herramientas para hacerlo.

Un fondo municipal robusto, con una distribución que corrija y no profundice las brechas entre comunas, es la diferencia entre un territorio que responde y uno que espera. La sociedad civil no reemplaza al Estado, pero sin ella el Estado no llega a las necesidades más urgentes.