¿Qué libertad de expresión vamos a proteger?
La libertad de expresión es un derecho humano. Sí, de esos mismos derechos que hoy pueden ser públicamente cuestionados gracias a que existe libertad de expresión para hacerlo. Hoy esa libertad se ejerce en un contexto de profundas transformaciones en las comunicaciones. Las tecnologías digitales, desbandadas y sin regulación, han favorecido la proliferación de discursos polarizantes, desinformación y noticias falsas, alcanzando a miles de personas y sin dar tiempo a la verificación de los relatos.
Esto afecta de manera individual y colectiva la conversación pública y privada, profundizando divisiones e impactando las condiciones de información con las que la ciudadanía delibera y toma decisiones en democracia. Frente a este problema, en diversas partes del mundo se han propuesto alternativas para controlar la difusión de contenidos falsos, publicidad política o las plataformas. Se ha alertado que regular esta materia puede impactar negativamente el ejercicio de la libertad de expresión. Quizás por eso en Chile, existiendo numerosos proyectos de ley en el Congreso dirigidos a tratar esta materia, estos no han avanzado.
Ahora bien, en términos regulatorios, esta no es la única manera de poner en riesgo la libertad de expresión. Conforme a lo señalado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe anual del año 2025, existen métodos y patrones, sin distinción ideológica, para establecer mordazas a esta libertad, mediante la estigmatización de periodistas, el uso del derecho penal para desalentar la investigación, la cada vez mayor judicialización y la presión económica contra quienes levantan y difunden información.
Es en este contexto donde la discusión en el Senado, del denominado proyecto de ley "anti filtraciones" o "mordaza 2.0", enciende alertas. Pues, si bien la SIP señala en su informe que el Índice Chapultepec 2025 situó a Chile entre los países con mejores condiciones regionales para la libertad de prensa, también advirtió que en Chile "aunque no hay censura estatal directa, las amenazas más significativas provienen de la judicialización de las fuentes y la concentración económica, que afectan especialmente al periodismo de investigación".
Es decir, el denominado proyecto parece ir en una dirección en la que se agudizarían las señales de riesgo y amenazas para la libertad de expresión, ya reconocidas para nuestro país. El sentido de avanzar en una regulación que proteja a víctimas, testigos e imputados, así como evitar filtraciones que perjudiquen diligencias, se difumina cuando dicha regulación puede afectar la libertad de expresión y de prensa sobre materias con un evidente interés público.
El contenido del proyecto en los términos que se discute hoy, puede impactar directamente sobre el derecho de la ciudadanía de estar informados y poder exigir rendición de cuentas. Casos emblemáticos para la defensa del interés público y la denuncia de la corrupción, como el más reciente "Caso Audios", se iniciaron por el accionar libre del ejercicio periodístico.
La libertad de expresión y de prensa debe ser resguardada, como derecho individual, pero también como garantía ciudadana, porque ha de protegerse tanto el derecho a opinar como el derecho colectivo a recibir información, fiscalizar a las autoridades y exigir rendición de cuentas. Habrá que preguntarse entonces cómo valoramos socialmente la libertad de expresión y qué regulación queremos para fortalecer la democracia. Restringir el derecho de la ciudadanía a conocer cómo actúa el poder no enriquece sino que puede terminar por oscurecer nuestra democracia.